ESPAÑA, SAHARA Y LA ONU
JESUS L. GA RAY
EL
clamoroso silencio de los partidos políticos y de la mayoría de los medios de
comunicación españoles en torno a la crisis abierta entre Marruecos y la ONU
sobre el Sahara Occidental deja al descubierto, una vez más, hasta qué punto la
falta de conciencia y la ley del olvido de la transición se impone en esta
cuestión por encima de los principios y los derechos que unos y otros
proclaman.
El
argumento, reiteradamente utilizado por la prensa, de que la actualidad interna
e internacional no deja lugar para un conflicto excesivamente estancado y, por
lo tanto no noticiable, no parece en esta ocasión demasiado acertado, toda vez
que agencias y medios extranjeros se han hecho eco de la disputa entre Mohamed
VI y Ban Ki Moon, a consecuencia de la cual Marruecos ha congelado sus
aportaciones a diversas misiones de Paz de la ONU y ha obligado a la retirada
de un centenar de efectivos civiles y militares de la Minurso (Misión de las
Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental), con la consecuente
escalada de tensión tanto en el aspecto diplomático como militar en la zona.
Pero
menos entendible es aún el caso de los partidos políticos. En efecto, los
medios de comunicación son libres de priorizar una u otra información en
función de sus intereses profesionales y editoriales, pero los partidos
políticos tienen la responsabilidad de hacer valer ante las instituciones y la
opinión pública los valores y principios que dicen defender; de ello depende su
legitimidad y debería depender en parte su éxito electoral.
La
responsabilidad del Estado La cuestión del Sahara Occidental no solo afecta al
Estado español por múltiples razones de vecindad, geoestrategia e intereses
económicos o por las repercusiones que la relación con los países del Magreb,
en especial con Marruecos, puede tener en temas como la inmigración, el tráfico
de materias ilegales en el estrecho o el control del terrorismo yihadista en
esta parte del mundo. Por mucho que se haya intentado ocultar y tergiversar, el
conflicto del Sahara Occidental es una responsabilidad directa de España y al
Estado español corresponde en gran medida también su solución. Lo es porque el
derecho internacional -y la doctrina judicial española- sigue considerando al
Estado español la “potencia administradora” en tanto se mantenga el estatus del
territorio como “no autónomo”.
Es
al Estado español y no a la ONU o a sus miembros, por más influyentes que sean,
como Francia o Estados Unidos, a quien corresponde proteger a sus habitantes,
sus recursos y arbitrar medidas para que su población pueda decidir libremente
y sin presiones sobre su futuro político. Exactamente lo contrario de lo que el
Estado viene haciendo desde 1975: ha abandonando a su suerte a la población en
los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), utilizando la ayuda al
desarrollo de manera miserable en función de circunstancias políticas y como
arma de presión diplomática. Por cierto, la situación humanitaria de los
campamentos ha escandalizado al propio Ban Ki Mon en su última visita y ese
escándalo está en la base de las declaraciones del secretario general de la ONU
que tanto han irritado a Marruecos. A lo anterior podemos unir el trato degradante
que sufren las personas saharauis a la hora de ver reconocidos sus derechos
civiles en el Estado como parte de una misma campaña de abandono y olvido.
España
viene, además, colaborando con venta de material, adiestramiento y soporte
político al genocidio que ejerce Marruecos en los territorios que ocupa
ilegalmente desde que España cediera, de manera igualmente ilegal, su
administración. Todas las organizaciones e instituciones internacionales de
defensa de los derechos humanos y ¡hasta la Audiencia Nacional! han investigado
y denunciado torturas, bombardeos de civiles, desapariciones forzadas masivas y
todo tipo de prácticas degradantes por parte de Marruecos sin que los gobiernos
españoles -responsables legalmente, insisto- hayan elevado una propuesta de
protección o vigilancia de los derechos.
Al
contrario, los gobiernos de la democracia se han alineado con el reino de
Marruecos promoviendo un trato económico y político privilegiado por parte de
las instituciones españoles y de la Unión Europea, alineándose con la
explotación ilegal de los recursos naturales, impulsando tratados y convenios
que vulneran, como han dejado claro los tribunales europeos, la legislación
internacional y los derechos de la población saharaui.
Un
consenso no escrito Esta política ha sido posible gracias a un consenso no
escrito desde la transición entre los partidos de gobierno en la convicción de
que la realpolitik impondría el statu quo por la fuerza del
tiempo y del peso de los grandes intereses. La postura de España en el Consejo
de Seguridad en la crisis actual, evitando un pronunciamiento claro de condena
a Marruecos y de apoyo al secretario general, es un ejemplo palpable de esta
especie de política de “tirar la piedra y esconder la mano”.
Sin
embargo, 40 años de resistencia del pueblo saharaui y de trabajo diplomático
del Frente Polisario, junto a la solidaridad internacionalista, han puesto a la
Comunidad Internacional en la necesidad de decidir, de una vez por todas, si el
caso del Sahara Occidental se va a resolver por la vía del derecho y la
aplicación de los derechos, en cuyo caso no queda más salida que obligar
Marruecos a cumplir con sus compromisos y obligaciones, fijar fecha para un
referéndum de autodeterminación y desplegar los recursos para ello o, si como
en otros muchos conflictos, los intereses de occidente con Marruecos son tan
importantes como para arriesgar la vuelta a la guerra y, en todo caso, alargar
de forma indefinida el sufrimiento del pueblo saharaui.
El
nuevo ciclo político que parece abrirse en el Estado español con la irrupción
de nuevas fuerzas políticas y el deseo generalizado de establecer un nuevo
consenso sobre cuestiones tan básicas como la forma del Estado, su articulación
territorial, la reforma electoral o la recuperación de la memoria histórica,
ofrecen una oportunidad única para que partidos e instituciones afronten este
asunto con la importancia y urgencia que requiere.
Otra
actitud En el conflicto del Sahara Occidental, España, lo quiera o no, no es un
mero actor más. La responsabilidad del Estado no solo se refiere a establecer
la verdad y resarcir los errores cometidos por la dejadez de los gobiernos
hasta ahora -una cuestión que conviene abordar cuanto antes en todas sus
dimensiones, política, humana, económica, ya que conlleva costes y esfuerzos
importantes- sino que obliga a España a proponer soluciones concretas al
conflicto; es decir a tomar la iniciativa. Una responsabilidad que no solo le
viene dada por sus compromisos legales e internacionales o por la presión, cada
vez más evidente de otros países -nórdicos, africanos y latinoamericanos- que
reclaman de España el papel que le corresponde, sino por la obligación ética de
responder a los deseos y peticiones de la mayoría social.
Hace
tan solo unos años nadie podría intuir que la cuestión de la memoria histórica
sobre la guerra civil y el franquismo pudiera tener un lugar importante en la
agenda de los partidos políticos. Encerrada en los límites de una exigua
militancia y constreñida por las leyes y el consenso político de la transición,
la llamada memoria histórica merecía una sonrisa más o menos complaciente o
displicente de los dirigentes políticos. Más o menos la misma que ahora otorgan
cuando se les plantea la cuestión del Sahara Occidental. Es hora de cambiar de
actitud.
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