CC, PP Y PSOE, LOS TRES PARTIDOS DOMINADORES, HAN DEJADO A TENERIFE
SIN PUERTO DE CONTENEDORES
La Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife
reclama responsabilidades a quienes, con mentiras y errores, han relegado al
puerto a un triste papel subalterno
El nefasto presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, en
reciente declaración, ha reconocido, textualmente ,que “…en Granadilla ya
perdimos el tren de contenedores, pero no el del gas”.
Hay que corregir, antes que nada, al obtuso presidente
portuario. No perdieron ningún tren. Lo dejaron escapar, premeditadamente.
Dejaron escapar el tráfico de contenedores, no para el puerto de Granadilla, a
dónde sabían que jamás iba a llegar, sino para el de Santa Cruz de Tenerife,
puerto que era y es sobradamente capaz para operar como entrada y salida
canaria de mercancías al exterior, sino también como hub del transbordo
internacional. El puerto de Santa Cruz de Tenerife, colaborando con su hermano,
el de La Luz y Las Palmas, podrían haber sido un excelente punto de conexión
entre África y América, rentabilizando su posición geográfica y sus magníficos
recursos materiales y humanos.
Esta ventajosa oportunidad se ha perdido, en el puerto
tinerfeño, por las malas mañas políticoempresariales para justificar una
nauseabunda especulación urbanística centrada en la construcción de un puerto
innecesario. Y en el puerto grancanario, por una idiota gestión administrativa
que ha conseguido arruinar un floreciente negocio.
Ya hace más de dos décadas, en especial desde los tiempos que
fuera presidente de la Autoridad Portuaria el malhadado Suárez Trenor, que el
puerto de Santa Cruz de Tenerife es el objetivo de una despiadada campaña de
desprestigio, para hacer aceptable la construcción de un nuevo puerto. Esta
campaña cuestionaba su capacidad operativa, afirmando que su único futuro era
el de ser base de cruceros turísticos y navegación de recreo o deportiva. En
lógica consecuencia, los estrategas de logística de transporte marítimo
eliminaron de sus planes la escala en Tenerife, porque nadie va a confiar en
una instalación criticada por sus propias autoridades locales.
Todas las personas sensatas de Canarias, desde los ámbitos
profesionales, sindicales, universitarios y de opinión, entre las que se
encuentra desde el primer momento la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa
Cruz, refutaron las tesis a favor de una nueva en Granadilla y en contra de la
instalación capitalina. Se presentó un amplio abanico de argumentaciones,
soportadas en datos objetivos, que se resumen en dos: el Puerto de Santa Cruz
de Tenerife trabajaba a menos de la mitad de su capacidad operativa –ahora,
menos todavía- pudiendo además se ampliado a más del doble de esa capacidad; y
un puerto en Granadilla no podría dedicarse al tráfico de contenedores, porque
el régimen intensivo de vientos lo impediría más de dos terceras partes del
año, por no contar con posibilidad de fondeo, que impide la circulación normal
de buques portacontenedores y por carecer de un hinterland de apoyo logístico,
administrativo, comercial y técnico.
No es que los personajes políticos y empresariales de Tenerife,
con la aviesa colaboración de los tres partidos dominadores, CC, PP y PSOE,
hayan perdido el tráfico de contenedores para el puerto de Santa Cruz de
Tenerife. Es que lo han perdido para toda la isla; y han volatilizado las
posibilidades de que Canarias se convirtiera en un nodo de intercambio mundial
para el transporte marítimo. Y lo han perdido, para satisfacer sus respectivas
codicias. Porque el origen de todo este embrollo está en las abultadas
aportaciones empresariales a las campañas electorales de esos tres partidos, en
apariencia competidores, pero en la práctica, cómplices de toda suerte de artimañas
en contra del pueblo canario. Una de las retribuciones de esas aportaciones
financieras era permitir la especulación urbanística urdida al soco de la
construcción de un puerto innecesario. Ese ha sido el precio, materializado en
el apoyo a arbitrariedades como la promulgación de un Catálogo de Protección de
Especies que permite la increíble salvajada de primar un proyecto empresarial
antes que la defensa de una especie en peligro de extinción. De esta manera
funciona la vil connivencia entre los más bajos intereses políticos y
empresariales, a costa de la conveniencia del pueblo canario.
Ahora, la Autoridad Portuaria de Tenerife se encuentra con el
aterrador problema de que, para poder financiar un proyecto de construcción de
un puerto que a nadie interesa, contrajo un crédito de 120 millones de euros, a
todas luces ilegal, porque esa Autoridad Portuaria carece de ingresos que
garanticen el retorno. El crédito solamente podrá ser devuelto a los bancos
prestatarios, si se consiguen fondos de la Unión Europea. Y, a pesar de todas
las mendaces afirmaciones de gente como Rodríguez Zaragoza, no hay en los
presupuestos comunitarios partida alguna destinada a ese puerto en Granadilla.
La única esperanza que le queda a la Autoridad Portuaria y a la cabeza de
Rodríguez Zaragoza, que podría ser acusado de varios delitos por esta causa, es
conseguir que el Puerto de Granadilla reciba aportaciones de la Red Transeuropea
de Transportes, bajo la trampa de afirmar que ese puerto “es una dársena más
del de Santa Cruz”. Es la única forma de obtener recursos para reintegrar los
fondos dilapidados en esa obra especulativa. Pero se trata de unos fondos que
se van a hurtar de lo que necesitaría el Puerto de Santa Cruz de Tenerife para
salir del marasmo en que lo han sumido todos, los empresarios enredados en la
operación especulativa urbanística, los políticos favorecidos por
financiaciones oscuras y los dirigentes de los estibadores, por razones que
nadie entiende. O que quizá se entienden demasiado.
Después de lustros gritando con toda nuestra fuerza y con toda
la razón, que el Puerto de Granadilla no era adecuado para operaciones de
contenedores, ahora, con las obras en costosa ejecución, el abyecto presidente
portuario Rodríguez Zaragoza viene a reconocer lo que decíamos y tanto nos ha
negado. Pero su responsabilidad es aún mayor. Porque, ya en 2008, hace seis
años, el mismo personaje reconocía “que no había armadoras de contenedores
interesados en operar en el Puerto de Granadilla”. Y, a pesar de eso, las obras
del puerto se han iniciado, sepultando en ellas millones de euros.
Además del tremendo perjuicio causado a las condiciones
portuarias de Canarias, estos políticos y estos empresarios, culpables de un
delito de lesa canariedad, en su alocada carrera por salvar sus bolsillos y sus
cabezas, se disponen a perpetrar otro crimen. Un crimen que no es incumbencia
directa de esta Plataforma, pero que nuestra sensibilidad y nuestra
responsabilidad nos obligan también a denunciar: el proyecto de gasificación.
Como es la única posibilidad de que el Puerto de Granadilla tenga algún uso, y
no le ocurra lo que le está ocurriendo al de Arinaga en Gran Canaria, cuya
ausencia de operación ha motivado que la Unión Europea reclame los fondos
invertidos, esos políticos marrulleros se han inventado otra aplicación para el
de Granadilla: instalar la regasificadora y acoger a los buques gaseros que
traigan tan contaminante combustible fósil. Hay que llamar la atención, en todo
caso, sobre el hecho de que, incluso en el supuesto imposible de que todas las
necesidades energéticas de Tenerife se cubrieran con gas, la demanda anual se
cubriría con tres o cuatro buques al año. Ese es el futuro que le espera al
Puerto de Granadilla, a un costo colosal, en términos de dinero; e incalculable
en términos medioambientales y de las ilusiones populares truncadas.
Por tanto, la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife exige las debidas explicaciones y demanda la dimisión de los
responsables de semejante agresión al pueblo canario, empezando por el
presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, del de la Autoridad
Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, del Cabildo Insular, Carlos Alonso y del
Ayuntamiento de Granadilla, Jaime Gonzáles Cejas, quienes con sus mentiras y
trampas han sorprendido la buena fe popular y han privado a Canarias de uno de
sus dos puertos de entrada y salida de mercancías, el de Santa Cruz de
Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife, 24 de febrero de 2014
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