UN ECUADOR
DESAFIANTE BUSCA SOLUCIONES EN EL CASO DE ASSANGE
POR: EVA GOLINGER
Hace dos años, una de las figuras más polémicas de la era del
ciberespacio llegó a la puerta de la Embajada del Ecuador en Londres. A punto
de perder una apelación en los tribunales británicos que podría abrir la
posibilidad real de su extradición a Suecia y, después, a los Estados Unidos,
donde un gran jurado secreto se había reunido para imputarlo, Julian Assange se
refugió en el modesto espacio de la Embajada de Ecuador. Durante los dos meses
siguientes, el Gobierno ecuatoriano estudiosamente revisó su caso, llamando a
expertos para discutir y debatir los deberes y riesgos que Ecuador enfrentaría
con la concesión de asilo a Assange.
El 16 de agosto de 2012, el ministro de Relaciones Exteriores de
Ecuador, Ricardo Patiño, anunció que su país otorgaría a Assange asilo
diplomático, un concepto consagrado en la Convención sobre Asilo Diplomático de
1954, también conocida como la Convención de Caracas. El Gobierno británico se
negó a reconocer este estatus y en un principio amenazó con violar la soberanía
de Ecuador, casi entrando en la Embajada para arrestar a Assange. Después de
fuertes protestas por parte del Gobierno ecuatoriano y desde América Latina,
Inglaterra se abstuvo de provocar un escándalo internacional al forzar la
entrada en la Embajada, y en su lugar optó por mantener una presencia policial
prominente que rodeaba el edificio, impidiendo la salida de Assange.
Dos años más tarde, el caso Assange se encuentra en un punto
estancado. A pesar de los esfuerzos de su equipo legal para poner fin a la
persecución sin fundamento contra él desde Suecia, donde no hay cargos formales
materializados, una solicitud de extradición sigue vigente para llevarlo a
Estocolmo e “interrogarlo”. El Gobierno británico ha dejado claro que
extraditaría a Assange a Suecia si lo pueden detener. Aunque ninguna solicitud
de extradición pública se ha emitido desde los Estados Unidos a Suecia para
Assange, existen pruebas suficientes para demostrar que un gran jurado ya pudo
haber imputado a Assange en un tribunal de Estados Unidos por cargos,
incluyendo espionaje y ayuda al enemigo, que podrían resultar en su
encarcelamiento a largo plazo. Este temor bien fundado de persecución política
ha reforzado la decisión de Ecuador de mantener su asilo político.
En 2013, cuando el canciller Patiño visitó a Assange en la
Embajada en el primer aniversario de su llegada, Ecuador inició un esfuerzo
para crear un grupo de trabajo bilateral con el Gobierno británico para encontrar
una solución a la situación. Hasta la fecha, el grupo no ha tenido ningún
avance concreto e Inglaterra se ha negado a discutir el asunto. Recientemente,
durante la segunda visita del canciller Patiño para ver a Assange el 16 de
agosto de 2014, la Oficina Británica de Relaciones Exteriores emitió un
comunicado diciendo que estaban “comprometidos a encontrar una solución”, sin
embargo, solo de acuerdo a su visión de los resultados: “Seguimos tan
comprometidos como nunca para llegar a una solución diplomática a esta
situación. Tenemos claro que nuestras leyes deben respetarse y el señor Assange
debería ser extraditado a Suecia. Como siempre, pedimos a Ecuador que ayude a
poner fin a esta difícil y costosa situación”. Entre otras palabras, el
Gobierno británico no ve otra solución aparte de la extradición de Assange. Su
posición firme y rígida no deja ninguna oportunidad para la diplomacia o una
resolución creativa, que es lo que se necesita en este caso.
El Gobierno ecuatoriano ha reiterado su apoyo a Assange y ha
dejado claro que su país está obligado bajo el derecho internacional a mantener
su asilo. Como el canciller Patiño ha afirmado, no existe una política de
devolución para los asilados que todavía están sometidos a las mismas
condiciones que cuando se concedió el asilo. La persecución se mantiene, y aún
no hay cargos contra Assange. Ecuador, un pequeño país de 15 millones de
habitantes con el banano y hermosas rosas como sus principales productos de
exportación, se ha mantenido desafiante frente a la presión de Inglaterra,
Suecia y su mayor aliado, Estados Unidos.
Dos años encerrados en la Embajada de Ecuador, un piso estrecho
con pocas habitaciones, han pasado factura a Julian Assange. Mientras él
continúa trabajando desde su pequeño espacio dentro de la Embajada, y su
organización WikiLeaks no ha cesado de publicar documentos importantes que
exponen los abusos y actos ilegales de intereses poderosos, la falta de luz
solar, aire fresco y ejercicio regular han disminuido de forma evidente su
calidad de vida y han afectado su salud. A pesar de su encierro y la separación
de los amigos cercanos y la familia, su espíritu sigue en alto, como fue
evidente durante la visita con el ministro Patiño, y él es optimista sobre los
cambios de una ley en el Reino Unido que podrían conducir a su libertad.
Conocido dentro de los círculos políticos como ‘Ley Assange’, la
enmienda se hizo a principios de 2014 a la Ley de Extradición de 2003 en el
Parlamento británico. Como resultado del descontento y malestar por el limbo
legal en el cual ha estado Julian en los últimos cuatro años -incluso dos años
antes de recibir asilo diplomático en la Embajada de Ecuador, Assange había
estado en arresto domiciliario en Inglaterra, pendiente de una posible
extradición a Suecia-, varios parlamentarios británicos comenzaron a debatir un
cambio sustantivo en la ley que impediría que una futura situación así le
ocurriera a alguien más.
La modificación se incluye en la Ley de Comportamiento
Antisocial, Crimen y Vigilancia de 2014 (no es el nombre más amistoso), en el
Capítulo 12, Parte 12. Se establece específicamente que “la extradición está
prohibida si una decisión para acusar o imputar no se ha hecho desde el
territorio solicitante”, como en el caso de Assange. Si el país que solicita la
extradición aún no ha acusado o decidido enjuiciar formalmente al individuo
solicitado, entonces el Reino Unido no lo podría extraditar. Así es exactamente
el caso de Julian Assange. La Fiscalía sueca no ha decidido juzgarlo todavía ni
siquiera lo ha imputado ni hay cargos en su contra. La solicitud de extradición
actual está solamente basada en el deseo de “preguntar” a Assange sobre ciertas
alegaciones del las cuales puede o no puede estar involucrado.
En los debates parlamentarios en la Cámara de los Comunes que
condujeron a la aprobación de la enmienda sobre extradición, se hicieron
referencias específicas al caso de Assange. Según los parlamentarios, con la
nueva cláusula, que modifica la Ley de Extradición de 2003, “se busca
garantizar que las personas no sean extraditadas, cuando no es cierto que serán
imputadas, de manera que no se queden en una prisión durante meses”. También se
hizo referencia al caso de un ciudadano británico, Andrew Symeou, quien fue
extraditado a Grecia para ser interrogado y permaneció en condiciones inhumanas
de reclusión por más de 10 meses sin cargos en su contra. En el caso de Julian
Assange, el debate llegó a la conclusión: “Donde no se toma una decisión de
imputar y enjuiciar, la extradición no puede tener lugar. La gente no se
quedará en el limbo… “.
El equipo legal de Julian tendrá que formular un argumento ante
la corte británica para que se aplique esta ley en su caso, ya que en la
actualidad no parece ser retroactiva. Pero no se puede negar que este cambio en
la ley hubiese impedido la extradición de Assange a Suecia si hubiera existido
previamente. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador hizo referencia a
la ley modificada como una posible apertura al diálogo con el Gobierno del
Reino Unido. Ecuador también ha ofrecido a las autoridades suecas sus
instalaciones diplomáticas para que realicen las investigaciones relevantes con
Assange dentro de la Embajada, o por videoconferencia. Hasta la fecha, no han
tenido respuesta. Parece que los únicos interesados en buscar una solución a
esta situación son el Gobierno de Ecuador y Julian Assange. Los británicos y
los suecos han hecho todo lo posible para obstaculizar el caso.
El canciller Patiño ha declarado anteriormente que Ecuador
podría llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya o las
Naciones Unidas. Los atentados contra la soberanía de Ecuador, el hecho de no
reconocer el asilo concedido a Julian Assange y la negativa a proporcionar el
salvoconducto hacia territorio ecuatoriano son violaciones del derecho
internacional. También han sido afectados los derechos humanos de Julian. La
incapacidad para disfrutar plenamente de su derecho al asilo y las condiciones
de confinamiento a las cuales ha sido sometido durante dos años, bajo amenaza
de arresto por las autoridades británicas justo afuera de las puertas y
ventanas de la Embajada, ha sido un castigo cruel e inhumano. Si él experimenta
una emergencia médica y necesita atención hospitalaria, el Gobierno británico
ya ha dejado claro que sería arrestado.
Julian Assange y Ecuador han desafiado a los intereses más
poderosos del mundo, a pesar de los peligros, amenazas y consecuencias de sus
acciones. El canciller Ricardo Patiño y el presidente Rafael Correa han dejado
claro que Ecuador se mantendrá firme en su decisión de conceder asilo a Assange
en virtud del derecho internacional, y no van a ceder a la presión y la
intimidación de nadie. El caso Assange va más allá del simple asilo político.
Es un asunto de principios en un momento en que la información y el secretismo
se han vuelto cada vez más las herramientas de los más poderosos. Se debe hacer
justicia para aquellos que han sacrificado sus libertades para alertarnos sobre
estos peligros.
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