¿CÓMO VA LA MONARQUÍA? POS,
MEJORANDO PA’PIOR
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ
Esa era la respuesta permanente que daba Seño Nené, un viejo barquero del Pris tacorontero que alguna vez he recordado, cuando le preguntaban por su salud. Así fue hasta el mismo día en que murió de vejez e inanición, y esa es la que se da hoy por unos y otros si preguntamos por la monarquía hispana que está ya en ese estado.
Con la “fugona”
–como decimos en Canarias- del Rey Demérito, sintiendo que una auténtica espada
de Damocles pende de un triste hilo sobre las coronadas testas borbónicas, el
politiqueo se ha lanzado en tromba en defensa de la “Institución”. No solo la
derecha cavernaria del PP, VOX y Cs, que es lo suyo, sino provectas voces de
una supuesta izquierda que se está quedando anclada y momificada en la memoria
de una Transición en que agacharon la cerviz y renunciaron a ideologías ante
los ruidos de sables que agitaban los cuarteles en ese entonces.
La dictadura
fascista planteaba perpetuarse. Para ello sometió a Referéndum en julio de 1947
la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, en la que se instauraba el Reino
de España con Franco como Jefe de Estado y con Trono vacante hasta el momento
que Franco decidiera quién sería el monarca. Basado en esa Ley –que se publicó
el 18 de Julio de 1947- el Caudillo de España designó, en Julio de 1969
(siempre ese mes trágico en España y sus colonias) a Juan Carlos de Borbón y
Borbón-Dos Sicilias como sucesor a la Jefatura del Estado, con el título de
“Príncipe de España” que, para acceder al cargo, juró el 22 de Julio de 1969 su
“fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales
del Reino”, saltándose los hipotéticos derechos dinásticos que podría aducir su
padre Juan de Borbón. A la muerte de Franco, 20 de noviembre de 1975, dos días
después, el todavía Príncipe de España fue coronado en las Cortes como Rey con
el nombre de Juan Carlos I. Sin embargo, la Ley de Sucesión permaneció vigente
hasta 1978 después de que su padre, obligado por la fuerza de los hechos,
renunciara oficialmente a sus “derechos” dinásticos.
A partir de aquí
comienza el constructo social y cultural que constituye el Rey Juan Carlos,
constructo que se ha formado con la ayuda de una clase política desideologizada
y acobardada ante unos poderes facticos que continuaban –y continúan- intactos
desde el franquismo y unos medios de comunicación, de la misma procedencia, que
han formado un muro impenetrable que protegía hasta hace poco la figura, además
inviolable, del monarca. El golpe del 23 F del 81 –el más chapucero de la
nutrida colección de los carpetovetónicos golpes de estado- fue la herramienta
más precisa, y preciosa, para el apuntalamiento de la neomonarquía impuesta por
el Caudillo. Como resaltó el estudio sobre ello que publicó la UNED “la derrota
(del 23F) tuvo la virtud de consolidar formalmente el sistema de la Transición,
aunque al precio de realizar un giro conservador aceptado por todos los
partidos” ¿Quién, de los que sufrimos aquello, no recuerda las portadas,
inflamadas de espíritu patrio, de El País y Diario 16 en su defensa de la Constitución
y la figura de Juan Carlos? Casi superaban a las del propio ABC. El único
islote de cordura que recuerdo fue el que publicó en el espacio de “Sociedad”
de El País, el 8 de marzo siguiente,
Francisco Umbral –que confieso no fue santo de mi devoción- con su
caustico estilo de punzante ironía haciendo un burlesco análisis de la
vulnerabilidad democrática y la borreguil ciudadanía que la abrazaba “Aquí
hemos pasado de la reticencia intelectual o menestral ante la exótica figura de
un Rey, después de medio siglo sin tal, a la entrega absoluta en sus brazos. Él
nos ha salvado, él ha salvado la democracia, él se ha salvado a sí mismo. Ya
tenemos un padre, un César, esa cosa freudiana que los españoles buscamos
siempre para que piense por nosotros. (...) Antes pasábamos de democracia
porque no nos casaba bien con la Corona, y ahora pasamos porque ya está la
Corona para hacer la democracia”.
Pilar Urbano ya
apunta en la dirección correcta en su libro “La gran desmemoria” (2014) en que
nos aparece un Juan Carlos como figura que, desde las bambalinas, mueve las
marionetas que representaron una tragicomedia cuando afirma que el Golpe “sale
de Zarzuela y sigue en Zarzuela desde julio del 80 hasta la segunda semana de
febrero de 1981” aunque, bastante antes, Iñaki Anasagasti ya analizaba en su
libro “Una Monarquía protegida por la censura” (2009) los claroscuros de la
figura del Rey y la sumisión de los medios informativos que fabricaron el muro
del silencio a su alrededor. Anasagasti desvela una conversación en julio 1980
entre el Secretario de la Casa del Rey, el general Sabino Fernández Campo, con
el también general José Ramón Pardo de Santayana sobre la “solución Armada” de
un “Gobierno de Concentración Nacional” que podría incluir a un general a la
cabeza, tal vez el mismo Alfonso Armada,
y que, vista la débil posición de Adolfo Suárez y la pujanza de las
acciones de ETA –que ya había atentado contra altos cargos militares- parecía contar con el respaldo de las fuerzas
políticas incluido el PSOE de Felipe y Guerra. Sabino afirmaba que “al Rey ya
se le ha caído la venda de los ojos…y se da cuenta de quién es Suárez”.
Hoy los datos son
tantos que, aunque habrá que esperar a que se desvele lo oculto en la
documentación en esos tensos momentos de los archivos del Estado –si es que se
hace alguna vez- todo indica que el 23 F era ampliamente conocido por Juan
Carlos con mucha antelación. Una conversación de Carrillo –uno de los pocos que
no consta en la nómina de presuntos desbancadores de Suárez- con Sabino
Fernández Campos después del 23 F le contaba que el monarca le había comunicado
“su impaciencia porque entre todos lograran librarle de Suárez de la
Presidencia del Gobierno” y añadía Carrillo “si eso me lo dijo a mí ¿Qué no le
diría a alguien como Milans del Bosch?”. Hasta que no surgió sus efectos
mediáticos para crear el entonces inexistente carisma del monarca, no se paró
la parodia. El propio Adolfo Suárez
reconocía a Victoria Prego – y en la red está colgada la entrevista- que “las
encuestas que el Gobierno manejaba dejaban claro que la sociedad pedía una
República”. A la una de la madrugada, un Juan Carlos, mayestático, revestido de
todos sus arreos militares con cacharrería medallera incluida, daba la
archiconocida entrevista en TVE que lo elevaría a los altares de salvador de la
patria y la democracia.
En verdad que el
hilo del que cuelga esa espada damocliana venía rompiéndose desde 2011, cuando
por primera vez, miembros de la familia real se sientan en un banquillo con el
“Caso Nóos” que termina con multa de 265.088,42 € para la Infanta Cristina como
responsable civil a título lucrativo y con cárcel para su marido Iñaki
Urdangarín. La infanta fue desposeída de su título de marquesa de Palma aunque,
gracias al Cabildo Gomero y a su Presidente D. Casimiro Curbelo, el teatro de
San Sebastián, la villa capital de la isla, conserva el acrisolado nombre de
“Infanta Cristina”. Juan Carlos pronunció en el tradicional discurso navideño
de ese año que “no se pueden aceptar las conductas irregulares, y es normal que
la sociedad reaccione contra ellas” para terminar con un rotundo “En España la
justicia es igual para todos”.
Solo un año más
tarde de tan igualitaria expresión, en 2012, con el “incidente” de Bostwana,
fatal para el desgraciado elefante, pero grave también para el monarca, su
cadera y su compañera de cacería y cama la tal Corina. Dicho incidente, tras su
foto de prensa de gran cazador blanco con elefante muerto, motiva su petición
de perdón a la opinión pública al salir de la clínica. Con semblante
compungido, casi lloroso, pronunció aquel “Lo siento mucho. Me he equivocado y
no volverá a ocurrir” aunque, la verdad es que empieza a sentirlo en serio
cuando se publica que la justicia suiza, con faldas y comisarios chorizos
incluidos, estaba detrás de sus asuntillos multimillonarios como “conseguidor”
de contratos hispanosaudíes. La prensa comienza a sacar toda la ingente
cantidad de basura corrupta, los líos de faldas y el fabuloso tren de vida de
“nuestro” –es un decir- Rey en momentos en que el Estado y sus habitantes
afrontaban las draconianas condiciones que pactaban con la derecha europea. Es
todo tan archiconocido que no voy a repetirlo. Basta con la prensa y hasta con
la tele-basura que tanto abunda.
La situación se
hace tan delicada que en junio de 2014 Juan Carlos I se ve obligado a abdicar
en su hijo Felipe, que pasa a ser Felipe VI y, espero, Último. El Ejecutivo
español aprobó un decreto por el que Juan Carlos obtiene “vitaliciamente el uso
con carácter honorífico del título de Rey con tratamiento de Majestad y con
honores análogos a los establecidos para el heredero de la Corona, Príncipe o
Princesa de Asturias”. Como día sí y día también iba saliendo a la luz el
origen de la fortuna de su papaíto, usando la pandemia vírica se intentó por
los asesores reales poner un tapafuego al avance imparable del deterioro de la
monarquía hispana. En el inicio de los confinamientos, a pocas horas de
declarado el Estado de Emergencia y con todo el mundo mirando las noticias de
los contagios y las medidas draconianas adoptadas, Felipe VI comunica que
renuncia a la herencia de su padre en las Fundaciones turbias que tenía Juan
Carlos, herencia que conocía desde, al menos, un año antes por haberla
publicado en diario inglés “The Telegraph”. Golpe teatrero de efecto si no
fuera porque no se puede renunciar a algo que aún no se tiene y que, para más
inri, la única herencia paterna que ya posee es la Corona, y no parece muy
dispuesto a tirarla al museo de la historia donde ya debería estar. La maniobra
no funcionó lo suficiente vistas las cada vez más graves acusaciones que
siguieron cayendo sobre la corrupción monárquica.
Como todo caso de
corrupción, una vez que se destapa, es irrefrenable. Este del Rey Demérito
amenaza con arrastrar tras de sí a la Institución impuesta en su día por el
dictador fascista. Como siguiente jugada en la defensa de la monarquía, entre
el actual Rey y el Gobierno, o al menos una parte del mismo, se trama la
subrepticia salida de Juan Carlos del territorio español con destino desconocido,
con medios y seguridad desconocidos, en maniobra de alto secreto que parece más
bien, dicho en canario, una fugona que un veraneo real. Toda la caverna se ha
lanzado al ruedo esgrimiendo el concepto clave de que el responsable de sus
actos es Juan Carlos y no la Institución monárquica. Incluso se pone como
ejemplo el célebre “tres per cent” catalá de Jordi Pujol que denunciara
Maragall, en que, aunque sea el Honorable el responsable, no daña a la
Generalitat. Incluso el Presidente Sánchez incide en que “las conductas
irregulares comprometen a su responsable y no a la institución” para asegurar
de palabra y por escrito que “el PSOE se siente plenamente comprometido con el
pacto constitucional en todos sus términos y extremos”. Falso razonamiento. Si
el Honorable President de la Generalitat o el Presidente del Gobierno español,
que para el caso vale igual, “comete irregularidades”–que forma más elegante y
fina de llamar a los latrocinios a mansalva- la Institución no tiene por qué
ser objeto de ataque. Se destituye al cargo, se le somete a juicio y se VOTA EN
UNAS ELECCIONES al sustituto que proceda. ¿Podemos, Constitución Española en
mano, destituir al Rey de su cargo INVIOLABLE de Jefe del Estado? ¿Convocar
unas elecciones y sustituirlo por otro electo por la ciudadanía? ¿Verdad que
NO? Por eso lo que hay que eliminar es la Institución, la MONARQUÍA, ilegítima
de origen, que protege y regula esta anormalidad democrática.
Deleznable, a mi
entender, la postura del Presidente Sánchez y del aparato del PSOE que,
desgraciadamente y cada vez más, me recuerda al felipismo que amparó aquella
transición que se inició con un falso golpe de estado gestado en la Zarzuela.
Gomera a 6 de
agosto de 2020
Francisco Javier González
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