¿POR QUÉ NO TE CALLAS?

 

¿POR QUÉ NO TE CALLAS?

El caso Hasél y el avance de la política cultural iliberal

MARIANO MARTÍN ZAMORANO

El rapero leridano Pablo Hasél ha sido encarcelado en cumplimiento de una condena de nueve meses y un día de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona y contra las instituciones del Estado. Para la Audiencia Nacional, diversos mensajes del artista en las redes sociales y en sus canciones son elementos constitutivos de dichos delitos.

 

En línea con lo señalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre procesos similares en España, esto supone una interpretación ciertamente restrictiva del derecho a la libertad de expresión. Por este motivo, el caso ha tenido una importante repercusión nacional e internacional, llevando a más de 200 artistas, entre los que se encuentran Joan Manuel Serrat o Pedro Almodóvar, a firmar un manifiesto en repulsa a la resolución judicial y a Amnistía Internacional a calificar la sentencia de injusta y desproporcionada. La situación judicial del cantante también ha reavivado el debate sobre la supresión de los delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo del código penal vigente.

 

Los ochenta no estuvieron exentos de políticas represivas que evidenciaron la inercia de determinados criterios político-culturales autoritarios. Por ejemplo, la censura al movimiento punk

 

Estos factores brindan una particular notoriedad y actualidad al caso, que cabe analizar en perspectiva histórica. La tradición censora en el ámbito cultural del poder estatal y monárquico en España tiene una larga data. Sus huellas pueden rastrearse hasta el Antiguo Régimen y su rol en la persecución del patrimonio simbólico díscolo con la ortodoxia católica. Las artes fueron un ámbito hostigado por los tribunales de la inquisición en el marco del puritanismo monárquico. Tras las Cortes de Cádiz de 1812, es posible advertir diferentes “continuidades” en este terreno. Cabe pensar, por ejemplo, en el llamado “bibliocausto” franquista que consistió en la quema sistemática de libros, muchos de ellos por paganos, en miles de pueblos a lo largo del país. Los instrumentos que estética y discursivamente apuntalaban la diferencia fueron entonces perseguidos y purgados.

 

Con el avance del último período democrático, el aparato estatal se “actualiza” a los criterios de la democracia cultural europea y facilita el desarrollo de la autonomía artística bajo criterios vinculados al derecho a la libertad de expresión. Festivales musicales, ferias literarias o espectáculos callejeros conformaron entonces un paisaje efervescente que, en muchos casos, cuestionaba el orden establecido. La cultura popular fuerza entonces también una reconfiguración de los márgenes de lo permitido en el plano discursivo. En línea con Mijaíl Bajtin en La Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento, lo bufonesco y la sátira sirven entonces para degradar y “carnavalizar” el discurso único que antes había sido enaltecido por el poder político, eclesiástico y económico.

Pese a esta trayectoria, los años ochenta no estuvieron exentos de políticas represivas que evidenciaron la inercia de determinados criterios político-culturales autoritarios. Por ejemplo, la discriminación comercial y la censura al movimiento punk, vinculada a su articulación con manifestaciones políticas que tenían una incidencia más allá del campo artístico –como el movimiento okupa–, pero también al contenido de algunas de sus obras. Un caso de gran resonancia fue la admisión a trámite, en 1983, de una querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado contra las integrantes de Las Vulpes y contra Carlos Tena, director del programa de TVE La caja de los ritmos. La causa de la demanda por un posible delito de escándalo público (Artículo 431 del Código de Derecho Penal) fue la emisión de la canción “Me gusta ser una zorra”. Alianza Popular señaló entonces a la TV pública por emitir la canción, cuya letra fue publicada a página completa por el diario ABC. Como consecuencia, el programa fue retirado, dejando grabaciones de Almodóvar y McNamara, Siniestro Total y Parálisis Permanente sin ser emitidas.

 

 

 

La actuación de Las Vulpes en el programa La caja de ritmos, 16 de abril de 1983.

 

Estas políticas han persistido a lo largo de las últimas décadas, en muchos casos vinculadas al delito de injurias y calumnias al “Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias”(Art. 491 ,CP). No obstante, es posible advertir un cierto giro en la orientación de la política cultural española tras el año 2011. Como respuesta a la movilización social de protesta frente a los efectos de la crisis financiera sobre la economía real, se produjo una gradual transformación en la estrategia de construcción de hegemonía por parte del gobierno central. Desde entonces, distintas expresiones artísticas en la esfera pública –comprendida entonces particularmente por las plazas, ciertos medios de comunicación y las redes sociales–, profundizaron su carácter sospechoso. Dicha política, dirigida inicialmente por el PP de Mariano Rajoy, adoptó mecanismos como la compaña que vinculó la protesta social y algunas de sus manifestaciones culturales con el deterioro de la Marca España.

Columna de opinión del ABC, 27 de abril de 1983.

 

En 2015, este desarrollo se vio reforzado con la Reforma del Código Penal y con la aprobación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o “Ley Mordaza”, que nace como una suerte de reacción a las protestas del movimiento 15M. La norma, impulsada por el gobierno del PP, facilita a la administración central la imposición de sanciones por delitos vinculados al orden público, afectando decididamente al derecho a manifestación. Bajo este reforzado esquema punitivo, se agudizó la criminalización selectiva de la esfera cultural, que ha incluido sentencias contra los también raperos de La Insurgencia o el envío a prisión preventiva de dos titiriteros en Madrid en 2016. Se trata de una dinámica de progresiva judicialización del campo artístico reflejada en los estudios anuales de Freemuse, cuyo informe de 2020 destaca las violaciones a la libertad artística cometidas en España.

 

Se agudizó la criminalización selectiva de la esfera cultural, que ha incluido sentencias contra los raperos de La Insurgencia o los titiriteros en 2016

 

Dicho fenómeno se ha articulado, asimismo, con el crecimiento internacional y local de la extrema derecha, promoviendo el desplazamiento de la acción cultural del Estado a posiciones aún más conservadoras. Históricamente, diversas fuerzas de la derecha liberal han abrazado estrategias gramscianas de construcción de hegemonía mediante diversos tipos de alianzas con el campo intelectual y artístico. Frecuentemente han implementado mecanismos de hegemonía cultural inscritos en la democracia liberal, que van desde políticas de defensa corporativa de sectores o proyectos audiovisuales al despliegue de las estrategias culturales de “poder suave” en el escenario internacional.  Sin embargo, hoy estas prácticas también forman parte de renovadas estrategias populistas de corte abiertamente excluyente. Se advierte en este marco un avance de la política cultural iliberal, desplegada tanto por parte de partidos de derecha como de ultraderecha, bajo mecanismos de intervención directos y explícitos. En esta línea se sitúa el reciente intento de borrar un mural feminista en Ciudad Lineal; una medida liderada por el gobierno del Ayuntamiento de Madrid a proposición de Vox. Dicha política busca capitalizar el señalamiento de ciertas expresiones culturales como características y reveladoras de unas elites antipopulares, antinacionales y que resultan antagónicas a los valores tradicionales. Se trata de un planteamiento estratégico que encarna una metamorfosis al interior de las políticas culturales de pretensión liberal, cuestionando las bases de la democracia cultural y, como vemos en el caso de Pablo Hasél, contribuyendo a la degradación de los derechos fundamentales.

 

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Mariano Martín Zamorano es doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio e Investigador del CECUPS, Universidad de Barcelona.