La españolísima educación de los
canarios
Con respecto a los contenidos canarios todavía no se enseña en las escuelas ubicadas en Canarias el magnífico y conceptual idioma que hablaron los tinerfeños, canarios, gomeros, bimbaches, awaras y mahos, como ocurre en Granada, Barcelona, Madrid, París o Nueva York, aunque la universidad española en La Laguna si imparte árabe, japonés, inglés, francés, alemán y español, mucho español.
Los resultados obtenidos por nuestros
estudiantes no pueden ser más desalentadores, pues sólo han tenido peores
resultados, tanto en matemáticas, como en capacidad lectora y científica, los
alumnos de las también colonias españolas Ceuta y Melilla ¿Por qué será?
Los responsables de la educación en esta
colonia de España, únicos culpables del fracaso escolar junto con el gobierno
colonialista del reino medieval de ese país, no cuestionaron nuestro sistema
educativo (el de ellos) sino que pusieron en tela de juicio la capacidad
técnica del informe PISA, reconocido en todo el mundo.
José Miguel Pérez es el consejero de
Educación del pseudogobierno de Canarias, cuya decisiones han profundizado el
lamentable deterioro en el que éste gobierno-desgobierno de lacayos al servicio
del colonialismo español han sumido a la educación en particular y a la
sociedad canaria en general.
El profesorado canario desempeña su
trabajo en unas condiciones precarias e infrahumanas, consecuencia de las
políticas al servicio del colonialismo que se aplican en el sector, reduciendo
a la mitad al profesorado de pedagogía terapéutica, responsable de la educación
de los alumnos con necesidades educativas especiales, necesidades que la
administración ha despreciado como es público y notorio, ya que no le parece
importante que a estos alumnos se les enseñe a valérselas por si mismos,
aprendiendo cosas tan elementales como a coger una guagua. Paralelamente la
administración ha eliminado las prácticas de las asignaturas experimentales,
como la biología, la geología, la física o la química, con lo que ha
prescindido de más de 400 profesores necesarios para desdoblar las masificadas
aulas e impartir unas prácticas en unas condiciones dignas. Lo mismo hicieron
con los profesores de tecnología y con los profesores de los laboratorios de
idiomas, aunque ahora demagógicamente amplíen su oferta idiomática. En total
más de 1600 profesores se han quedado sin trabajo o han prescindido de sus
servicios.
A esto hemos de añadir la eliminación
sistemática de la Escuelas Unitarias, para desarraigar a los alumnos de su
medio natural, concretamente de las medianías, con el perjuicio directo en el
sector primario, haciendo más dependiente si cabe nuestra maltrecha economía,
frenando la soberanía alimentaria (los datos son anteriores a la agudización de
la crisis crónica que desde la invasión armada española padece Canarias). El
ejemplo más reciente lo tenemos en Fuencaliente, La Palma, con el pretendido
cierre del centro de educación secundaria obligatoria (ESO). La belicosa administración
educativa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ya originó un serio
conflicto entre las dos universidades españolas en Canarias, la de La Laguna y
la de Las Palmas, a cuenta del distrito único, más interesados tanto el
consejero como su director general en labrarse méritos probablemente con
futuribles intenciones rectorales en la española universidad ubicada en Gran
Canaria que en resolver los graves problemas educativos que arrastra Canarias,
seguramente porque se sienten incapaces de aportar la mínima solución, muy al
contrario, representan a una paralizada administración y no salen de un
conflicto para meterse en otro, a pesar de la benevolencia sindical, por lo
menos hasta el momento.
Con respecto a los contenidos canarios
todavía no se enseña en las escuelas ubicadas en Canarias el magnífico y
conceptual idioma que hablaron los tinerfeños, canarios, gomeros, bimbaches,
awaras y mahos, como ocurre en Granada, Barcelona, Madrid, París o Nueva York, aunque
la Universidad española en La Laguna si imparte
árabe, japonés, inglés, francés,
alemán y español, mucho español, no en vano las recientes pruebas de ingreso celebradas en ambas universidad no incluyen ni
una sólo asignatura con contenidos canarios, pero si una manipulada Historia de
España, por ejemplo, marginando tanto el estudio del medio natural canario,
como el medio social y cultural. Igual ocurre en la enseñanza obligatoria, en
la que los contenidos canarios son testimoniales y optativos e insuficientes.
Cifras demoledoras, cuyo resultado es
el fracaso de casi el 40 por ciento de los estudiantes, fracaso del que únicamente es
responsable la administración, que invierte en educación un ridículo
4.3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), la mitad de lo que debería
invertir, porcentaje calculado con los datos del PIB del 2011 en su primera
estimación y el presupuesto educativo para el ejercicio del 2012, últimos
publicados, por lo que el porcentaje probablemente no pase del 3.4 por ciento,
debido a la subida del PIB del año 2011 con respecto a 2010 en casi dos mil
millones de euros, el mayor incremento del estado, que cuanto más recauda más
recorta.
La conflictividad de la administración
con la comunidad educativa es continua y ha llevado a los profesores a convocar
manifestaciones en demanda de sus derechos, demanda que debe ir
indisolublemente unida tanto a la dotación de infraestructura y recursos
humanos en las aulas (profesorado de prácticas, pedagogía terapéutica, idiomas
y tecnología; también el necesario personal sanitario y psicopedagógico) como a
la justa homologación del profesorado. Sin embargo la dirección tomada es justo
la contraria y los docentes, junto con el resto de funcionarios, han visto menguados
sus emolumentos en un 5 por ciento de momento, para tapar los desmanes de un
debocado sistema financiero.
Son demandas justas que asumimos y
apoyamos, debiendo explicarse detalladamente las mismas a toda la comunidad
educativa (alumnos, padres y profesores) así como a toda la sociedad y que
forman parte del desarrollo y aplicación de
una única reivindicación general, el incremento del presupuesto para la educación hasta el siete (7) por
ciento del PIB.
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