LAS MENTIRAS DE MONTORO SOBRE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

LAS MENTIRAS DE MONTORO SOBRE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

EDUARDO GARZÓN

Hoy, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha vendido en el Congreso de los Diputados como un éxito sus medidas para luchar contra el fraude fiscal. Los grandes medios de comunicación, como buenos vasallos que difunden la voz de su amo, le están ayudando en su objetivo.

Sí, la nueva medida de Montoro ha obligado a muchas personas a declarar el patrimonio que poseen en el extranjero. En total han aflorado unos 100.000 millones de euros.

Lo que no nos dicen es que ello apenas servirá para recaudar dinero, porque la mayoría de todos estos bienes ya tributan en el extranjero o se acogen a acuerdos de doble imposición de forma que no pagarán impuestos aquí porque ya lo hacen en otros países. Al fin y al cabo quienes tienen grandes fortunas que ocultar del fisco no van a ir voluntariamente a declararlas. Prefieren correr el riesgo de ser descubiertos por Hacienda y pagar la multa. Pero es que el riesgo es ínfimo, precisamente por la poca voluntad de la Agencia Tributaria de combatir el fraude fiscal.

Recordemos:

1) El gobierno se niega a reducir el umbral que considera delito al fraude fiscal. Hoy día está en 120.000 euros cuando los técnicos de Hacienda recomieran reducirlo a 50.000.

2) El gobierno se niega a elaborar o encargar un informe sobre fraude fiscal en nuestro país. Si realmente quisieran combatirlo lo primero que tendría que hacer sería estudiar su volumen y características. Pero prefieren mirar a otro lado.

3) En España hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres veces inferior a la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a Francia y Alemania. Si el gobierno quisiera de verdad combatir el fraude fiscal tendría que aumentar el número de inspectores.

4) No solamente se destinan pocos recursos a combatir el fraude fiscal, sino que cada vez se destinan menos. El presupuesto asignado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se redujo en 2013 un 7,7% respecto al ejercicio anterior.

5) El 20% de esa reducida plantilla de Hacienda se dedica a la investigación de fraudes en lo que respecta a las grandes empresas, en las cuales se producen el 70% de las irregularidades. El resto de la plantilla, la inmensa mayoría (el 80%), investiga a autónomos, pequeñas empresas y trabajadores, que no suponen ni el 30% del fraude total. Una asignación que no parece muy coherente si lo que se busca es combatir el fraude y además combatirlo de la forma menos dañina posible.

6) Por si no bastara con la inacción de la Agencia Tributaria para investigar el fraude de los peces gordos, nos encontramos con que cuando éstos acaban siendo descubiertos, los inspectores les proponen facilidades para salir del paso de la forma menos perjudicial posible. Estas facilidades van desde aplazamientos en el pago que no tuvo lugar hasta la simple condonación total de la sanción que deberían abonar (a menudo multimillonarias). Es decir, cuando el gran defraudador es pescado, se le concede tiempo para que pague lo que no pagó en su día y se le perdona la multa que debería pagar por haberse saltado la ley. Delinquir les sale gratis. Algo que jamás ocurre, por ejemplo, cuando un ciudadano medio es descubierto ocultando información en la declaración de su renta.

7) Y para terminar, el colmo de todos los colmos: la amnistía fiscal. Procedimiento inconstitucional por el cual se invita a los delincuentes fiscales a depositar en las arcas públicas una pequeña parte de lo defraudado a cambio de que el resto sea perdonado y olvidado para siempre. Sobra decir que los beneficiados de esta medida son las grandes empresas y fortunas que utilizan en sus actividades paraísos fiscales así como otras rentas y patrimonios de volumen sobresaliente. Mientras los que han cumplido la ley a rajatabla y pagado sus impuestos religiosamente no reciben ningún trato especial, los que se la saltan son perdonados a cambio de una limosna.

8) Todo esto lo intuye la ciudadanía. El 66,9% de los españoles considera que el gobierno hace “poco o muy poco” por luchar contra el fraude, según la encuesta del CIS de julio de 2013.