A LO QUE EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS LLAMA CONCORDIA
OLGA RODRÍGUEZ
Refugiados
y migrantes en una protesta que exigía mejores condiciones de vida en el campo
de refugiados del antiguo aeropuerto internacional Elinikón en Atenas, Grecia,
en febrero de este año. EFE
El
Princesa de Asturias ha premiado con el
galardón de la Concordia a una Unión Europea que impone rutas mortales a las
personas que migran huyendo de la pobreza o de la guerra. Solo en 2016, según
cifras oficiales, murieron 5.096 personas en las aguas del Mediterráneo, la
mayor fosa común del mundo en la que en los últimos 15 años han perdido la vida
más de 25.000 personas.
Quienes
deberían tener derecho al asilo pagan incluso más de 6.000 euros para cruzar
seis países y un mar por rutas cada vez más peligrosas, porque la Unión Europea
cierra los caminos más seguros y externaliza fronteras para que la gente muera
cada vez más lejos de nuestras conciencias.
La
Unión y sus Estados miembros han firmado acuerdos con países como Libia,
Marruecos, Turquía, Egipto,
Eritrea, Afganistán y Sudán del Sur,
para que, entre otras cosas, controlen y frenen el paso de migrantes o
readmitan a sus nacionales.
Muchos
refugiados disponen de dinero para pagarse un billete de avión a Europa pero no
pueden, por el simple hecho de ser iraquíes, sirios o afganos, por ejemplo.
Están condenados a sortear controles militares, a recorrer sendas peligrosas, a
enfrentarse a mafias que trafican con sus cuerpos, a sufrir robos o
violaciones, a desafiar el riesgo de ahogarse si vuelcan las precarias
embarcaciones con las que cruzan el mar. Los Estados europeos son diseñadores
intelectuales de estas tétricas yinkanas que imponen como únicas rutas
posibles. Podrían salvar la vida de miles de personas. Pero no quieren.
El
Princesa de Asturias premia a una Unión Europea que invierte cada vez más dinero
en vallas, muros, concertinas e infraestructuras a las que llama "de
seguridad", desde las que se ha disparado a gente que no ha cometido
delito alguno. Ahí tenemos el ejemplo del Tarajal: 15 muertos, ningún
condenado.
La
Unión Europea expulsa de su propio territorio a personas que tendrían derecho a
quedarse o permite que se las encierre en cárceles a las que llama
eufemísticamente centros de internamiento para extranjeros, donde se han
registrado maltratos y ausencia sistemática de la atención médica necesaria, lo
que ha llevado a la muerte de personas como Samba Martine, muerta en el CIE de
Aluche en 2011.
En
territorio europeo hay gente encarcelada por el simple hecho de no tener
papeles. En Dinamarca se confiscan las riquezas de las personas que piden
derecho de asilo y se encarcela a las que mendigan. En países como España se ha
llegado a agitar desde las instituciones el temor a los refugiados, afirmando
que entre ellos se infiltran yihadistas.
La
Unión Europea impulsa un sorteo de
personas –"tú sí, tú no"– con el que acepta a tan solo un mínimo
porcentaje de los refugiados, mientras fuera de ella solo diez de los países
más pobres del mundo acogen a casi la mitad de los 65 millones de refugiados
que hay en el planeta, un máximo histórico.
Y
aunque Alemania ha asumido una acogida de más de un millón de refugiados, el
porcentaje sigue siendo inferior comparado con lo que acogen países mucho más
pobres fuera de Europa. La Unión Europa ni siquiera cumple con sus propios
objetivos al estar lejos de reubicar y reasentar a las personas con las que se
comprometió para septiembre de este año. España destaca por su insolidaridad,
con solo 1.304 refugiados reubicados y reasentados de un total (también
tristemente ínfimo) de 17.337.
Desde
la Unión Europea se exportan armas a países en guerra de los que huyen los
refugiados. Las personas refugiadas intentan venir a Europa mientras las armas
europeas van a los países de los que los refugiados huyen y en los que se viola
de forma sistemática los derechos humanos más básicos. A pesar de ello, las
naciones europeas mantienen acuerdos preferenciales y alianzas con gobiernos
dictatoriales, con monarquías absolutistas o con potencias ocupantes que violan
de forma sistemática la ley internacional.
A
la Unión Europea hoy premiada Naciones Unidas la ha acusado de violar derechos
humanos y la ley internacional con el cierre de fronteras y las expulsiones
colectivas. En ella están algunos de los mayores exportadores de armas –Francia
o Alemania– y en ella hay naciones que apuestan por un crecimiento mayor de su
gasto militar. En ella se registra un recorte de derechos y libertades, con
leyes mordaza, decretos de estados de excepción y participación habitual en
bombardeos a terceros países en nombre de la paz y la seguridad.
Desde
la Unión Europea diversos Estados defienden la apuesta unilateral de la vía
militar para conflictos que tienen su origen en la desigualdad económica, en la
injusticia social, en el recorte de inversión en servicios públicos, en la
precariedad. En esta nueva etapa de multipolaridad la Unión Europea coquetea
con aumentar su independencia y hegemonía militar a base de más aventuras
bélicas propias, como la intervención en Mali, donde Francia busca más
participación de otras naciones europeas como España.
Las
razones de la concesión del Premio Princesa de Asturias de la Concordia a la UE
son frágiles y endebles. La segunda década de este siglo XXI será estudiada por
los historiadores del futuro como una época de recorte de derechos y
libertades, de crecimiento de la xenofobia y de carrera armamentística.
Por
todo ello urge más que nunca una Europa comprometida con la lucha por la paz y
los derechos humanos. Pero de momento presenciamos una Europa que acepta la
desigualdad como algo natural e inevitable, condenando a los otros a la muerte
o a la clandestinidad. Y con ello condenándose a sí misma.
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