EL MIEDO DEL GOBIERNO A LOS RICOS
CTXT
Hay algo que la
mayoría de la gente tuvo claro cuando se supo que la pandemia, además de riesgo
para la vida, iba a traer una durísima crisis económica. Esta vez no podía
ocurrir lo que en la anterior: que los más ricos saliesen indemnes o
favorecidos a costa del empobrecimiento de grandes capas de la población. Ahora
les tocaría arrimar el hombro a los que acaparan grandes fortunas. No era, ni
mucho menos, un afán de revancha. Era simplemente actuar con normalidad frente
a la desvergüenza de que los más ricos tengan bula para eludir el pago de
impuestos. No es sólo una frase: empresas y millonarios españoles tienen
190.000 millones de euros en paraísos fiscales. 27 grandes multinacionales
españolas tributaron en todo el mundo tan sólo el 0,3 por ciento de sus
beneficios. Y sin salir de España, el 20 por ciento más rico de los ciudadanos
paga por todos los impuestos el mismo porcentaje que el 20 por ciento más
pobre.
Esto, en la vida
real, significa que el 20% más pobre de la población paga muchísimo más, porque
el impacto de los impuestos depende del tamaño del bolsillo de cada uno. Para
el 20% más rico, la carga impositiva actual significa apenas un pequeño
descuento sobre unas rentas altísimas que dedica a ahorrar, aumentar su
patrimonio o invertir para ganar aún más. En cambio, ese mismo porcentaje,
aplicado sobre los ingresos de quien los usa para pagar un alquiler, servicios
básicos y compras en el supermercado, con una capacidad de ahorro nula o
prácticamente nula, significa reducir su calidad de vida y la de su familia.
Tristemente, todo
indica que de nuevo los ricos van a seguir saliéndose con la suya. Unidas
Podemos ha renunciado a incluir la implantación de un impuesto a las grandes
fortunas en sus propuestas conjuntas con el PSOE en la Comisión parlamentaria
para la Reconstrucción. Se desdice así de la que presentó nada más constituirse
el citado grupo de trabajo. La explicación del paso atrás es el deseo de llevar
una propuesta conjunta con el Partido Socialista y mantener de ese modo la
unidad de acción de los partidos que forman el Gobierno. En resumidas cuentas,
el PSOE se negó a que el impuesto a los muy ricos prosperase en la resolución
final.
Si había una
ocasión propicia para establecer un impuesto a las grandes fortunas, era esta
Se pretende, con
esa renuncia, lograr el consenso con el PP y Ciudadanos en la Comisión de
Reconstrucción. Un propósito que no está en absoluto garantizado, pero que, de
conseguirse, sería a costa de abandonar la iniciativa más ambiciosa de todas
las planteadas, la más simbólica, la que marcaba nítidamente la diferencia con
la anterior crisis: que los ricos, esta vez sí, contribuyeran a sacar al país
de hundimiento provocado por la pandemia, gracias a un Gobierno auténticamente
de izquierdas, con la presencia de Unidas Podemos como garante de que no se
cedería ante los poderosos.
Se podría aducir
que este no es el momento más adecuado para establecer un impuesto a las
grandes fortunas, que ya se abordará más adelante. Es todo lo contrario. Si
había una ocasión propicia, era esta. Los ciudadanos son conscientes ahora,
cuando ha llegado el peligro, de que las arcas públicas deben contar con
recursos suficientes. Desde hace mucho no se había producido un consenso social
mayor en favor de lo público. Atender este deseo se consigue con impuestos, y
los ciudadanos de a pie y las Pymes ya pagan el límite de lo posible. Los ricos
no.
Hay que recordar
que, por efecto de la crisis, España va a tener un déficit público 82.000
millones superior al del año pasado. Y que, como consecuencia de ello, la deuda
pública aumentará hasta el 115 por ciento del PIB, la mayor tasa desde 1902.
Esto habrá que pagarlo. El dinero de la Unión Europea y del Banco Central
Europeo ayudarán, pero no será suficiente. Un impuesto a las grandes fortunas,
con el que se pretendía recaudar 11.000 millones de euros, contribuiría
notablemente. Y solo afectaría a 114.000 personas, el 0,5 por ciento de los
contribuyentes del IRPF. Los que declaran tener un patrimonio superior a un
millón de euros, descontando la vivienda.
Hay que buscar la
responsabilidad primera en el PSOE, que es quien impone su criterio en una
coalición donde su poder es notablemente mayor que el de su socio UP. Y sobre
todo en el sector del Gobierno más recalcitrante por que las cosas sigan como
hasta ahora: la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María
Jesús Montero. Pero también es responsable de la decepción Unidas Podemos, cuya
seña de identidad debería tener una línea roja consistente en que los ricos no
sigan saliendo indemnes o reforzados de los desastres sociales a costa de que
los paguen los demás ciudadanos.
A todas estas
explicaciones hay que sumar otra que en cierto modo las resume. Sigue habiendo
miedo a molestar a los ricos y a la derecha que los representa. Un miedo en
cierto modo irracional. Basta recordar la reciente aprobación del Ingreso
Mínimo Vital en el Congreso con ningún voto en contra y el apoyo del PP. Según
el último barómetro del CIS, el 81 por ciento de la población está a favor de
la medida. Hasta hace no mucho era considerada una apuesta estrafalaria de la
izquierda radical imposible de implantar. Hay que recordar que, tras la Segunda
Guerra Mundial, Japón, Alemania y Francia implantaron fuertes impuestos sobre
la fortuna. Estados Unidos gravaba a los más ricos por encima del 90 por ciento
de sus ingresos y el Reino Unido con el 89 por ciento.
Después de esto,
¿con qué fuerza moral volveremos a decirle a la población que siempre arrima el
hombro que Hacienda somos todos? La justificación moral de quienes incurren en
fraude podría ganar peso ante esta nueva decepción. Y no sólo eso. El resultado
de esta decisión, si no se corrige, puede ser grave por la decepción que
producirá en muchos votantes del PSOE e Unidas Podemos. “Nadie va a quedar
atrás en esta crisis”, ha repetido una y otra vez el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez. A la vista del miedo de su Gobierno a las grandes fortunas del
país, cabría añadir: pero los ricos seguirán siendo intocables.
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