REFORMA
LABORAL, PRECARIZACIÓN Y OFENSIVA DEL CAPITAL
RAÚL NAVAS
Las reformar laborales que se vienen implantando de forma
ininterrumpida a lo largo de las últimas décadas han tenido como finalidad
recortar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras e imponer un
mercado laboral caracterizado por la precariedad y las altas tasas de paro. La
de 2012 supuso un paso de gigante en la precarización de las relaciones
laborales.
La reforma laboral aprobada en 2012 convirtió en fuente de ley
multitud de reivindicaciones históricas de la patronal. La normativa aprobada
en febrero de 2012 contenía una batería de medidas agresivas orientadas a
precarizar las condiciones laborales y sociales de la clase trabajadora. Sus
elementos centrales fueron los siguientes:
• universalizar y facilitar las causas de despido procedente,
• eliminar la autorización administrativa de los ERE
• implantar el contrato de emprendedores con despido gratuito y
sin causa durante un año,
• aumentar el poder de las ETTs con potestad para ser agencias
de colocación colaboradoras con el SEPE,
• facilitar el descuelgue de convenio por parte empresarial,
• aumentar las causas para despidos colectivos en la
Administración y el sector público,
• facilitar a la patronal la reducción salarial y la
modificación sustancial de las condiciones laborales,
• bonificaciones empresariales por contratos basura,
• legalizar el despido alegando baja por enfermedad común, etc.
Esta reforma laboral ha disparado el número de trabajadores afectados
por descuelgue de convenio. Por otra parte, con el fin de la ultractividad
contemplada en la misma, la patronal ha conseguido una de sus reivindicaciones
históricas (la duración indefinida de los convenios ha terminado).
Los descuelgues de convenio para recortar salarios y derechos se
cuentan por miles. Además la situación se complica al otorgar prioridad a los
convenios de empresa frente a los sectoriales u otros de ámbito superior,
produciéndose una situación de indefensión y recortes en derechos laborales en
pequeñas y medianas empresas. La propia OIT ha señalado que la reforma laboral
vulnera derechos sindicales y que incumple varios convenios ratificados por el
Estado español.
Bajo el capitalismo, todos los gobiernos tienden a facilitar un
proceso de acumulación de capital y de recuperación de la tasa de ganancia en
momentos de crisis. En este sentido, entre los objetivos de la reforma laboral,
se encuentra la intención de facilitar una rebaja salarial en el sector público
y privado para reducir el gasto público y que los capitalistas recuperen su
tasa de beneficios. Las estadísticas del INE muestran como, trimestre tras
trimestre, el coste laboral medio por trabajador ha disminuido
significativamente. Se mire por donde se mire, mientras los beneficios
empresariales aumentan las reducciones salariales son un hecho. Basta señalar
que el Instituto Klein de la Universidad Autónoma de Madrid señalaba que
durante el último trimestre de 2013 en la Unión Europea solo Grecia y Chipre
habían visto caer los salarios más que en España.
Minijobs y contratos a tiempo parcial
La precarización no es un fenómeno sociológico novedoso en las
sociedades contemporáneas. Ha sido y es el estado natural de la clase
trabajadora en todo el mundo, con distintos matices geográficos y temporales, y
rarísimas excepciones.
La patronal de los países occidentales está exigiendo la
extensión de los contratos precarios que se adapten a sus necesidades
productivas y organizativas y que sean eficaces para recuperar y aumentar sus
beneficios empresariales. En España, desde la reforma laboral de 1984, las
empresas se han acostumbrado a utilizar constantemente, de forma abusiva e
incluso fraudulenta, los contratos temporales con parámetros siempre superiores
a la media europea.
Actualmente la precarización es aún más dramática. El número de
trabajadores con contratos por horas y a tiempo parcial (sean temporales o
indefinidos) aumenta vertiginosamente. Este fenómeno no es exclusivamente
español. En Estados Unidos y Gran Bretaña está disminuyendo el número de
ocupados a tiempo completo.
En abril de 2013, Eurostat publicó un informe con datos sobre
gente empleada a tiempo parcial que querría trabajar más horas y no puede.
Mientras la media de la UE se situaba en el 21%, en España se llegaba al 55%, y
en Grecia al 66%, destacando que en Holanda solo llegaba al 3%.
Según datos de la EPA, en el primer trimestre del año 2014 la
población ocupada caía a niveles de 2002, la contratación indefinida había
caído respecto al año anterior, y el empleo a tiempo completo bajaba en 176.800
personas, en tanto que el número de personas ocupadas a tiempo parcial crecía
un 16.2%.
Datos del INE y el Ministerio de Empleo señalan que el
porcentaje de contratos a tiempo parcial sobre el total pasó del 22.8% en 2006
al 35% en 2013, mientras que la duración media de los contratos temporales paso
de 79.1 días en 2006 a 54.7 días en 2013. Estas estadísticas tienen una
expresión dramática en la vida real, y prueba de ello la encontramos en cómo se
está extendiendo el fenómeno de vivir en la pobreza aun teniendo trabajo debido
al aumento de gente que gana un salario igual o inferior al salario mínimo.
Eurostat ha señalado que solo Rumania y Grecia superan a España en tasas de
riesgo de pobreza entre personas con trabajo. Junto a ello, asistimos al
fenómeno de gente con contratos a tiempo parcial que trabaja horas extras no
retribuidas. Según el INE, las horas extras no retribuidas en este sector ha
crecido un 104% en los últimos dos años.
Por otra parte, hay que señalar que este tipo de empleo de bajos
salarios se ceba en las mujeres, y que estos contratos han tenido efectos
dramáticos a la hora de calcular una hipotética futura pensión. No olvidemos
que el Tribunal Europeo de Justicia obligó al gobierno español a cambiar la
normativa al dictaminar que en España se discrimina a las mujeres en las
pensiones al penalizar los empleos de tiempo parcial (cuyo cálculo de pensión
se hacía por horas, no por días), que fundamentalmente corresponden a mujeres.
Paro y precarización:
La patronal no para de repetir que para crear empleo únicamente
hace falta “flexibilizar el mercado laboral”; es decir, abaratar el despido,
bajar los salarios y empeorar las condiciones de trabajo.
Sin embargo, a pesar de que los nuevos contratos indefinidos se
sitúan siempre por debajo del 10%, mientras que los temporales rondan el 90%,
el empleo no aumenta.
La precarización y el paro se han extendido por todos los
sectores productivos y en todas las franjas de edad. Las familias con todos sus
miembros en paro desde la crisis han crecido vertiginosamente, encontrándose
muchas de ellas en una situación dramática y sin horizontes esperanzadores a la
vista. Además el gobierno ha recortado las prestaciones y subsidios de desempleo,
e incluso ha endurecido el acceso del subsidio para desempleados mayores de 55
años.
Según datos de la EPA (primer trimestre de 2014), de 5.925.359
personas en paro solo 1.927.703 cobraban prestación por desempleo. A su vez,
datos del Ministerio de Empleo publicados a principios de junio señalaba que el
42% de la gente en paro no recibía prestaciones por desempleo.
El capital quiere más
La patronal nunca se sacia en su empeño de destruir derechos
laborales. Esta pretensión es aún mayor en momentos como los actuales, cuando
su tasa de ganancia fue reducida por la crisis económica. En noviembre de 2012,
solo unos meses después de aprobar la reforma laboral, la OCDE ya estaba
pidiendo al gobierno incrementar de nuevo el IVA, abaratar aún más el despido,
reformar las pensiones, endurecer el acceso al subsidio de desempleo, reducir
deducciones de IRPF, facilitar el descuelgue de convenios, más liberalización
de horarios comerciales, eliminar jubilación parcial, limitar las posibilidades
del despido nulo, etc. En agosto de 2013 la CEOE pidió al gobierno cambios
legislativos para facilitar la imposición de contratos a tiempo parcial a
quienes estén a tiempo completo. Asimismo, propuso generalizar el contrato de
emprendedores y que todos los nuevos contratados incluyan un periodo de prueba
de un año sin indemnización en caso de despido. También exigen un salario
mínimo, vinculado únicamente a los jóvenes, inferior al SMI, y descausalizar
por completo los contratación temporal, al tiempo que abogan por potenciar el
salario variable en los convenios colectivos para “crear empleo”.
Por otro lado, la Comisión Europea ha pedido en varias ocasiones
rebajar una vez más la indemnización para el despido improcedente. El Banco de
España, por su parte, se ha mostrado favorable a modificar la ley para que las
empresas puedan pagar salarios inferiores al SMI. FEDEA pide la aprobación de
un contrato único donde la indemnización por despido procedente sea de 8 días,
y 12 en caso de improcedencia. De forma parecida se ha mostrado la Fundación de
Cajas de Ahorro (Funcas) pidiendo el despido libre con 10 días de indemnización
y recortar el tiempo máximo por el cual se perciben prestaciones por desempleo.
La FAES ha propuesto que las empresas puedan pagar un salario inferior al SMI,
y que el Estado pague la diferencia.
También resultan curiosos los análisis y propuestas del BBVA
expuestas en un estudio titulado “¿Puede la moderación salarial reducir los
desequilibrios económicos?”, donde defienden una reducción de sueldos del 7%,
asegurándonos que de esta forma, automáticamente se podría aumentar el empleo
en un 10.4% y conseguir un aumento del PIB del 8.3%. De esta forma, se incide
una vez más en que todos los males económicos son culpa de los salarios,
señalando la bajada de estos como la única manera de crear empleo y fomentar el
crecimiento económico. Resulta escandaloso que el BBVA defienda políticas de
bajos salarios cuando su presidente gana mas de cinco millones de euros
anuales.
En ocasiones las exigencias de políticas de ajuste por parte del
capital se complementan con insultos o burdas insinuaciones. En febrero de 2013
Rosell dijo en la SER que a muchos funcionarios había que mandarlos con un
subsidio a casa para que no gastaran en papel y teléfono. Recientemente también
ha dicho que un millón de amas de casa se apunta al paro “por si cobran algún
subsidio”. Hace dos veranos vimos como una diputada del PP aplaudía el recorte
de las prestaciones a las y los parados con el comentario de “que se jodan”.
Otra diputada del PP del parlamento valenciano aseguro que los parados se
gastaban los subsidios en comprar televisiones de plasma. Este discurso se
contradice con el de “nos duelen tomar este tipo de medidas”, ya que en la
práctica vemos que disfrutan.
Las más altas esferas del capitalismo español se encuentran muy
contentos con el gobierno actual. Rajoy ha preparado cumbres empresariales y
reuniones con la CEOE donde no se oculta que ambos están en sintonía. Incluso
ha recibido en el Palacio de la Moncloa al Consejo Empresarial para la
Competitividad. Esta agrupación capitalista se encuentra formada por 17 grandes
empresas y está presidido por el presidente de Telefónica, Cesar Alierta.
En este tipo de reuniones los elogios mutuos no se disimulan en
exceso y el pasado mes de mayo, Botín dijo en un almuerzo en la Moncloa que iba
a “felicitar a Rajoy por lo bien que lo está haciendo”. Estos elogios no son
casuales, y prueba de ello es que las grandes fortunas del Ibex 35 son un 67%
más ricas desde que gobierna Rajoy/1. Durante el año 2013, mientras se
destruían cientos de miles de puestos de trabajo y la economía decrecía, las
empresas del IBEX 35 aumentaron sus beneficios en un 58% y ganaron 18 500
millones de euros, mientras que los cinco mayores bancos (Santander, BBVA,
Caixabank, Sabadell y Popular) del país obtuvieron unos beneficios netos de 7
674 millones de euros, cuatro veces mas que las ganancias obtenidas en 2012.
Además, en los tres primeros meses de este año, las empresas del Ibex 35 han
ganado más de 7 200 millones de euros. Un informe del banco suizo Credit Suisse
indicaba que el número de millonarios creció en España un 13% en plena crisis
entre mediados de 2012 y primera mitad de 2013.
Es necesaria una estrategia de lucha
Muchos estamos hartos de escuchar a diario los tópicos
neoliberales por parte de ministros, periodistas del régimen y empresarios. Nos
repiten como si fueran dogmas universales, que para ayudar a los parados hay
que precarizar los derechos a la gente trabajadora en activo, que para mantener
la calidad de la sanidad hay que recortar su presupuesto, que para crear empleo
hay que facilitar el despido, que para aumentar la calidad de la enseñanza hay
que despedir a profesores, etc.
Bajo el paraguas de este discurso hemos sufrido un retroceso
permanente e histórico en las condiciones de vida y trabajo en una especie de
bienio negro sostenido en el tiempo. La ofensiva neoliberal contra nuestros
derechos va unida a una ofensiva ideológica contra el sindicalismo de clase y
combativo. Siempre debemos tener presente que nuestras perspectivas son aún
peores, salvo que hagamos algo para remediarlo. No podemos negar que revertir
esta situación es complicada, sobre todo si los trabajadores y trabajadoras nos
encontramos divididos y mal organizados. Pero es imperiosamente necesario que
nos unamos para enfrentarnos y enterrar todas las recetas de austeridad y
agresiones a nuestros derechos laborales. No olvidemos que la patronal española
y europea está organizada y a la ofensiva. Ante esta difícil situación las
resistencias deben multiplicarse, creando redes de solidaridad en toda Europa y
creando agrupaciones sindicales internacionales.
Las ejecutivas sindicales de UGT y CC.OO no han impulsado
ninguna agenda de movilización sostenida, cuando resulta imperiosamente
necesario debatir y extender una tabla reivindicativa en defensa de los
intereses de la clase trabajadora. Toxo y Mendez están hablando continuamente
de pacto mientras continuamos de retroceso en retroceso. No olvidemos que el
año pasado ambos secretarios generales se reunieron con Merkel sin consultar,
ni informar no solo a los trabajadores, sino ni siquiera a sus afiliados o
delegados. Esta nefasta estrategia sindical esta en las antípoda del verdadero
sindicalismo combativo y anticapitalista, tan necesario en estos momentos de
ofensiva del capital.
Es necesario que el movimiento obrero adquiera mayor fuerza y
protagonismo en la lucha contra las políticas de ajuste. Pero cambiar la
correlación de fuerzas no basta con decir que estamos hartos de pacto social.
Tampoco podemos estar continuamente hablando sobre las reivindicaciones de la
patronal, tenemos que hablar de las nuestras y luchar por ellas con unos
criterios ideológicos claros y anticapitalistas. Debemos identificar unos
objetivos en torno a los que unirnos y popularizar una tabla reivindicativa de
mínimos que incluya cuestiones como la jornada laboral de 35 horas sin
reducción salarial, jubilación a los 60 años, aumento drástico del salario
mínimo, eliminación de las ETTs, prohibición del despido libre, etc. De esta
manera empezaríamos a arrebatar la iniciativa reivindicativa a la patronal y
erosionar su poder. Y en esta tarea solamente un sindicalismo de clase
realmente combativo y anticapitalista, puede ser eficaz a la hora de ganar conflictos
con la patronal y evitar que la patronal continúe teniendo éxito en sus planes
de recorte.
Nota
1/
http://www.publico.es/dinero/518915/los-duenos-del-ibex-son-un-67-mas-ricos-desde-que-gobierna-rajoy)
Raúl Navas es delegado sindical de CGT y miembro del
Comité de Empresa de Correos en Madrid.
Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article9295
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