martes, 17 de enero de 2023

AGUA Y SED, SERIO PROBLEMA

 

AGUA Y SED, SERIO PROBLEMA

ANA PARDO DE VERA

Esta semana que empieza, además de la cumbre hispano-francesa en Barcelona el 19 de enero, hay una reunión importante, que como siempre nos ocurre con este asunto decisivo para nuestras vidas, pasará más desapercibida: este 19 de enero también se reúne el Consejo de Estado para informar sobre el decreto que revisa la planificación hidrológica de doce demarcaciones entre los años 2022 y 2027, incluida la madre de todos los trasvases para los gobiernos que en España han sido y que siempre provoca tiranteces de éstos con comunidades autónomas y de éstas entre sí: el trasvase Tajo-Segura. Citando al añorado Pau Donés: agua y sed, aunque sobre todo, hoy sea esta última la que se va comiendo los territorios.

 

Apenas se presta atención en los medios de comunicación que no son los de Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Región de Murcia o Andalucía al punto al que hemos llegado con el traslado del agua de los ríos de unos territorios a otros, en este caso, de la cuenca del Tajo a la del Segura a través de una obra hecha en 1979 con una longitud de cerca de 300 kilómetros. Gracias al agua del río Tajo, la agricultura de las tres comunidades receptoras se ha convertido en un sector muy desarrollado.

 

Ahora, no obstante, el Gobierno pretende decretar que el caudal del Tajo pase a ser ecológico y se reduzca la explotación del río para consumo y uso humano ... nada más y nada menos que como todos los demás ríos. La legislación europea y cinco sentencias del Tribunal Supremo sobre el mantenimiento del río -más ahora, con la crisis climática en pleno apogeo- avalan la decisión de la Vicepresidencia de Transición Ecológica, dirigida por Teresa Ribera, pero los gobiernos valenciano (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem), murciano (PP) y andaluz (PP) se han echado a la calle para pedir que se mantenga el caudal del Tajo para regar sus campos.

 

La cuestión de una guerra interna entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, pese a ocupar el grueso de los titulares, es, no obstante, lo de menos en esta historia: ambos jefes de Ejecutivo son conscientes de que cada uno hace su papel y defiende sus intereses, por lo que los oídos del uno están cerrados para los del otro, y viceversa, al menos, hasta que pasen las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Pueden decirse lo que quieran sin que nadie se considere damnificado; es el poder, amigo.

 

Teresa Ribera lanza una advertencia: "Vienen años de extrema sequía y periodos de inundaciones enormemente duros"

 

El problema es el agua. Y la sed. La crisis climática está aquí y establecer el caudal ecológico (por fin) para la cuenca del Tajo es obligatorio, no solo por las leyes, sino por la emergencia en que vivimos. Las tiranteces políticas y de sectores económicos tan potentes como el agrícola que se están viviendo con la decisión de Ribera -una de las ministras que más puede felicitarse por la gestión de su cartera esta legislatura, particularmente, por su batalla con el tema energético en la Unión Europea- solo son el preludio de lo que viene. El agua es un bien de lujo, lo será más en adelante, y los cambios para preservar las cuencas demandan alternativas; vale la desalinización, mucho más cara que el trasvase, pero hacen falta más propuestas, más inversión tecnológica para exprimir la eficacia. Y como siempre, llegamos tarde.

 

 

La ministra ha anunciado inversiones por valor de 1.600 millones de euros para garantizar el agua en la cuenca del Segura, pero el plan aun está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, previsiblemente, para el martes 24 de enero. El problema seguirá ahí: falta agua, sobra sed y cambiar hábitos y culturas de consumo lleva mucho tiempo y genera frustración, pero no hay alternativa al descenso drático del consumo. No la hay porque el agua no puede fabricarse por mucho dinero que tengas.

 

Con las políticas contra la crisis climática, incluidos los caudales ecológicos, siempre habrá una parte que salga perdiendo más (15.000 empleos directos y 5.700 millones de euros, según las asociaciones de regantes y agricultores de los territorios de la cuenca del Segura), y digo "más", porque perder ya estamos perdiendo todas, pero la alternativa es la sed, los caudales asfixiados y la nada. Además, los gobiernos implicados son conscientes de que estas decisiones también impactan en las elecciones, pero de eso va la política; y no, no parece que vaya a haber más votos socialistas en toda Castilla-La Mancha que en Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía juntas. O tal vez sí, pero da igual; la naturaleza ha dicho basta, tiene mucha sed y muy poca agua.

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