POR QUÉ LA CONTRARREFORMA
VA POR LULA
MARTIN GRANOVSKY
El
juez Sergio Moro no solo condenó a Lula. Dejó al político más popular de la
historia brasileña cerca de la inhabilitación política a 15 meses de las
elecciones presidenciales. Ahora todas las miradas se posan en los camaristas
de Porto Alegre. Si mantienen la condena, Lula no podrá ser candidato en
octubre de 2018 y Brasil tal vez continúe en manos de otro gobierno que
represente la constelación de poder: los bancos transnacionales, los grandes
grupos nacionales de la industria y las finanzas, los oligopolios mediáticos,
una parte decisiva del Poder Judicial y las aristocracias políticas estaduales
con representación parlamentaria.
Con
su sentencia contra Luiz Inácio Lula da Silva, Moro contestó el dilema que se
planteaban los dirigentes del Partido de los Trabajadores en los últimos meses.
Unos decían: “Si Lula sigue creciendo en popularidad será cada vez más difícil
que un juez lo condene, más todavía sin pruebas contra él”. Otros pensaban lo contrario:
“Incluso sin otras pruebas que simples palabras Moro lo condenará, y eso es
justamente porque Lula viene creciendo en las encuestas. Si el juez no falla
contra él, ¿qué sentido habrá tenido el golpe contra Dilma Rousseff dado por el
establishment brasileño?”. El segundo planteo demostró ser el más aproximado a
la realidad.
Tras
un año de impopularidad, la figura de Lula recuperó buena parte de su imagen
positiva. La última encuesta fue difundida el 26 de junio por Datafolha, que
pertenece a un grupo empresario antipetista con cabeza en el diario Folha de
Sao Paulo. Si las elecciones fuesen ahora Lula ganaría la primera vuelta con el
30 por ciento frente al 16 por ciento del ultraderechista Jair Bolsonaro y el
15 por ciento de Marina Silva, la carta para Brasil de Jaime Durán Barba para
Brasil, el estratega del presidente argentino Mauricio Macri. Si Lula no fuera
candidato, Marina vencería a Bolsonaro.
Según
el mismo sondeo, Lula le ganaría en segunda vuelta a Geraldo Alckmin, del
conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña, a Joao Doria del mismo
partido (el millonario que hoy está al frente de la intendencia de San Pablo),
y a Bolsonaro. En cambio empataría con Marina Silva en un 40 por ciento.
El
sistema de ballottage en Brasil es el clásico. Hay segunda vuelta salvo que en
el primer turno el candidato obtenga el 50 por ciento de los sufragios más un
voto. Lula dos veces y Dilma otras dos ganaron en las dos vueltas en 2002,
2006, 2010 y 2014.
Obviamente
la medición de Datafolha no tomó en cuenta la condena de Lula a manos de Moro.
Si en los próximos meses Lula conserva la intención de voto, la expectativa del
PT sobre los camaristas de Porto Alegre tiene en cuenta tres escenarios.
El
peor escenario es que el tribunal confirme la sentencia de Moro antes de
octubre de 2018 e invaliden de ese modo los derechos políticos de Lula, que
perdería la facultad de ser candidato.
El
segundo escenario es que los jueces no se pronuncien antes de las
presidenciales y dejen a Lula bajo sospecha pero con derechos políticos.
El
mejor escenario es que den vuelta el fallo de primera instancia.
La
esperanza del PT tiene un antecedente con nombre y apellido: Joao Vaccari. Se
trata del tesorero del partido que fue absuelto por este mismo tribunal federal
con sede en Porto Alegre que debe resolver la suerte cívica de Lula. El
defensor Luis Flavio Borges en la causa abierta contra Vaccari --fue acusado
por supuesta participación en el esquema de coimas de Petrobrás-- felicitó a
los camaristas porque “la acusación y la sentencia se habían basado solo en la
palabra de un delator”. Moro había condenado a Vaccari a 15 años de prisión.
La
condena de Moro contra Lula se produce justo al día siguiente de que el Senado
dio la media sanción que faltaba a una ley de reforma laboral que liquida el
poder de negociación de los sindicatos, destruye los convenios colectivos,
inventa una figura de empleo intermitente y, a contramano del mundo, sube la
cantidad de horas de trabajo. El presidente de facto Michel Temer impulsó la
ley regresiva a pesar de que tiene solo el 7 por ciento de popularidad y está
acusado por coimas. Nadie apostaría ni una caipirinha por su continuidad en el
cargo. Pero si de todos modos cayera, sería reemplazado por un político
designado por los dos tercios del Congreso hasta completar el período, que se
cumple el 31 de diciembre de 2018.
Con
o sin Temer, el ataque contra la protección laboral y la sentencia contra Lula
son parte del mismo golpe: impedir que el PT renazca, ya que hoy solo cuenta
con el ex presidente como candidato viable, y consolidar en el tiempo lo que el
ex asesor de Lula y Dilma Marco Aurélio García llama “la Contrarreforma”. O sea
la vuelta de Brasil a los tiempos de la esclavocracia. Buscan que América
Latina entera aprenda la lección y pierda todo sueño de justicia.
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