BEBÉS ROBADOS: PRIMERA QUERELLA CONTRA EL ESTADO ESPAÑOL
POR GUILLERMO MARTÍNEZ
María José Picó tuvo una hermana melliza hace 61 años, que supuestamente
falleció al nacer. Los restos nunca aparecieron. Ahora inicia el trámite
judicial por lo que considera un crimen de lesa humanidad
María José Picó Robles nació junto a una hermana melliza que nunca llegó a tener nombre, o al menos no el que hubieran querido sus padres biológicos. 61 años después, Picó ha interpuesto la primera querella contra el Estado español por un caso de bebés robados durante el franquismo. De familia trabajadora y humilde, la tristeza se apoderó de ellos cuando en el Hospital General de Alicante les dijeron que una de las niñas nacidas aquel 28 de marzo de 1962 había fallecido. Al tiempo, María José recabó documentación y encontró ciertas incongruencias en el proceso. Cuando abrieron el ataúd improvisado en el que enterraron a su hermana, allí no había nada.
“Mi
hermana y yo tendríamos que haber nacido en la clínica en Elche a la que iba mi
madre, Francisca Robles Alacid, donde ya había dado a luz a mi hermano mayor.
Pero al llegar, rompió aguas en la sala de espera y la derivaron al Hospital de
Alicante”, cuenta María José Picó. Su madre le contó que ambas recién nacidas
llegaron a estar juntas en su regazo. “Lo siguiente que recordaba era
despertarse en una habitación, ella sola. Pasó siete días adormilada, con
desvanecimientos, totalmente medicada”, añade.
Fue
una monja quien le dijo a Francisca, el segundo día por la noche, que una de
las niñas estaba malita. Más tarde, la misma persona le comunicó el
fallecimiento. “A mi padre, Antonio Picó Miralles, le pidieron que comprara una
caja de madera y le advirtieron de que no fuera a una funeraria porque corría
prisa. Acabó llevando una caja de madera de conservas de un ultramarinos”,
explica. Poco después, Antonio recibió esa caja cerrada con clavos. Nunca vio a
su hija muerta.
El
hospital también le dijo que tenía que ir al cementerio de Alicante, que no
podía enterrarla en Elche, como deseaba la familia. El enterrador aguardaba la
llegada de Antonio. “Fue con él hasta la fosa común donde enterraron la cajita.
Estaba muy colmatada, así que se quedó casi en la superficie. Como decía mi
padre, le echaron dos paladas de tierra encima”, añade María José. Los
sanitarios les contaron que la bebé había muerto de frío. “Toda la vida se ha
hablado de mi melliza en la familia. No se pensaba tanto en que podía ser un
bebé robado, sino más bien que había habido alguna negligencia mientras estaba
en el nido, en el hospital”, dice.
Irregularidades en la documentación
No
fue hasta 2011, cuando se estaban haciendo públicos algunos casos de bebés
robados, que la familia de María José se percató de que su experiencia era muy
similar. Fueron al hospital a pedir la historia clínica de Francisca, al
Registro Civil a pedir las partidas de nacimiento de las dos niñas y la de
defunción de la melliza, y al cementerio para ver la licencia de enterramiento.
“En el hospital nos dijeron que no había datos sobre mi madre. Es como si nunca
hubiera estado allí”, afirma Picó. En cambio, su partida de nacimiento sí que
recoge que nació en el Hospital General de Alicante.
De
su hermana no consta ni partida de nacimiento ni de defunción. Todavía cabía
una posibilidad. Como, en teoría, apenas había vivido unas horas, la hermana
podría estar inscrita en el legajo de aborto. Para desesperación de la familia,
el Registro Civil de Alicante perdió todos los datos relativos a los años
anteriores a 1978, así que seguían sin saber nada. En el cementerio sí
encontraron la licencia de enterramiento con las coordenadas exactas de la
fosa. “Lo sorprendente es que en la casilla para recoger el nombre del médico
que certificó esa defunción, pusieron el de mi padre”, exclama María José. Continuaban
sin datos, ni pistas, solo irregularidades.
Decidieron
denunciar los hechos ante la justicia y, en 2012, el fiscal autorizó la
exhumación del supuesto cadáver. “Dieron con el lugar exacto, mi padre lo
describió a la perfección, pero no encontraron nada, solo unos clavos que se
correspondían con las características de la caja”, continúa María José. En
2013, el juez de instrucción ordenó una nueva exhumación en una zona cercana,
que también resultó infructuosa. “Dos días después de que el fiscal me dijera
que el procedimiento continuaba, me llamó y me comentó que no, que lo sentía
pero que se tenía que archivar al no estar vivo ningún enterrador de la época y
no saberse lo que hicieron con la cajita”, añade.
El robo de bebés, un castigo del régimen franquista
En
la querella que Picó presentó el pasado 23 de febrero en los juzgados de
Alicante para que se reabra la investigación sobre lo sucedido, está siendo
asistida por la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina
contra crímenes del franquismo (CEAQUA). Soledad Luque, una
de sus integrantes, responsable del área de bebés robados señala que “se trata
de una práctica que comenzó después de la Guerra Civil y continuó hasta bien entrada la
democracia”.
Según
esta experta, el caso de la hermana de María José se inserta durante la segunda
fase de la sustracción de bebés y niños a sus familias que tuvo lugar en España
durante el siglo XX, en medio de la dictadura franquista y antes de la
Transición. “Esta práctica, que se inició con una motivación política
represiva, tiene su continuidad durante todo el régimen. Se aprovechaban de
familias humildes, jóvenes inocentes sin recursos para poder enfrentarse a un
médico o una religiosa, que eran los tentáculos del poder, las figuras de
autoridad en ese escenario”, explica Luque.
Los
adoptantes tampoco podían ser cualquiera. “Eran familias de bien que pasaban
una especie de filtro a través de las religiosas. Tenían que ser buenas
católicas y tener los recursos económicos suficientes para acoger a los niños
si querían inscribirlos como hijos biológicos”, apunta. Al mismo tiempo, la
especialista recalca que en este periodo no se puede afirmar con seguridad que
todas las familias adoptantes estuvieran al tanto de la verdadera procedencia
de los bebés. “Donde hay que poner el foco es en las figuras de poder, primero
en las instituciones como tales, y después en las personas que formaban parte
de ellas”, continúa.
La
sustracción de bebés fue una práctica tan sistemática que entre 2011 y 2019 se
presentaron miles de denuncias en el Estado español, explica la integrante de
CEAQUA. De ellas se derivaron 2.136 diligencias de investigación, pero todos
los procedimientos se han ido archivando uno tras otro.
Uno
de los neonatólogos más reconocidos de España, Antonio Garrido-Lestache, inventó
la dactiloscopia para los recién nacidos. A sus 92 años
sigue peleando por sus derechos: “Hoy en día, al recién nacido se le puede
identificar perfectamente, y si no se hace así puede perder su identidad y los
derechos de los que goza. Antes, las madres estaban totalmente desamparadas
porque, al no identificarse a los bebés, podían hacer con ellos lo que
quisieran”, explica. Además, según su experiencia, ni las maternidades ni las
autoridades que tomaron parte en estos robos de bebés están ayudando a las
familias. “Dan la callada por respuesta, y quien calla, otorga”, concluye.
Un crimen de lesa humanidad
La
perspectiva jurídica la aporta Jacinto Lara, abogado de CEAQUA. Este letrado
participa en la querella que ahora presenta María José Picó: “Hemos incorporado
informes periciales en relación a la violación sistemática de los derechos
humanos durante la dictadura franquista, así como un informe multidisciplinar
que hace referencia a los bebés robados”. Los delitos que piden que se
investiguen son, por el momento, sustracción de menores, falsedad documental y
detención ilegal.
Lara
cree que existen posibilidades de que la querella no sea admitida a
trámite, dado que es habitual el archivo de
las causas, pero considera que hay ciertos elementos para la
esperanza. Uno de ellos es la presión que ejercen instancias internacionales,
como el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en relación a este
tipo de crímenes. De hecho, el equipo jurídico cataloga estos delitos como
crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. “Si archivan la
querella sin incoar diligencias de investigación, recurriremos a la Audiencia
Provincial”, concluye el abogado.
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