G20, TRATO O TRUCO (FISCAL)
Oxfam
ha calculado, junto Oxford Economics, que los 52 países más pobres del planeta
apenas ganarán unas migajas con la reforma del sistema fiscal internacional, un
0,002% del PIB en ingresos adicionales, para algunos países un 1 millón de
euros más
SUSANA RUIZ
Los jefes de Estado del G20 darán respaldo hoy domingo a la propuesta de reforma del sistema fiscal internacional. Un acuerdo que se ha querido decir histórico, porque introduce dos elementos que rompen con el statu quo del diseño conocido en las casi diez décadas desde que se diseñó. Por un lado, rompe con la idea de que las bases tributarias de mega corporaciones globales tan sólo pueden ser consideradas como nacionales, para empezar a redistribuir una parte (pequeña, del 25%) de los super beneficios globales por encima del 10% de rentabilidad a los mercados de destino. Así, se da la vuelta a la imposibilidad de gravar a grandes operadores que con la digitalización de la economía y los medios pueden operar desde fuera del territorio, pero manteniendo una total ausencia de presencia fiscal. El “truco”, es que es un
acuerdo medido por lo que la Cámara de Representantes podrá aceptar, aplicándose a menos de 100 mega corporaciones de todo el planeta y apenas generando ingresos adicionales a los países en desarrollo. Oxfam ha calculado, junto con la consultora Oxford Economics, que los 52 países más pobres del planeta apenas ganarán unas migajas, un 0,002% del PIB en ingresos adicionales, para algunos países un 1 millón de euros más.La contrapartida en
cambio es altísima, porque obliga a los países firmantes a no implementar
medidas unilaterales tipo la “tasa Google” a partir de octubre de este año.
España junto con otros 4 países (Reino Unido, Italia, Austria y Francia) han
acordado un plan de transición con los Estados Unidos que levantará las
sanciones comerciales a cambio de la retirada de este tipo de impuestos a
diversos servicios digitales de aquí a fin de 2023. Una limitación severa a la
soberanía nacional que también deja en el aire la propuesta de la Comisión
Europea que aspiraba a plantear una iniciativa de impuesto digital (o “digital
levy”) antes de fin de año como vía para generar recursos para dotar de fondos
propios el presupuesto comunitario. La CE tiene ahora un elegante ejercicio de
innovación y creatividad para cumplir sus objetivos, algo que nunca ha sido
fácil por la regla que obliga a la unanimidad en la toma de dediciones fiscales
en el marco europeo.
El segundo
elemento, es quizás del que más se ha hablado, la idea de fijar un mínimo del
15% en la tributación empresarial. Sin duda una mala noticia para los paraísos
fiscales más agresivos, los del 0% (aún existen 13 territorios en el planeta
con nula imposición en la tributación empresarial), pero una concesión del
resto de países a países fiscalmente tan agresivos como Irlanda o Singapur.
Porque realmente, el escaso nivel de ambición aquí alcanzado ha sido dictado
por los intereses de Irlanda que amenazaba con no validar el acuerdo de la OCDE
y el G20 y por tanto también torpedear cualquier posibilidad de consenso
europeo futuro. ¿Por qué no es tan histórico tampoco en esta dimensión? De
hecho, es esencialmente injusto en su diseño. Dos terceras partes de lo que
potencialmente pueda recaudarse por este mínimo global irá a los países ricos,
G7 y UE, porque sólo los países donde está la matriz de las grandes
corporaciones podrán activar ese 15% de tipo mínimo. Si una gran empresa
española cuenta con una filial en Argentina pero controlada desde otra filial
en Irlanda a la que desvía gran parte de sus beneficios, sólo la AEAT española
podrá reclamar la diferencia entre el tipo efectivo pagado en Irlanda para
igualarlo con el 15%. A Argentina, no le quedará ningún beneficio directo, sino
que cruzar los dedos esperando que en el futuro la empresa española no tenga
más incentivos para seguir utilizando el puente de Irlanda.
Según el
Observatorio Europeo de la Fiscalidad dirigido por Gabriel Zucman, este mínimo
global al 15% podría aportar 5.200 millones de euros a España. No son 5.200
millones de euros adicionales, sino ingresos que dejaríamos de perder porque
ahora, las debilidades de los marcos internacionales hacen que los controles
resulten inefectivos para retener esas bases tributarias.
Pero en realidad,
pueden quedarse en mucho menos. Otra de los grandes agujeros del acuerdo es la
definición de la base sobre se va a aplicar este 15% de tipo mínimo,
permitiendo hasta 10 años de periodo de transición en el que se pueden aplicar
exclusiones considerables en tratamientos fiscales ad-hoc que podrían dejar el
15% de mínimo global reducido en un 30% en términos netos. En palabras mismas
del director de asuntos fiscales de la CE, Benjamin Angel, el 90% de las
discusiones de los socios europeos en el proceso se han centrado en amplificar
al máximo la posibilidad de aplicar estas exclusiones. De hecho, España parece
ser el país que más recaudación podría perder en términos relativos de los
países OCDE
A nadie se le
escapaba que el tratamiento fiscal de grandes corporaciones, en sus operaciones
globales, hacía aguas hasta ahora y que la digitalización acelerada de la
economía lo convirtió en absoluto sinsentido. Alcanzar un acuerdo era sin duda
una urgencia en términos incluso de honestidad fiscal si eso pudiera considerarse.
Pero este no es ese acuerdo que después de ocho años de negociaciones
deberíamos haber alcanzado. El que han impuesto Irlanda y los Estados Unidos.
El que el sector financiero, que se queda fuera, ha logrado negociar. Trato y truco.
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