LA EXQUISITA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ ELOY VELASCO

 

LA EXQUISITA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ ELOY VELASCO

DIARIO RED

 

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco —

David Zorrakino / Europa Press

 

¿Puede una persona cabal asegurar que, cuando este magistrado, vuelva a su juzgado va a aplicar el derecho de forma imparcial si le llega algún caso que tiene que ver con Podemos o con la violencia sexual?

Cada vez que los partidos de izquierdas y los partidos independentistas han denunciado durante la última década la existencia del lawfare —es decir, la colaboración, a veces tácita, a veces explícita, entre magistrados conservadores que retuercen el derecho para perseguir a sus adversarios políticos y la mayor parte del poder mediático que va publicando las diferentes decisiones judiciales como si tuvieran alguna base, con el objeto de difamar, destruir la reputación y, en última instancia, amañar el proceso democrático mediante una operativa de carácter neogolpista—, cada vez que esta evidencia se ha mencionado en público y muy especialmente cuando se ha hecho desde un lugar institucional, la respuesta automática, contundente y unánime por parte del conjunto de los actores sistémicos —desde la extrema derecha política y mediática hasta sus homólogos en la progresía— ha sido afirmar, primero, que decir tal cosa supone un "ataque a la justicia" y a la "separación de poderes" y, segundo —en su argumentación más fuerte— que tal cosa es falsa dado que todos los magistrados son servidores públicos imparciales, independientes y que no se dejan llevar por su ideología a la hora de hacer su trabajo.

Se nos sigue diciendo insistentemente desde las tribunas y los medios del sistema que no debemos creer lo que están viendo nuestros ojos porque eso es imposible

A pesar de la ya ingente cantidad de evidencias que se han hecho públicas y que contradicen el argumentario sistémico del régimen del 78, a pesar de la filtración del whatsapp de Ignacio Cosidó al grupo parlamentario del PP en el Senado proponiendo hacer a Marchena presidente del CGPJ para controlar la sala segunda del Tribunal Supremo "por detrás", a pesar de las conversaciones entre los corruptos Ignacio González y Eduardo Zaplana sobre la necesidad de traer de vuelta a García Castellón desde su retiro dorado en el extranjero, a pesar de los audios publicados por Diario Red en los que el juez Aguirre se jacta de sabotear la aplicación de la Ley de Amnistía, a pesar de las incontables causas prospectivas abiertas contra Podemos durante años que no han conseguido encontrar ni la más mínima infracción pero sí han servido para llenar de difamaciones los telediarios y las tertulias, a pesar del hecho de que incluso hay un juez corrupto, como el juez Alba, que ha sido sentenciado a prisión por hacer lawfare contra Victoria Rosell, se nos sigue diciendo insistentemente desde las tribunas y los medios del sistema que no debemos creer lo que están viendo nuestros ojos porque eso es imposible. Los jueces —todos ellos, desde Escalonilla hasta Marchena, pasando por García Castellón, Aguirre, Llarena o Peinado— son seres humanos carentes de ideología y, además, en el caso de que la tuvieren, jamás dejarían que sus sesgos ideológicos personales se interpusieran en su operativa jurídica, no paran de repetir.

"Yo entiendo que, cuando eres el quinto partido político que ha perdido las elecciones y tienes cuatro gatos, pero los necesita el segundo partido que ha perdido las elecciones para pasar en número de integrantes al primer partido que ha ganado las elecciones, y, por lo tanto, tu legitimidad es bastante más menor (sic) que si hubieras ganado las elecciones —que no las has ganado—, pero ya, cuando eres el quinto y tienes que formar parte de una coalición de gobierno y el gobierno te tiene que dejar lo que llamábamos en el colegio "las asignaturas Marías" pa ti, las importantes pa mí —no sé si se han creído muy importantes, pero es lo que les hicieron— [...] de repente se creyeron que nos estaban enseñando el mundo, a cambiar, nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento, y el expreso, y el consentimiento tácito, y las actuaciones consecuentes, y los actos consecuentes, y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero del Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás."

Tal y como ha publicado El País —con vídeo incluido—, estas son las palabras textuales que pronunció el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, hace dos semanas mientras impartía una charla en la V Semana Internacional del Compliance, unas jornadas en las que los participantes pagan entre 300 y 400 euros por escuchar a los ponentes.

Más allá del evidente clasismo que revela la última parte de la alocución del magistrado y más allá también de su disquisición contraria a la democracia parlamentaria en la que reduce la legitimidad de un partido para gobernar cuando no ha sido el más votado en las elecciones generales, más allá del hecho de que Velasco parece desconocer la Recomendación General número 33 de la CEDAW de Naciones Unidas y o el mandato incluido en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que obliga a los operadores judiciales a la formación continua en materia de consentimiento, más allá del contenido de las palabras del juez, es obligado preguntarse: ¿Puede cualquier observador mínimamente imparcial —no hace falta que sea de izquierdas— abstraerse del resentimiento y la animosidad contra un partido político en concreto y contra el feminismo en general que se desprenden de forma obvia de la intervención de Eloy Velasco? ¿Puede una persona cabal, que no esté repitiendo argumentario sistémico, asegurar que, cuando este magistrado, vuelva a su juzgado va a aplicar el derecho de forma imparcial si le llega algún caso que tiene que ver con Podemos o con la violencia sexual? Si la respuesta a estas dos preguntas es afirmativa, quizás hace falta volver a ver el vídeo una vez más.

¿Hasta dónde podría llegar con una copa de vino en una cena con jueces amigos y de ideología coincidente?

No hay que ser ni de izquierdas ni feminista para defender que, si algunos de los jueces de un país —a la hora de afrontar procesos judiciales con contenido político— no son capaces de bajar el dial de sus fobias ideológicas, entonces lo que llamamos "justicia" está en grave peligro y, con ella, también la democracia. Más allá de la anécdota, el poso que dejan estas palabras del juez Eloy Velasco es un poso de sospecha. Después de escuchar al magistrado en un corte de apenas un minuto y en el que se dirige a unas cuantas personas de su gremio en una charla que no se emite en abierto pero que tampoco tiene un carácter completamente privado, cualquier persona no excesivamente suspicaz puede preguntarse legítimamente que no será capaz de decir Velasco cuando esté departiendo con algún compañero de trabajo a solas en el juzgado. Si esto es lo que se atreve a decir ante decenas de desconocidos, ¿hasta dónde podría llegar con una copa de vino en una cena con jueces amigos y de ideología coincidente?

Si algo demuestra la noticia publicada por El País es que el mantra sistémico de la imparcialidad judicial no solamente es falso y de un infantilismo vergonzante sino que, además, tomarlo por bueno es negar la existencia de una de las máximas amenazas a las democracias modernas. Y no hace falta decir que ocurre cuando se cierra los ojos ante una amenaza.