QUIZÁ NO SALDREMOS MEJOR
(PERO PODRÍAMOS)
Los
medios carecen de un organismo regulador porque a los partidos les ha sido
siempre mucho más provechoso negociar con los editores que con la marabunta de
los periodistas
XOSÉ
MANUEL PEREIRO
Kirk
Douglas y Robert Arthur en El gran
carnaval
(1951). / Billy Wilder
Si no han visto o no recuerdan El gran carnaval (Ace in the Hole, Billy Wilder, 1951), búsquenla en cualquier plataforma o escondrijo audiovisual que puedan, y disfrútenla. O se la cuento, con un pequeño spoiler : un periodista capitalino en horas bajas, Kirk Douglas, llega a un pueblo y se encuentra a la vez con un pequeño periódico al que no le viene mal tener un reportero experimentado y con un accidente. El accidente no es especialmente dramático, pero a Douglas le conviene, como decimos en privado, estirar el chicle y lo convierte finalmente en una tragedia mortal y televisada. Cuando el film se estrenó, las principales críticas negativas señalaban el papel poco creíble del periodista. “Una de las películas más desafiantes del año. Destaca la extraordinaria labor al retratar la monstruosa vulgaridad del comportamiento de las masas. Sin embargo, lo que ocurre es que en la vida real ningún periodista podría salir indemne de un crimen de esa magnitud, como sucede en la película. Los mecanismos de control no permitirían una cosa así”, rezaba la del New York Times.
El director,
productor y guionista de la película, Billy Wilder, sabía de lo que hablaba. En
su juventud, en Viena, había trabajado como periodista. En sus memorias,
recordaba que en un solo día le había preguntado qué opinaban sobre un
emergente político llamado Mussolini al compositor Richard Strauss, al
psiquiatra Alfred Adler y al dramaturgo Arthur Schnitzler (también lo intentó
con Sigmund Freud: “Me echó. Fue el momento culmen de mi carrera. ‘Gracias’, le
dije”). Pueden corroborar la idea vitriólica que tenía Wilder de su antigua
profesión –y disfrutar como enanos– viendo Primera plana (The Front Page,
1974). Les aseguro que es la película favorita de muchos plumillas.
A los partidos
políticos les ha sido siempre mucho más cómodo y provechoso negociar con los
editores que con la marabunta de los periodistas
Quizá porque los
periodistas, aunque solemos presentarnos en público como seres de luz que
salvaguardamos los pilares de la democracia, sabemos lo que hay. Al igual que
los médicos, que tienen la sagrada misión de preservar la vida, o los jueces la
de decidir qué está bien y qué está mal en el único mundo del que tenemos
constancia, lo cierto es que unos y otros somos como los fontaneros o los
calafateadores de buques: los hay buenos y los hay malos, tanto en resultados
como en intenciones. O como decimos aquí, tenemos días. En lo que respecta a
los jueces, si no gozan del don de la infalibilidad del que está dotado de
serie el Santo Padre es porque hay compañeros suyos que también tienen derecho
a meter la cuchara en los asuntos, pero sí disfrutan en la práctica de una
considerabilísima impunidad. Sus decisiones pueden ser matizadas o derogadas
pero, pese a tener un organismo encargado de su control (por muy caducado que
esté ahora y muy permeado de partidismo que haya estado siempre), los casos en
que se les haya responsabilizado de cómo o por qué las han tomado se cuentan
con los dedos de una mano.
Los medios de
comunicación carecen de ese organismo regulador. Pese a los intentos de
distintas organizaciones profesionales (no precisamente la FAPE), que incluso
en su momento elaboraron un borrador de Ley de Garantías de la Información y un
Estatuto del Periodismo, los editores siempre han calificado esas propuestas
como pretensiones de instaurar tribunales populares, soviets en las redacciones
o koljoses en las salas de prensa. Y a los partidos políticos les ha sido
siempre mucho más cómodo y provechoso negociar con los editores –y no hablemos
de beneficioso para estos– que con la marabunta de los periodistas. De ahí que
unos y otros compitan en ditirambos a la profesión en cuanto se reúnen en un
acto oficial.
Los consejos de
medios de comunicación deberían tener poderes de aplicación real, como la
imposición de multas
No obstante, el
informe del nada bolivariano Grupo de Alto Nivel (HLG) sobre Pluralismo y
Libertad de Medios de comunicación de la Comisión Europea recomendaba, hace más
de una década, que todos los países de la UE deberían tener consejos de medios
de comunicación independientes, con una función de control y equilibrio.
“Organismos con competencias para investigar quejas, como un defensor del
lector, pero también para comprobar que los grupos mediáticos publiquen un
código de conducta y detalles sobre la propiedad, declaraciones de conflictos
de interés, etc. Los consejos de medios de comunicación deberían tener poderes
de aplicación real, como la imposición de multas, la obligación de publicar o
transmitir disculpas, o la eliminación del estatus del periodista”. Otro apunte
interesante del informe era la recomendación de que cualquier financiación
pública debería solamente estar disponible para aquellos medios que publicasen un
código de conducta.
Las conclusiones de
este Grupo de Alto Nivel y de otro posterior sobre fake news fueron refrendadas
en sus líneas generales por el Parlamento Europeo en mayo de 2018. Por ejemplo,
el acuerdo destacaba “los efectos negativos que puede tener la difusión de
noticias falsas en la calidad del debate político y […] la importancia de
garantizar unos mecanismos eficaces de autorregulación basados en los
principios de exactitud y transparencia, y de prever unas obligaciones e
instrumentos adecuados en materia de verificación de fuentes y de comprobación
de los hechos por parte de terceras organizaciones”. El texto aprobado en la
Eurocámara establecía que “toda financiación pública de organizaciones de
medios de comunicación debe concederse sobre la base de criterios no
discriminatorios, objetivos y transparentes, que han de darse a conocer de
antemano a todos los medios”, y también que debería prohibirse en la
contratación pública “la participación de empresas cuyo propietario en último
término también sea propietario de una empresa de medios de comunicación […] y
que se controle con regularidad toda la financiación pública puesta a
disposición de los propietarios de medios de comunicación; que no deben haber
sido condenados o declarados culpables de ninguna infracción penal”.
Bolchevismo made in Eurocámara.
Si existe propósito
de enmienda, por tibio que sea, ahí están algunos pasos para salir del lodazal.
Como penitencia, estaría bien que viesen una de esas de Wilder.
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