EL CABILDO ACEPTA CONVOCAR CONSEJO INSULAR DE VIVIENDA
PARA ABORDAR EL DRAMA DE LOS DESALOJOS Y DESAHUCIOS
·
GOBIERNO
INSULAR Y ONGS ADMITEN QUE EN LA ISLA NO HAY RECURSOS DE ACOGIDA PARA FAMILIAS
CON MENORES QUE SE QUEDAN SIN TECHO.
La reunión celebrada el viernes en el Cabildo de Tenerife entre
representantes de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna Montaña
Clara, la Plataforma de Afectados de Visocan en San Matías, Cáritas, la
directora insular de Vivienda (Marta Arocha), el consejero del grupo insular de
Podemos Julio Concepción, y el concejal de Izquierda Unida en Granadilla de
Abona Félix Hernández, se saldó con el acuerdo de convocar Consejo Insular de
Vivienda en las próximas semanas para analizar en profundidad los problemas
derivados de los desahucios y de desalojos como el que dejó en la calle la
semana pasada a alrededor de 40 familias que habían ocupado un edificio en
construcción de San Isidro (Granadilla de Abona) que quedó abandonado en 2008 y
que es propiedad del banco Santander. La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) no pudo asistir al encuentro pero siguió de cerca la reunión.
Durante el encuentro quedó claro que en Tenerife no
hay red de viviendas ni centros públicos ni privados en los que acoger a las
familias con menores víctimas de desahucios o desalojos, con lo que la
principal opción que se daba hasta ahora a esas familias era dividirse: madres
y menores se derivaban a los recursos de acogida existentes para mujeres,
mientras que los padres eran remitidos a recursos para hombres. Y, como se
explicó durante la reunión, desde la entrada en vigor del proyecto Base 25,
Cáritas y el resto de colectivos y administraciones que trabajan en esta
iniciativa intentan negociar con los bancos un alquiler social o gestionan la
búsqueda de una alternativa habitacional o incluso el pago de un alquiler.
El portavoz de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna Montaña
Clara, Israel Ojel (que representa a numerosas familias en exclusión residencial
como las desalojadas por orden judicial el pasado martes en San Isidro), aclaró
durante la reunión que parte de las personas que fueron desalojadas la semana
pasada están durmiendo en la calle o, de forma provisional, en pisos de
familiares o amistades, “porque el desalojo fue ejecutado de imprevisto”.
Ojel destacó que la alternativa facilitada a algunas familias, por ejemplo,
en un apartahotel, “tiene un plazo limitado de una semana”. E incidió en que
gran parte de estas familias y, en general, de las más de doscientas personas
que ocupan edificios de viviendas abandonadas solo en el municipio de
Granadilla “es que el Ayuntamiento les niega su derecho a empadronarse, lo que
impide que puedan recibir ayudas públicas”. Y denunció que tiene pruebas de que
varias entidades financieras están atribuyéndose viviendas sin dueño que fueron
construidas con ayudas públicas para VPO. “Resulta indignante que las
administraciones miren para otro lado en estos casos de especulación que, si se
gestionaran bien, solucionarían el problema de vivienda de cientos de familias
de la Isla”, remarcó.
Por otra parte, la representante de la Plataforma de Afectados por Visocan
explicó que la consejera de Viviendas
del Gobierno de Canarias había abierto la puerta a una modificación legal que
permitiría disponer de vivienda pública con alquileres asequibles. Dado que las
competencias de vivienda son de la administración autonómica, en este encuentro
se acordó invitar a la responsable autonómica del área al Consejo Insular de Vivienda
y a una reunión previa entre todas las partes fijada para el 13 de julio con el
fin de abordar de forma coordinada la problemática existente y las posibles
soluciones.
Durante este encuentro que se prolongó durante tres horas, salieron a
relucir numerosos problemas y riesgos que están padeciendo las familias que no
pueden acceder a un techo digno: peligro de derrumbe en algunos inmuebles,
privación de servicios de agua y luz, infecciones de gravedad entre menores y
adultos por ingesta de agua insalubre y, entre otras cosas, situaciones de
discriminación escolar a menores de familias que residen en viviendas ocupadas.
Y en la concentración que hicieron el viernes por la tarde las familias
afectadas por el desalojo del edificio de San Isidro para reclamar su derecho a
una vivienda, varios menores confirmaron que en colegios e institutos es
habitual que les critiquen y ridiculicen por residir en viviendas ocupadas. Las
familias reprocharon también que se les expulsara sin aviso previo ni a ellas
ni a las administraciones competentes, lo que ha dificultado la búsqueda de
hogar alternativo. Entre otras anomalías de este desalojo criticaron también
que muchas familias no han podido sacar los pocos enseres que poseen, “con lo
que ni siquiera tenemos una muda para nuestros hijos”, lamentó una madre.
Saludos,
Blanca Salazar (629.14.60.34)
Comunicación Podemos Cabildo Tenerife
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