LOS JUECES SALVAPATRIAS
DOMINGO
GARÍ.
Por lo general, la
carrera judicial es un coto restringido para el poder de clase. No son muchos
los miembros que llegan a las altas magistraturas que previamente no hayan
mostrado repetidamente fidelidad al orden, siempre conservador, cuando no
reaccionario, establecido.
El episodio que estamos viviendo con el acoso al presidente se ha estado dando anteriormente contra otros partidos y políticos electos en distintas partes del país. Podemos, Esquerra, Junts, Compromis, y antes que ellos, la izquierda vasca, han vivido este tipo de episodios. El asunto es que ahora afecta a la presidencia del gobierno y, en consecuencia, la gravedad del asunto cobra otra dimensión más peligrosa.
Claramente se está
queriendo dar un golpe de estado por las nuevas vías que se están empleando en
los últimos años, usando combinadamente la fuerza de los partidos derechistas,
con sus medios de comunicación, que son casi todos, y con los jueces, que
también son casi todos, o al menos son los que detentan mucho poder para
cometer ilegalidades fragrantes como esta que vemos estos días.
Esta maquinaria en
los años recientes se ha puesto en práctica en Brasil, Bolivia, Argentina,
Paraguay, Uruguay, Portugal y, ahora, España. Y siempre han conseguido tumbar a
los gobiernos democráticos e imponer gobiernos golpistas.
Mucho años antes de
esto, en los años treinta, el mismo mecanismo, ajustado a aquellos tiempos, se
puso en práctica para derrocar el gobierno de Roosevelt en los EE.UU., cuando
el presidente había impulsado las políticas del New Deal que, en esencia y por
resumir, trataban de legislar y regular el salvaje mercado laboral
ultraliberal, y quería implementar una ley de seguridad social que protegiese a
los ciudadanos más vulnerables ante las enfermedades y la pobreza. La derecha
norteamericana usó entonces su mayoría en el tribunal supremo para doblarle la
mano al presidente y suspender esas dos leyes fundamentales de la democracia
americana de entonces.
La respuesta de
Roosevelt no fue dejar morir el New Deal, sino contraatacar presentando un
proyecto de ley que modificaba drásticamente la composición del tribunal
supremo, pasando de nueve a quince miembros, y dejando así a la derecha en
minoría en ese organismo decisivo. La reforma no tuvo que llevarse a efecto
porque los jueces que querían vetar las leyes laborales y de seguridad social,
cuando vieron peligrar su posición de poder, cambiaron el voto y pasaron de
deslegitimar las leyes tachándolas de inconstitucionales a considerarlas
constitucionales y, en consecuencia, se tuvieron que aplicar.
Creo que de esta
actitud del presidente Roosevelt se podrían sacar algunas lecciones, aunque
sólo señalo dos. La primera es que un presidente de gobierno perfectamente
legitimado por las urnas debe afrontar con decisión y valentía los ataques
barriobajeros de la reacción. La segunda es que no hay nada mejor para parar a
un matón que hacerle frente.
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