CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

VICENTE CLAVERO

Un país que se dice civilizado, moderno y todo eso no puede permitirse la indecencia de tener cuatro millones y medio de ciudadanos en situación de pobreza energética. Que una décima parte de la población española carezca de recursos suficientes para tener encendida la luz cuando lo necesita o la calefacción cuando el frío arrecia es, simple y llanamente, una vergüenza. Para paliar esta penosa situación se creó el llamado “bono social”, que facilita el acceso a la electricidad; pero beneficiarse de él resulta tan complejo que muchas familias ni siquiera lo intentan.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez va a poner las cosas más fáciles, en línea con una de las reivindicaciones más reiteradas de Unidos Podemos, su socio parlamentario preferente. Eso es, al menos, lo que anunció el miércoles en el Congreso la ministra para la Transición Tecnológica, Teresa Ribero, junto a otras medidas encaminadas a abaratar la factura de la luz. Entre ellas, la suspensión del impuesto del 7% introducido por Mariano Rajoy en 2012 y la supresión de las penalizaciones al autoconsumo que desincentivan el uso individual de la energía solar.

Lo primero es de sentido común en un momento en que el precio de la electricidad está en máximos históricos; pero tiene efectos muy limitados. Según cálculos oficiales, su repercusión sobre el recibo rondará el 2,5% en el caso de que las eléctricas lo apliquen íntegramente, cosa que está por ver. No hay más que recordar lo sucedido hace poco con la rebaja del 21% al 10% del IVA aplicable al cine, que sólo uno de cada tres exhibidores ha reflejado en el importe de las entradas, a pesar de que todos habían dicho por activa y por pasiva que les iba la vida en ello.

Por lo que respecta al levantamiento de las penalizaciones al autoconsumo, conocidas popularmente como “impuesto al sol”, eran una de esas extravagancias que cuesta mucho entender si no es por la presión del lobby eléctrico. Mantenerlas no tenía ni pies ni cabeza, salvo para proteger los intereses de un sector que no se caracteriza precisamente por su generosidad y buen trato a los consumidores, y el Gobierno hace bien en prescindir de ellas. Es posible que, de momento, su impacto sea pequeño, pero permitirá seguir avanzando en la sustitución de las fuentes tradicionales de energía por otras más respetuosas con el medio ambiente y más baratas.

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