HACER POLÍTICA CON
LOS MUERTOS
JUAN
CARLOS ESCUDIER
En
medio de la polémica sobre si la CIA avisó o no en mayo a los Mossos de un
atentado en las Ramblas y el feroz desmentido de la Generalitat y de su
responsable policial, Josep Lluís Trapero, el Gobierno ha optado por mantener
un clamoroso silencio con el que pretende que las autoridades catalanas se
cuezan en su propio jugo y que, de paso, le mantiene a salvo de cualquier
responsabilidad en los supuestos fallos de seguridad que se habrían cometido.
Como
se advertía aquí pocos días después de los atentados, cuando aún parecía
corpórea esa fingida unidad entre administraciones, unos y otros habían
empezado a jugar irresponsablemente con la tragedia, bien para demostrar que
estábamos en presencia de un incipiente Estado, el catalán, que había
demostrado su mayoría de edad con la rápida eliminación de la amenaza por parte
de su policía, bien para hacer ver que el separatismo es una rémora ante
fenómenos globales como el terrorismo yihadista. La unidad era tan mentirosa
que se rompió en añicos el día de la manifestación de Barcelona.
Para
destacar la eficacia de los Mossos no era necesario extender ante ellos una
alfombra blanca porque lo inmaculado no existe y una limpieza obsesiva de los
cristales hace más visible cualquier mota de polvo. Con la vista puesta en el
1-O, que era en lo que ambas partes estaban pensando desde el primer momento, a
la Generalitat se le fue la mano en la glorificación policial y en su empeño de
construir un icono en torno a la figura de Trapero. De ahí que se interpretara
como un ataque todo lo que pudiera poner en cuestión su labor en los atentados.
Se
ignoró algo tan básico como que cualquier atentado es en sí mismo un fallo de
seguridad, sobre todo si sus autores son una docena de individuos que han
dedicado un año a su preparación. Y desde el primer momento existió el empeño
de descalificar las informaciones sobre la alerta no oficial facilitada por la
policía belga sobre el imán de Ripoll y la del aviso de la inteligencia de EEUU
sobre una posible acción terrorista en la principal arteria de Barcelona.
Lo
lógico hubiera sido asumir que ambas comunicaciones se habían producido y que
se investigaron sin resultado o se consideraron tan vagas como obvias, pese a
lo cual se reforzó el dispositivo policial en las Ramblas. Nadie en su sano
juicio podría atribuir la culpa de los atentados a otros que no fueran los
asesinos ni ver responsabilidad alguna en los Mossos, que, como todo el mundo
entiende, carecen de infalibilidad, algo que no les resta mérito alguno a los
ojos de la ciudadanía.
En
lugar de ello, se prefirió jugar una baza más arriesgada e interpretar que
cualquier detalle que viniera a empañar mínimamente la actuación policial
formaba parte de una orquestada campaña de desprestigio. Ello fue lo que llevó
a negar por tres veces la existencia del aviso de la CIA o del conglomerado de
inteligencia USA que, como se ha demostrado ahora, tuvo a los Mossos como
destinatarios.
Así,
pese a que resulta obvio que dicha advertencia nada tenía que ver con los
atentados por la simple razón de que el objetivo inicial de los terroristas no
era atentar en las Ramblas sino atacar con explosivos distintos edificios de
Barcelona, la Generalitat se ha visto obligada a mantener su versión y a
contemplar cómo se desmoronaba buena parte de su propaganda.
El
Gobierno, por su parte, ha optado por una estrategia más inteligente pero
carente de la más mínima inocencia. Deslizó primero, escondiendo la mano con la
que otros lanzaban las piedras, que los atentados hubieran podido evitarse si
se hubiera permitido a la Guardia Civil inspeccionar la explosión de Alcanar,
que fue la que precipitó posteriormente la acción de las Ramblas. Asumió
después el ‘martirio’ de la manifestación y los abucheos a Rajoy y al jefe del
Estado. Finalmente, ha apretado el nudo corredizo que la Generalitat se colocó
alrededor del cuello a modo de collar.
Para
explicar esto último tan sólo hay que detenerse en la revelación de una nueva
notificación de la inteligencia norteamericana fechada el 21 de agosto, cuatro
días después de los atentados, en la que se reitera el aviso de mayo. La
comunicación, dirigida al organismo de Interior encargado de coordinar la lucha
antiterrorista de los distintos cuerpos de seguridad, parece solicitada
expresamente para desnudar a la Generalitat y a los Mossos y contar con el as
de una partida en la que se ha querido hacer política con los muertos.
Entre
tanto, se echa en falta una mesa de trabajo en la que los distintos
responsables antiterroristas valoren privadamente los posibles errores
cometidos para intentar prevenirlos en el futuro. Errores que son tan globales
como el fenómeno que se trata de combatir. Si fallaron los Mossos, también lo
hicieron el resto de cuerpos policiales y el CNI, misteriosamente desaparecido,
como si no estuviese llamado a esa cena. No tendremos miedo pero es por pura
inconsciencia.
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