SU SECRETA MAJESTAD
ANTONIO
MORALES
A lo largo de los últimos días a la autora, una periodista
conservadora, miembro numerario del Opus Dei y otrora cortesana insigne, le han
llovido cachetones por todas partes. Nada más aparecer la obra en las
librerías, una multitud de patricios se apresuraron a salir en bandada a
criticar a la periodista y a poner obstáculos a que se publicitara su trabajo en
radios, televisiones y periódicos. Exministros, monárquicos contumaces, medios
de comunicación muy cómodos en el sistema y los partidos políticos amoldados al
bipartidismo, no han cesado de criticar las tesis de la autora y su imputación
de la Monarquía, velada o no tan velada, en la asonada militar.
Pero lo más extraño es que no es la primera vez que se publica
un libro sobre el 23-F ni que se apunten dudas sobre el monarca y su entorno.
Ya Jesús Palacios (23-F, el Rey y su secreto) apuntaba tesis parecidas y
sostiene que se trató de un golpe al sistema desde dentro del sistema, una
especie de Operación De Gaulle, con la complicidad del Rey y políticos como
Felipe González. Y hay más que defienden la misma tesis. Como Francisco Medina
(23-F, la verdad) o José Oneto (23-F, la historia no contada). Otros respaldan
hipótesis diversas, pero casi siempre dejando entrever zonas oscuras, dudas,
implicaciones más o menos veladas…
Lo cierto es que el Centro Nacional de Inteligencia dispone de
una importante cantidad de documentos de especial relevancia sobre lo ocurrido
en esas fechas. El CNI guarda informes, grabaciones de conversaciones,
fotografías y otro material y 25 años después permanecen clasificados. ¿No es
el momento acaso para desclasificar la documentación? ¿No se dan las
circunstancias para despejar cualquier tipo de recelos de la ciudadanía, dadas
las dudas y las polémicas que cuestionan la legitimidad de instituciones,
políticos y partidos,? ¿Por qué no se hace si ya han pasado los 25 años que
estipula la Ley de Secretos Oficiales? ¿Por qué ese empeño del P$o€ y de los
PePeros en seguir impidiendo que se transparente la información?.
El desprestigio de la política y las instituciones no deja de
avanzar. La Monarquía aparece cada vez más cuestionada en los sondeos de
opinión. Los casos de corrupción de Urdangarín y Nóos a la sombra de la Corona,
la utilización de la Fiscalía y de Hacienda para defender de la imputación a la
infanta Cristina, los préstamos de dudosa legalidad a su hija, la caza de elefantes
o los líos con Corinna (alojada en una “chozita” en la Zarzuela), no ayudan
precisamente a granjear simpatías. No dejan de aparecer voces que piden
directamente la llegada de la tercera República o la abdicación del Rey en el
Príncipe. En un momento de profunda crisis social y económica– ha sido así a lo
largo de la historia- los privilegios y los despotismos reales provocan
reacciones viscerales en la población. Pero no parece que se haya aprendido la
lección.
Desde la Casa Real, el Gobierno, el P$o€ y gran parte del
sistema acomodado se es consciente de la situación, pero apenas se atreven a
parchearla. En los momentos de mayor encono social se inventaron una entrevista
vergonzosa con Jesús Hermida, pusieron en marcha un programa-panegírico en la televisión
pública, crearon una web almibarada, pactaron portadas retocadas en revistas de
cotilleos… Pero nada de esto dio resultado.
Y entonces conciben una especie de transparencia limitada que
provoca de nuevo más decepciones y frustraciones. Pretenden acallar a la
ciudadanía aduciendo la pretensión de convertir a la Zarzuela en un edificio
“de cristal”, pero con cristales tintados. Todo se ha reducido a describirnos
los gastos generales y las asignaciones anuales a cada uno de los miembros de
la Casa Real. Y poco más.
La transparencia es absolutamente imprescindible para que la
ciudadanía pueda ejercer un control real de los poderes públicos. Nos estamos
jugando la democracia en momentos como los que estamos viviendo. Por eso no
podemos permitir que la pureza de las acciones se diluyan en maniobras
torticeras que pretenden distraernos y sustraernos la verdad. En generar
silencios y complicidades complacientes. Una verdadera transparencia tiene que
pasar por conocer exactamente el patrimonio del rey y sus actividades privadas.
Es preciso que sepamos si participa en empresas y si hace negocios y con quién,
pues eso puede condicionar, sin duda, sus acciones como Jefe del Estado.
No podemos renunciar a la información de lo que pasó con la
herencia de su padre depositada en Suiza; o con los regalos de empresarios en
forma de yates o numerosos coches de lujo que luego mantienen Patrimonio
Nacional. Se nos debe aclarar su papel con el entorno de Kio y con Javier de la
Rosa; sus mediaciones en las privatizaciones de Repsol-YPF y en la operación de
su amiga íntima, la princesa alemana, en la opa de Lukoil sobre la petrolera
española. Se deben hacer públicas las comisiones de un céntimo por cada barril
de crudo comprado a Arabia Saudí, que estuvo cobrando parece que hasta no hace
mucho; también la petición realizada al Sha de Persia de una cantidad
importante de dinero para afianzar a la monarquía y a la UCD frente al P$o€ en los primeros años de la Transición; y
el especial trato de Telefónica y La Caixa, con contratos suculentos y otras
prebendas (colegios carísimos, casa, etc) a su hija y yerno…
Y encima, al tiempo que el Rey nos habla de la igualdad de todos
ante la ley y de la necesidad de ser ejemplares en las acciones, una
inviolabilidad y ausencia de responsabilidad fijadas en la Constitución nos
impide exigir que rinda cuentas por sus responsabilidades públicas y privadas
ante la Justicia o el Parlamento (a los ciudadanos, por tanto), lo que ha
posibilitado que no prosperaran dos demandas en su contra por paternidad (con
gran cuestionamiento jurídico, por cierto). Se trata a todas luces de
privilegios absolutistas que no tienen ninguna razón en un sistema democrático
y más cuando trascienden a asuntos de su vida privada. Estamos ante una
prerrogativa antediluviana y para colmo los PePeros y el P$o€ pretende
ampliarla proponiendo aforar a los príncipes Felipe y Letizia y a la propia
Reina.
La Corona no está sometida a las urnas, por eso y con mayor
razón, debe estar sujeta todos los días al refrendo ciudadano. Una Monarquía
blindada choca de bruces con la exigencia de transparencia y de controles
públicos. Una democracia no puede ser solo para garantizar los privilegios de
unos pocos mientras se sacrifica a una gran mayoría. Cuestionar esta premisa
ataca directamente a su salud. Tal vez, como acaban de hacer público en un
manifiesto intelectuales de la talla de Caballero Bonald, Marcos Ana, Josep
Fontana, Juan Genovés, Carlos Jiménez Villarejo, Rosa Regás, Ángel Viñas,
Sánchez Albornoz y otros, puede que sea solo una nueva República la que
propicie la regeneración necesaria.
*Antonio
Morales es alcalde de Agüimes (Isla de Tamarant) Canarias.
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