PENSIONES QUE NO DAN PARA VIVIR
ÁLEX BLASCO GAMERO
La mujer del tiempo
del 24h tenía razón: “El invierno ha vuelto a España”. Nubes grises, con ganas
de lluvia, cubren el Palacio de Cibeles. Frente a él, algunos turistas
asiáticos miran de reojo la situación con cara de sorpresa y otras personas
circulan al ritmo ligero de la capital alrededor de una treintena de personas
mayores de 60 años, bien abrigadas, que se agolpan reivindicando “pensiones
dignas”, un acto que repiten todos los lunes desde hace un año bajo el eslogan
“los lunes al sol”. Doce meses en los que “nunca fuimos muchos, pero
aguantamos”, se escucha a uno de los manifestantes que sujeta con fuerza la
pancarta de la convocatoria.
“Hablamos de más de
8 millones de personas en España dependientes de una pensión del Estado”,
cuenta Pedro Cabrera, uno de los portavoces del movimiento social Pensionistas.
Los manifestantes insisten en la necesidad de que las pensiones crezcan a la
par que el IPC porque si no, no darán ni para una vida digna, “ni siquiera para
una mísera”. Unas pocas decenas representan hoy a los 8.807.128 millones de
pensionistas. Un total de 9,7 millones de pensiones, 6 millones de ellas por
jubilación, 3,5 por incapacidad, orfandad, viudedad y las denominadas “a favor
de familiares”, según datos de la Seguridad Social de febrero.
¿CÓMO ES POSIBLE QUE DURANTE AÑOS PUDIÉRAMOS
TENER UNA HUCHA SOCIAL Y HOY NO? ¿QUÉ HAN HECHO PARA QUE LA SITUACIÓN HAYA
CAMBIADO TANTO SI YA NO ESTAMOS EN CRISIS?
La estadística dice
que la media de las pensiones es de 985 euros, con una variación de hasta 400,
dependiendo de la comunidad autónoma –el País Vasco, con 1.225 euros de media,
tiene la media más alta y Extremadura, con 820, la más baja–. “La realidad es
que existen pensionistas que, cobrando menos de 500 euros al mes, tienen que
hacerse cargo de un copago farmacéutico de 200 euros… Imagina a alguien que por
un accidente de moto o una enfermedad se ha quedado en silla de ruedas. ¿Qué
hacemos? ¿Qué vida puede tener esa persona?”, dice una señora indignada.
Algunos analistas
están sembrando dudas sobre si el Estado puede seguir sosteniendo el coste de
las pensiones. Y los partidos de la derecha cada día hablan más abiertamente de
privatizarlas. “¿Dónde está el dinero del Fondo de Reserva? ¿Cómo es posible
que durante años pudiéramos tener una hucha social y hoy no? ¿Qué han hecho
para que la situación haya cambiado tanto si ya no estamos en crisis?”, se
pregunta Pedro.
Todos insisten en
explicar cómo se pagan las pensiones –“con aportaciones salariales de cada
trabajador”–, y añaden que, sobre el papel, un alto nivel de empleo y unos
salarios correctos deberían garantizar un fondo para las pensiones más que
suficiente. Pero la realidad es que, primero el gobierno del PSOE de Zapatero,
con la crisis, y después el del PP de Rajoy se interesaron en olvidar.
Como contó Emilio
de la Peña, la reforma laboral de Zapatero de 2010 facilitó el despido y dio
más posibilidades a las empresas a la hora de incumplir convenios. En 2012, el
Gobierno de Rajoy aumentó todavía más las facilidades para despedir trabajadores,
abarató aún más su coste y estableció modelos de contratos más laxos. ¿El
objetivo? Que las empresas se desprendieran de una parte de sus plantillas para
luego sustituirlas por nuevos trabajadores con peores condiciones y salarios.
La devaluación
salarial y el aumento del trabajo precario tuvieron su reflejo en las
pensiones. En los peores momentos de la crisis, el sistema de pensiones entró
en dificultades al disminuir el número de cotizantes a la Seguridad Social.
“Rajoy lo vio claro, y aprovechó electoralmente la impopular congelación de las
pensiones de Zapatero en su propio beneficio con una subida inútil del 0,25 por
ciento. Una subida en muchos casos de un euro. ¡Uno!”, comenta indignado José
Luis Ruiz Durán, del movimiento Pensionistas. Una cifra insuficiente teniendo
en cuenta el aumento del coste de la vida desde el inicio de la crisis.
“El PP, al igual
que el resto de la derecha, lo que quiere es lo que dijo Rajoy cuando era
ministro: ‘quien quiera seguridad, que se la pague’. Y quien no tenga dinero,
¿qué?”, una situación que Ruiz Durán compara con la de Argentina, país en el
que residió su hija y que dejó por falta de “seguridad económica”, la misma
dirección, dice, “hacia la que nos están empujando la derecha española y
europea poco a poco”. La derecha ha propuesto en los últimos días un modelo
camuflado con el término “mixto”, o lo que es lo mismo, acompañar las pensiones
públicas con planes privados. “Esos planes, para empezar, dependen de un valor
actual y no de futuro, y además provocan que los sueldos se reduzcan aún más.
Si a eso añadimos el copago, el aumento del precio de la vida, la privatización
de la educación, de la sanidad… Olvidémonos del futuro. Plantean sustituir el
Estado social por uno de caridad”, se lamenta.
“El problema es que
no podemos salir en defensa de ningún partido porque de lo que prometen a lo
que hacen hay mucha diferencia. ¿De qué nos sirve escuchar al PSOE si cuando
pudo no firmó la última actualización de la Carta Social Europea del año 2000
(documento de 1961 para “conseguir una unión más estrecha entre los miembros
promoviendo su bienestar social)?”, nos comenta Ruiz Durán. Esta es una
proclama que exigen los pensionistas desde hace años y que situaría las
pensiones mínimas en 1.084 euros, más del doble de los 421,40 euros concedidos
por incapacidad, de los 200,70 euros por orfandad o los 599 euros por
jubilación en los que se sitúan algunas de las categorías mínimas en nuestro
país.
EL SISTEMA DE
PENSIONES NECESITA UNA REFORMA PROFUNDA DEL MODELO TRIBUTARIO Y LABORAL. CUANDO
PROPONEN UNA BAJADA DE IMPUESTOS, LA REALIDAD ES UN DESEO DE DESMONTAR LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
A un lado de la
pancarta se reúnen las mujeres de la concentración. “Sánchez ha hecho
propuestas positivas que luego no han llegado a nada por falta de acuerdo; han
hecho pocos esfuerzos”, dice Isabel Rodríguez Moreno, entre miradas de
aprobación. Desde la distancia, otras manifestantes intentan explicar su
situación. “De qué sirve trabajar 43 años, como es mi caso, si jubilándote a los
63 te sancionan reduciéndote la pensión un 10 por ciento para siempre”. “De qué
sirve estar cuidando de los hijos, de los padres y tu marido, hacerte cargo de
los cuidados si el día de mañana, cuando eres tú la persona que necesitas esos
cuidados, te quedas con una pensión tan baja que no puedes ni vivir”, se
preguntan. Problemas comunes entre muchas de ellas que muestran un ejemplo de
la brecha de género: la diferencia en el valor de las pensiones fue de un 36
por ciento en 2018. Valor que ha aumentado tres puntos en los últimos cinco
años.
Los manifestantes
lo tienen claro y es Juan Miguel Fernández Ruiz, economista, quien lo resume:
“El objetivo es beneficiar a las entidades privadas, a sus amigos. Necesitan
que el hospital La Paz, el 12 de Octubre y el resto desaparezcan para poder
hacerse con ese sector. Y lo mismo pasa con las pensiones y los planes privados
de los bancos, con la educación y las universidades privadas. Cuando no hay
nichos de los que sacar dinero suficiente, lo que queda es acabar con la
competencia y, en este caso, eso se hace cargándose la Seguridad Social. El
sistema de pensiones necesita una reforma profunda del modelo tributario y
laboral. Cuando proponen una bajada de impuestos, la realidad es un deseo de
desmontar los servicios públicos. No sirve para nada crear una Ley de
Dependencia si no se destina una partida para aplicarla, por citar un ejemplo”.
La concentración
llega a su fin, uno de los pensionistas saca un pastel de chocolate del súper
con una vela en forma de uno, mientras otro rebusca en sus bolsillos hasta
encontrar un mechero, lo prende y lo acerca a la vela para iniciar la
celebración. El viento lo evita dos veces, a la tercera lo consigue. Algunos
gritan “¡por un Estado social!”, otros “¡por las pensiones dignas!”, los demás
simplemente sonríen mientras soplan. El cielo se despeja y la gente sigue
caminando como si esa reunión no fuera con ellos, los turistas extrañados
cambian de asiáticos a nórdicos. Lo pensionistas prometen que volverán,
volverán todos los lunes a la puerta del Ayuntamiento, y los segundos martes de
mes frente al Congreso.
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