EL GRAN ENGAÑO QUE HAY DETRÁS
DEL RECIBO DE LA LUZ
JUAN TORRES LÓPEZ
Quizá la única
ventaja de las grandes subidas que está teniendo el precio de la luz en España
es que cada día se habla más de ello y que, poco a poco, la población que lo
desee terminará informada de las barbaridades que ocurren en nuestro país con
la provisión de ese bien imprescindible para la vida de las personas y las
empresas. Lo malo es que, entre el aluvión de información sobre el tema, se
cuelan muchos engaños que confunden y alejan la mirada del verdadero núcleo del
problema.
Gracias a que se
está explicando ampliamente en las últimas semanas, es sabido que el precio de
la luz se fija en España a través de un sistema que establece, para todas las
fuentes de energía, el precio de las más cara, en nuestro caso, la que utiliza
el gas como materia prima.
La explicación
digamos "oficial", la de las empresas, economistas y políticos que
defienden el sistema de fijación del precio de la luz, es que nos enfrentamos a
un problema coyuntural como resultado del incremento de la demanda derivado de
la reactivación económica tras el confinamiento y la crisis. Ese incremento ha
elevado mucho el precio del gas y también -por la misma razón- el coste de los
bonos de carbono que tienen que adquirir los productores por su actividad
contaminante.
En su opinión, por
tanto, no hay ningún tipo de problema estructural o de fondo sobre el que haya
que actuar. Si ahora ha subido, bajará enseguida que la economía deje de crecer
tanto, como habría pasado en ciclos anteriores. Mientras, solo hay que dejar
que el mercado eléctrico siga funcionando libremente porque, si se
interviniese, se alteraría el régimen de competencia. Si acaso, nos dicen, se
podrá dar ayudas a los consumidores que puedan tener problemas de suministro o
bajar lo impuestos indirectos.
Quienes defienden
este sistema afirman que está diseñado precisamente para que, cuando se
produzcan circunstancias como la actual, los capitales fluyan a las energías
más baratas y así estas se desarrollen. De hecho, dicen que su gran virtud es
que resulta el mejor incentivo posible para lograr la transición energética que
necesitamos.
Esto ha sido
exactamente lo que contestó hace poco la Comisión Europea a la ministra Teresa
Ribera cuando esta pidió que se suspendiera su funcionamiento. Según la
portavoz del Ejecutivo europeo, Vivian Loonela, el aumento actual del precio de
debe a la "significativa demanda global de gas y el mayor coste de los
derechos de emisión de CO2 (combinados con) una "alta demanda" de
electricidad por la recuperación económica y las condiciones climáticas".
Y este sistema no debe suspenderse porque es el que crea "las señales para
reconducir inversiones hacia tecnologías nuevas y flexibles que apoyen la
transición hacia la neutralidad climática" (aquí).
Si el precio se ha
disparado ahora que ha subido tanto el gas, nos dirán, es porque que ha sido
imposible que de un día para otro hayan podido aumentar las fuentes de energías
renovables y alternativas.
En consecuencia, no
debemos tocar el sistema sino tan solo esperar a una mejor coyuntura, tal y
como nos dice Europa y hacen los demás países europeos.
Nada de eso es
cierto.
Si se contempla la
evolución del precio de la luz en España se comprueba que no sigue la evolución
de la demanda y que su disminución se produce justo después de que haya habido
grandes subidas y sin bajar de los niveles anteriores a estas últimas.
Es significativo,
por ejemplo, que de 2008 a 2018 la luz subiera en España un 66,8% y solo un
28,2% en el conjunto de la Unión Europea, con el que no tenemos tanta
diferencia en la evolución de la demanda y en donde la evolución del coste de
las materias primas es más o menos el mismo que en España.
No son
circunstancias ajenas al sector eléctrico, por tanto, las que hacen que suba su
precio en España. Las que lo provocan hay que encontrarlas en lo que ocurre
dentro del mercado eléctrico y - a tenor de la evolución tan distinta del
precio- deben ser distintas a las que se dan en el resto de la Unión Europea.
Para descubrir y
entender el engaño que hay detrás de la subida tan grande en el precio de la
luz en España se necesita saber que el actual sistema de fijación de la tarifa
funcionaría realmente como dicen sus defensores (proporcionando "un
suministro seguro y asequible de energía de la forma más económica", según
la Comisión Europea, y la mejor y más barata combinación posible de las
diferentes tecnologías) solo si se dieran dos condiciones imprescindibles.
La primera es que
el mercado eléctrico sea de competencia.
Sin embargo, el
precio de la luz en España no es el resultado del funcionamiento de un mercado
de competencia, tal y como ha demostrado magníficamente Enrique Palazuelos en
su obra El oligopolio que domina el sistema eléctrico (Akal, 2019). Lo que
pagamos en España por el consumo de luz eléctrica es el resultado de una
constante manipulación de la oferta y la demanda que hacen las cinco empresas
que controlan su producción, distribución y venta comercial y que, además,
tienen el poder suficiente como para influir decisivamente en las normas que lo
regulan y de las que dependen los sobrecostes -en forma de primas, subsidios,
ayudas, peajes...- que terminan
convirtiéndose en beneficios añadidos que pagan los consumidores.
El precio de la luz
en España no refleja los costes reales de producción de las empresas sino el
beneficio extraordinario que proporciona su poder oligopolista. Algo - tal y
como se estudia en primero de Económicas- que es lo que tiende a ocurrir en
todos los mercados de este tipo, sobre todo, cuando no hay control legal ni
sanciones que impidan los acuerdos o el reparto del mercado. Algo que las
eléctricas han conseguido que ocurra en España gracias a la enorme influencia
política que tienen desde la dictadura de Franco.
La segunda
condición que debería darse para que el sistema proporcione el resultado
eficiente que sus defensores aseguran que lleva consigo es que haya libertad de
entrada y salida en el mercado para que, cuando suba el coste de alguna
tecnología, puedan entrar otras alternativas, más baratas y eficientes. En
nuestro caso, las renovables.
En España eso era
difícil porque el tamaño, la integración y el control tecnológico de las
empresas oligopolistas es tan grande que supone una limitación casi definitiva
a la entrada de nuevas instalaciones o empresas. Pero se logró vencer y el
sector de las renovables comenzó a desarrollarse con éxito, hasta que fue ya
prácticamente imposible cuando las empresas eléctricas comenzaron a presionar a
los gobiernos y consiguieron finalmente, en 2012, que el Partido Popular
materializara un frenazo radical a la producción de energías renovables en
España. Las eléctricas tradicionales habían ido realizando inversiones en este
último sector y, al conseguir que no apareciese nueva competencia, pasaban así
a controlarlo también en el nivel de desarrollo que convenía a sus intereses
estratégicos de conjunto. Podían seguir haciendo negocio con sus tecnologías
sucias y disponían de presencia en todas ellas y en todas las fases del negocio
para seguir manipulando cantidades y precios.
No estoy
construyendo ninguna teoría conspirativa para descubrir el interés y el papel
del oligopolio en el frenazo que sufrieron las renovables en España, una
industria en la que España estaba siendo líder mundial por capacidad de
innovación y por razones climáticas. Los propios dirigentes del oligopolio,
como el presidente de Iberdrola, habían pedido que no se construyeran más
plantas solares y, cuando el Partido Popular tomó la decisión, no solo la
valoraron positivamente sino incluso como insuficiente.
Ahora bien, aunque
es cierto que el oligopolio eléctrico había venido reclamando este frenazo
desde hace tiempo y que ya en 2007 se habían empezado a tomar medidas en ese
sentido, es muy posible que el frenazo no se hubiera producido tan radicalmente
con la simple presión de las eléctricas españolas. Posiblemente, el hachazo
definitivo al desarrollo de las energías renovables en España se lo impuso
Angela Merkel a Mariano Rajoy en defensa del muy ambicioso proyecto que
lideraban entonces diversas empresas y bancos alemanes. El llamado Desertec
Industrial Initiative que trata de generar energía solar en el Sáhara para
satisfacer en torno al 15% de la demanda europea, entre ella la española, y que
tenía previsto invertir la fabulosa cifra de unos 400.000 millones de euros.
Así lo había anunciado el diario El País el 9 de noviembre de 2011:
El gigantesco
proyecto solar del Sáhara abastecerá a España en 2015
Desertec,
Industrial Initiative (DII), el más ambicioso proyecto energético desde que se
erigieron las primeras centrales nucleares, tiene fecha y lugar para su
arranque e incluso un destino para sus primeras exportaciones. El faraónico
plan de sembrar de paneles solares el Sáhara arrancará el año próximo en
Marruecos y, entre 2015 y 2016, suministrará a España parte de la electricidad
producida, si se cumplen los plazos previstos.
Alemania, cuyas
empresas capitanean la iniciativa, ha adelantado su inicio en tres años porque
ha decidido prescindir de la energía nuclear en 2022 y porque cree que la
llamada primavera árabe facilita la puesta en marcha de ideas innovadoras en un
marco político más estable.
La competencia de
una industria española incipiente pero de gran liderazgo mundial no podía ser
bien vista por el capital alemán.
En resumidas
cuentas, el sistema de fijación del precio de la luz en España es un fraude, un
auténtico engaño, porque no dispone de las condiciones que sus propios
diseñadores consideran que debe tener para que proporcione los precios más
bajos y la eficiencia tecnológica y económica que dicen que proporciona. Eso es
lo que hay que arreglar y es preciso tener valentía para enfrentarse al
oligopolio en España y en sus ramificaciones de Bruselas. No se trata -como
quiere hacer creer el oligopolio y sus empleados mediáticos y políticos- de que
el Gobierno reclame una intervención anómala en los precios del mercado de la
luz para manipularlos. Todo lo contrario, la cuestión es impedir que sea el
oligopolio eléctrico quien siga haciéndolo para conseguir los beneficios
extraordinarios que encarecen artificialmente el recibo que tantos hogares ni
siquiera pueden pagar, que ahoga también a miles de empresas españolas y que
pone en peligro la recuperación económica.
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