LOS SAHARAUIS SON NUESTROS HERMANOS, Y A LOS HERMANOS
NO SE LES ABANDONA
SATO DÍAZ
“Los saharauis no son solamente nuestros vecinos del sur, son nuestros hermanos, y a los hermanos no se les abandona”. Esta frase la pronunciaba Pablo Iglesias, actual vicepresidente segundo del Gobierno, allá por el año 2014, en la celebración de la edición número 39 de la Eucoco (Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui) en la Universidad Complutense de Madrid. Podemos era un partido muy joven, tan solo medio año antes había irrumpido con fuerza en el Parlamento Europeo. “El derecho internacional y la propia ONU no se cansan de repetir que España sigue siendo responsable administrativa y políticamente del Sáhara, pero los gobiernos de nuestro país, por desgracia, no han hecho lo suficiente por revertir una situación heredada de la dictadura”, proseguía Iglesias.
Hoy, los desastres de la guerra han vuelto al Sáhara
Occidental, un territorio olvidado en el que, por desgracia, desde hace
décadas, la ausencia de guerra no quería decir existencia de paz. El fracaso de
Naciones Unidas, de la comunidad internacional y, en concreto, de la política
exterior (e interior) española son, de hecho, responsables de la vuelta al
belicismo, pues 29 años lleva el pueblo saharaui apostando por la vía pacífica.
Decenas de miles de saharauis malviven en los
campamentos de población refugiada argelinos, en la hammada, el desierto de los
desiertos. Otros tantos lo hacen en los territorios ocupados por Marruecos,
donde las fuerzas de ocupación han vulnerado los derechos más
elementales de esta población de forma sistemática durante lustros,
con el beneplácito de la MINURSO (Misión Internacional de Naciones Unidas para
el Referéndum en el Sáhara Occidental). Una misión internacional un tanto
peculiar, pues su objetivo, la consecución del referéndum de autodeterminación,
ni siquiera se persigue y es una excepción al no incluir entre sus competencias
la vigilancia del respeto de los derechos humanos en el territorio.
Violaciones de mujeres, desapariciones de jóvenes,
activistas encarcelados sin garantías procesales en el lado occidental del muro
de más de 2.700 kilómetros, rodeado de miles de minas antipersona, que divide
el Sáhara en dos. Malnutrición, falta de expectativas en la juventud, exilio
permanente… en los campamentos de Tinduf. Marruecos ha ido, paso a paso,
vulnerando el acuerdo de alto el fuego firmado en 1991 por las partes, bajo la
supervisión de Naciones Unidas. La última, la construcción, hace tres años, de
una carretera en la zona de Guerguerat, al sur del Sáhara Occidental. Una
carretera en zona neutral que fue considerada ilegal por las propias Naciones
Unidas cuando en 2001 Marruecos ya hizo la intentona de construirla. El resto,
ya se sabe: civiles saharauis han cortado el tráfico por dicha vía durante
varios días, evitando la salida, hacia Mauritania, de camiones que saquean los
recursos naturales del Sáhara Occidental. Fuerzas marroquíes,
vulnerando el alto el fuego, actuaron para abrir paso.
Ayer, precisamente ayer, cuando se cumplían 45 años de los
Acuerdos Tripartitos de Madrid, ese pasaje oscuro de la historia
española por el cual abandonaba a los saharauis entregando el Sáhara Occidental
a Marruecos y Mauritania, el Frente Polisario declaraba el estado de
guerra y regresaba a la lucha armada por primera vez desde 1991. Los partes
oficiales del Gobierno de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) de las
dos últimas jornadas señalan ataques a bases militares marroquíes y puestos de
vigilancia sobre el muro. En la noche del viernes, desde el bando saharaui, se
informaba de bajas mortales en el ejército de Marruecos.
En los campamentos de población refugiada, cada vez
más jóvenes se alistan al ejército, sus madres les despiden desde sus haimas.
En las ciudades ocupadas, la represión crece ante las manifestaciones de
población autóctona. En varias localidades del Estado español, se organizaban
ayer concentraciones de solidaridad con el Frente Polisario. En Madrid, al
mediodía, un nutrido grupo de manifestantes entregaba un comunicado en el
Ministerio de Exteriores, situado en la Plaza de la Provincia, junto a la Plaza
Mayor. La juventud en la diáspora quiere regresar a los campamentos
para sumarse a la guerra. La guerra, la guerra. Las fronteras, por la
pandemia, están cerradas, lo que dificulta su llegada.
El movimiento solidario español con el pueblo
saharaui, desde hace décadas, se organiza en asociaciones en todas las
provincias y lleva a cabo diferentes acciones de incidencia política y de
solidaridad, como el programa
Vacaciones en Paz, por el que miles de menores saharauis llegan
durante los meses estivales, alejándose del infierno del verano en la hammada,
pasando revisiones médicas y generando unos lazos de solidaridad entre miles de
familias españolas y saharauis. El movimiento de solidaridad español con
el pueblo saharaui es amplio y diverso. Militares que fueron testigos del
abandono del Sáhara y del engaño del entonces heredero Juan Carlos de Borbón;
familias de acogida de niñas y niños; artistas que han participado en las
ediciones del FiSahara, festival de cine que se ha organizado en los
campamentos de Tinduf durante varios años; juristas conscientes de la
aberración al Derecho Internacional que supone este caso; militantes de las
distintas izquierdas al PSOE (partido tradicionalmente alineado con las tesis
marroquíes) que han defendido siempre el derecho a la autodeterminación
saharaui...
La llegada de Unidas Podemos (Podemos,
IU y PCE) al Gobierno de coalición en enero supuso una inyección de esperanza
en saharauis y movimiento solidario español.
El Gobierno progresista, al igual que todos los anteriores, tiene la
responsabilidad de trabajar para que se cumpla la legalidad internacional (el
derecho a la autodeterminación saharaui) en el territorio que fue provincia
española hasta el 1975. España sigue siendo la potencia administradora del
Sáhara Occidental, tal y como reconocía el secretario de Asuntos Jurídicos,
asesor jurídico de Naciones Unidas, Hans Corell, en el año 2002: “El Acuerdo de
Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de
los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España,
por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la
autoridad administrativa sobre el territorio a Marruecos y Mauritania en 1975
no afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como territorio no
autónomo”.
También el actual ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, lo dictó en un auto desde la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional: “España sigue siendo la potencia administradora del
territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización,
tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de
Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos
contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para
hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente
procedimiento”. Llama la atención, por tanto, el comunicado
lanzado el pasado viernes por el Ministerio de Asuntos Exteriores ante
el reinicio de las hostilidades. El Gobierno español muestra apoyo al
secretario general de Naciones Unidas, llamamiento a las partes al regreso a la
vía pacífica, pero ningún reconocimiento de responsabilidad por parte del
Estado español y olvido del referéndum, objetivo de la misión internacional de
la ONU en el Sáhara, la MINURSO.
El Gobierno español, por responsabilidad
y legalidad, tiene la obligación de ser un actor internacional clave hacia la
paz y la materialización del derecho a
la autodeterminación del pueblo saharaui. La obligación de Unidas Podemos en el
Gobierno es, además, moral. Tanto desde Podemos como desde IU están trabajando
en este sentido, buscando una solución y una posición acorde del Estado con sus
responsabilidades. El viernes, presionaron al Ministerio de Exteriores para que
saliera un comunicado, aunque saliera muy tarde y no profundice ni en la raíz
del conflicto ni ofrezca salidas para su solución. Sin embargo, fuentes del
Frente Polisario lo tienen claro: Unidas Podemos ha de elegir, situarse junto a
la legalidad internacional y los derechos del pueblo saharaui o cuadrarse ante
la postura de sus socios de Gobierno, el PSOE, y asumir la inacción de siempre
y, de este modo, situarse del lado del statu quo que favorece a Marruecos. Ya
no es siempre, la guerra ha comenzado.
La guerra es la mayor herida de la humanidad. El Sáhara
Occidental está en guerra. Las bases de Unidas Podemos forman parte, en buena
medida, del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Una postura tibia
de los dirigentes en el Gobierno sobre el tema puede generar una herida
profunda también en las izquierdas españolas, quizás la más grave, por los
sentimientos que toca y por la gravedad de la coyuntura. De momento, hay
silencios atronadores que duelen tanto como la herida.
En la madrugada del sábado 14 de noviembre al domingo
15, ni Iglesias, además de vicepresidente, secretario general de Podemos, ni
Alberto Garzón, además de ministro de Consumo, coordinador federal de IU, ni
Irene Montero, ministra de Igualdad, o Yolanda Díaz, de Trabajo, se han
pronunciado sobre el asunto. De momento, hemos de seguir tirando de hemeroteca,
de aquella Eucoco de 2014: “Algunos partidos pretenden representar los
intereses de la minoría, un nuevo ejemplo del divorcio entre la casta política
y la mayoría. La población española es prosaharaui, pero quienes nos
han gobernado parece que son pronegocio, esa es su única patria”.
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