COMUNICADO DE PODEMOS EN RELACIÓN CON LAS INFORMACIONES PUBLICADAS
SOBRE LA DIPUTADA VICTORIA ROSELL
PODEMOS
Ante las
informaciones aparecidas en algunos medios sobre la diputada por Las Palmas
Victoria Rosell, Podemos Canarias, cumpliendo el compromiso de transparencia
y comunicación con la sociedad civil,
quiere explicar a la ciudadanía la realidad de los hechos.
Las personas
que ocupan cargos electos por este partido político no utilizan, ni han
solicitado nunca, acceso a salas de autoridades ni a salas VIP, ni trato alguno
especial en aeropuertos ni en ningún
otro lugar. La gente puede ver a todas y cada una de estas personas pasando
siempre los controles de seguridad y viajando en clase turista. Y así seguirá
siendo, aunque a otras autoridades les molesten estos gestos, precisamente
porque evidencian los privilegios de los que han hecho uso y abuso a lo largo
de sus dilatadas trayectorias políticas a cargo del dinero público.
Tan falso fue
el incidente publicado en el mes de febrero, con el que se quiso manipular
torticeramente las preguntas realizadas por Victoria Rosell en el aeropuerto
sobre el uso - por otros- de la sala de autoridades, sin pretender nunca que la
abrieran para ella, como el supuesto altercado de este mes de abril. Es evidente
que nuestra diputada no se negó a pasar el control como se publicó
inicialmente. También resulta evidente, y así se ha acreditado, que en un lugar
donde a nadie se le requiere la documentación, ya dentro de la sala de embarque
- situada después del establecimiento comercial, de obligatorio paso para todo
pasajero- fue requerida con gritos y malos modos por un agente de la guardia
civil para identificarse, y manteniendo la calma pese a la situación
vergonzante a la que fue sometida, entregó sus dos identificaciones, el DNI y
la tarjeta de diputada, al funcionario.
A la Delegación
del Gobierno no parece importarle que la guardia civil le hiciera una
fotografía con un móvil a su documentación. Tampoco que se llevara su
credencial de Diputada a la oficina, a la hora en que comenzaba el embarque, y
que ella tuviera que solicitar a un superior que se la devolviera o se la
guardara hasta su regreso, porque corría riesgo de perder el avión. Su destino
era Madrid, para ejercer su actividad parlamentaria. Era domingo, pero había
una importante reunión de Podemos sobre Migraciones y Personas Refugiadas, con
participación de algunas personas del Grupo Parlamentario, de militantes de
Podemos y de la sociedad civil, y Victoria acudía tanto como experta en la materia
como representando a Canarias.
La actividad
parlamentaria merece el respeto de todos, porque se realiza en representación
de la soberanía popular. La tarjeta del Congreso dice literalmente: "Todas
las autoridades y sus Agentes guardarán la consideración debida al titular de
esta tarjeta y facilitarán su actuación como Diputado a Cortes". No
obedece a un principio de autoridad, sino de respeto a la dignidad de la
función de representante electo del pueblo español. En este caso, del pueblo
canario. Un funcionario público que retiene dicha acreditación sin causa
justificada y se arriesga a que la diputada pierda el vuelo, está incumpliendo
dicha obligación.
La Delegación
del Gobierno, que parece no reconocer como autoridades a los cargos públicos de
Podemos, no se preocupa tampoco por la Ley de Protección de Datos. Desde
ordenadores dependientes de la misma se remite el interesado parte de
incidencias, que en cuestión de minutos termina en manos de determinados medios
de comunicación. La ilicitud llega al extremo de que "La
Provincia-DLP" publicó en su web y en una red social, durante más de dos
horas, los datos personales de Victoria Rosell, incluido DNI y su domicilio
particular.
Y culmina con
la noticia de que se ha accedido al visionado de las cámaras de seguridad, que
salvo causa justificada -delito- o autorización judicial, también podría
vulnerar la ley.
Esta noticia
dice "desmontar" la versión de Victoria Rosell, lo cual resulta
absurdo ya que la actuación de la Guardia Civil grabada en audio no sucede en
el arco de seguridad ni en ningún acceso. Por la misma razón, es falso que con
la grabación de infrinja ninguna norma de seguridad.
Apelación que
solo puede comprenderse desde la evidente intención de descrédito ante la
ciudadanía, y la coartada para proceder a visionar - y veremos si difundir-
ilícitamente las imágenes de la diputada.
En definitiva:
quienes no asumen aún los resultados de las últimas elecciones generales
muestran gran nerviosismo ante la posibilidad de un gobierno de cambio, y por
ello están dispuestos a no reparar en gastos - con dinero público- e incluso en
actuaciones ilegales, para tratar de desacreditar a Podemos, utilizando las
instituciones del Estado contra el rival político. En esta indigna actuación de
quienes consideran las instituciones públicas como su cortijo particular se
enmarca la campaña contra Victoria Rosell, que pretende hacerle pagar por su
trayectoria de lucha contra la injusticia y contra la corrupción, y
desprestigiar a una persona que es muy valiosa para este proyecto.
Lamentablemente,
las instituciones, que deberían estar al servicio de la gente, están en campaña
electoral.
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