PARA ENTENDER QUÉ
SUCEDE EN LA JUDICATURA
El corporativismo, la fuerte ideología algo más que conservadora, el
sistema de ascensos y el blanqueamiento de la extrema derecha conforman un
ecosistema tóxico para el tercer poder del Estado
de obra en
Donosti. / J. L.-M.
Es difícil entender qué está sucediendo en el Poder Judicial, convertido en noticia permanente, con una imagen bastante deteriorada ya, tanto para ellos como para nuestra democracia. Es notable el empoderamiento que empuja a varios de sus miembros a colocarse por encima de los otros poderes, o incluso de la ley. Esto se ve con bastante nitidez en los casos en los que hay una carga política y que, desgraciadamente, acaparan el foco (a algunos les gusta), ocultando el buen trabajo que hacen gran parte de los jueces más profesionales y menos políticos. El gran protagonismo al que aspiran unos cuantos requiere tratar por separado una serie de factores propios del sistema (sí, el sistema), cuya combinación produce en esos empleados públicos, (sí, servidores públicos, aunque a ellos les guste más que se les consideren como poder) el resultado que estamos viendo.
1.
En primer lugar, el arraigado sentido corporativo que hace que todos se sientan
muy unidos y solidarios. Aunque cada juez o jueza ejerce poder jurisdiccional
individualmente, todos ellos se sienten unidos por la toga, el escudo, las
puñetas blancas en la bocamanga (los magistrados; los jueces han de esperar),
el haber superado una misma y fuerte oposición de entrada, el compartir un
carácter en cierto modo “sagrado” de su labor, etc.
Este
elemento corporativo tan profundo los une a todos, al margen de que su
ideología sea progresista o conservadora. Es cierto que cuando esa ideología es
semejante provoca una unión aún más sólida, peligrosamente sólida. Joaquín
Urías y Elisa Beni han publicado muchos análisis periodísticos comentando este
aspecto.
2.
El asociacionismo es, en segundo término, un factor muy relevante y no ha sido
suficientemente expuesto ni tenido en cuenta a la hora de valorar cómo
funcionan los jueces, especialmente en vías de recurso. Es entonces cuando el
hecho de pertenecer a una misma asociación (ideología) les hace ser
“solidarios”/“compañeros” con el juez que dicta una resolución que luego es
impugnada. En su recurso acudirán al rescate del compañero desentendiéndose de
si la resolución fue o no acertada. La Constitución prohíbe que los jueces y
magistrados se integren en sindicatos y en partidos políticos. Sin embargo,
como sucedáneo de estos, existen las asociaciones judiciales que ejercen ambos
papeles y algo más. Se supone que son grupos dedicados a asuntos relativos a su
profesión, pero son otras labores las que dan sentido a su existencia: son
grupos de intereses unidos en argamasa por su ideología. Esta tiene una gran
importancia, pues no solo tienen una concepción parecida de cómo entender el
Derecho, sino que los miembros de cada asociación también piensan y votan lo
mismo o muy semejante.
Aunque
existen cuatro asociaciones, son dos las que cuentan. La APM (Asociación
Profesional de la Magistratura), mayoritaria [en el año 2021, según la
estadística judicial del CGPJ contaba con 1.341 asociados de un total de 5.668
jueces españoles], tiene una orientación de derechas y en ella anidan jueces no
solo conservadores muy respetables, sino también de extrema derecha, pues en
algunos casos la línea es delgada. En segundo lugar, Juezas y Jueces para la
Democracia, muy inferior en número de afiliados [unos 450 aproximadamente],
pero con gran presencia en el CGPJ, se sitúa en el ámbito de la izquierda o el
llamado progresismo. El bipartidismo judicial lamina cualquier pretensión de que
alguien que no pertenezca a alguna de estas dos asociaciones (sobre todo la
primera), tenga buenas posibilidades de ascender a mejores puestos. Ambas
asociaciones actúan como lobbies para promocionar a los suyos.
3.
Los ascensos se vinculan a encontrarse muy integrado en “el sistema”,
conservador, por supuesto. Muy vinculado al anterior factor se encuentra este
que supone que solo llegan a puestos relevantes los que son fácilmente
identificables con el statu quo, bien por ser conservadores o, a lo
sumo, muy moderadamente progresistas. En el ámbito judicial, como se señalará,
existe un predominio claro de una mentalidad conservadora. Lo expresó
claramente, incluso con carácter general, Pedro González-Trevijano, el anterior
presidente del Tribunal Constitucional: “Los juristas somos casi todos
conservadores, porque el Derecho es una ciencia conservadora”. Si así se
considera a los juristas, en el ámbito judicial es mucho más acentuado por las
razones antes expuestas. El que no lo es y actúa de modo diferente, o está
simplemente etiquetado o señalado por algún motivo, tiene más difícil, o casi
imposible, ascender. Y no digamos aquellos que han intervenido con mucha
independencia en procesos penales que afectaban a dirigentes de la derecha. A
algunos los siguen persiguiendo como si hubieran quedado estigmatizados. El
incidente en el que se vio envuelto el juez de Prada, cuando el CGPJ anterior
se negó a darle amparo después de haber sido calumniado, es un buen ejemplo de
ello.
Siguen
vivas ideas de la etapa política anterior, no solo en las Fuerzas Armadas, sino
también en la judicatura heredera del franquismo
4.
La ideologización. No es reprobable, sino lógico, que los jueces, como
cualquier otra persona, tengan sus propias ideas sobre la sociedad, sus valores
o la política, y que puedan ser identificables u homologables con partidos a
los que votan como ciudadanos que son. Como también pueden tener su corazoncito
los árbitros de fútbol. El problema es que cada vez hay más jueces que se dejan
llevar por su ideología y juzgan, sobre todo, por sus fobias. Algunos de ellos
no tienen reparo en que se les note muchísimo que se sitúan en un extremo de la
derecha y que maniobran con activismo. Así marcó camino impunemente el juez de
instrucción García Castellón, recientemente jubilado y de lamentable recuerdo,
y siguen otros que ahora andan muy activos en juzgados, audiencias provinciales
(Madrid es un ejemplo), tribunales superiores (Madrid otra vez), Audiencia
Nacional y un montón en el Tribunal Supremo.
Algún
clásico decía que los jueces deben dejar su ideología en la mesilla de noche,
pero no pueden ni quieren. La imparcialidad es un desiderátum.
Ciertamente, como expresó en su discurso de ingreso en la Academia el
magistrado de la Sala III, Pablo Lucas: “Los jueces son independientes en la
medida en que quieren serlo”.
Pero
no, en esta España disruptiva y llena de confrontación, hay magistrados que
llevan varios años ejerciendo un activismo militante donde ponen por encima de
todo, incluso de la ley, sus ideas e intereses y retuercen al máximo aquella.
Un exlíder político les instó, incluso, a actuar y movilizarse, como también lo
hizo a muchos otros colectivos profesionales. A esto se le llama invocación al
golpismo, y para los jueces eso es corrupción.
En
esa acción concurren muchos medios de comunicación, en gran parte nuevos, que
subsisten gracias al dinero público y a los bulos que interesa generar, y
también otros que dejaron de ser medios informativos para convertirse en
panfletos. Generan mentiras y odio, y también protegen y hasta lanzan al
estrellato y les dan masajes periodísticos a jueces de su cuerda, o
descalifican con crueldad o machacan a los que no les gusta.
5.
El blanqueamiento de fuerzas antidemocráticas. Lo que está sucediendo, no
ahora, sino desde hace una década con la judicatura tiene su origen en lo que expliqué en otro artículo:
siguen vivas ideas de la etapa política anterior, no solo en las Fuerzas
Armadas, sino también en la judicatura heredera del franquismo, y en un sector
nada despreciable del ámbito de lo público. Prueba de ello es la lamentable
sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, en 2021, en la que blanqueaba
a Vox, dándole la razón en los recursos (fue el único grupo que lo hizo) sobre
la cobertura jurídica en la pandemia.
Esa
decisión es un correlato lógico al hecho de que, a nivel político, el PP haya
blanqueado totalmente a Vox, gobernando con ellos en varios lugares y
calificándolo, en varias ocasiones, de partido “constitucionalista”.
Estremecedor. Feijóo ha blanqueado a Abascal y a Meloni. Estos y Von der Leyen
se lanzan al autoritario Orbán, a Ayuso, a Milei y a quien haga falta.
Pues
bien, eso mismo está ocurriendo en el ámbito judicial, en el que jueces
conservadores, o antaño moderados, pero movidos por la fobia a quien es ahora
presidente democrático del Gobierno, están siendo muy complacientes con los
compañeros que se lanzan al ruedo del activismo político vestidos con toga. Es
normal que si antes todos los ciudadanos de derechas votaban al PP y ahora tres
millones se identifican con Vox, suceda lo mismo a nivel judicial, donde el
caldo de cultivo ya existía y ha terminado desplazando a no pocos jueces aún
más a la derecha.
6.
Activismo judicial de entidades de extrema derecha e inicio de procesos penales
sin base. En España existe algo sin parangón: un sistema de acción popular
penal ilimitada donde cualquiera puede interponer una querella por casi
cualquier causa (salvo asuntos personalísimos), aunque no tenga nada que ver el
querellante. Esto se puede ver con facilidad, pues numerosos procesos con una
clara finalidad política son promovidos por chiringuitos de extrema derecha que
pululan por la permisividad de algunos jueces. Organizaciones ultras como “manos
sucias, abogados blasfemos” y otras promueven procesos sobre
unas bases inconsistentes, pero que han sido acogidos por jueces ultras.
Del
caso del fiscal general trataremos en otro momento y de la insistencia
esperpéntica del juez Peinado en intentar enjuiciar a Begoña Gómez a toda costa
o por cualquier cosa que aún sigue buscando, respaldado por los otros miembros
de su asociación (APM) y muy protegido por los recursos emitidos por los compañeros
de la Sección en la Audiencia provincial que resolvieron. Estos tres, incluso
han llegado a plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de
Amnistía. Todo cuadra. ¿Esto es la Justicia?
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