LAMPEDUSA EN LA MONCLOA
!CONTEXTO
Es indudable el sesgo positivo de las reformas que el Gobierno ha anunciado sobre las leyes más polémicas heredadas de anteriores mandatos conservadores o bipartidistas. Tanto como que los cambios introducidos han sido, en buena medida, el parto de los montes. También es cierto que los debates y la diferencia de criterios que se producen en el seno de un Ejecutivo, y se producen incluso en los monocolores, son positivos e incluso un síntoma de salud democrática. Pero es de suponer que los miembros de Unidas Podemos que conserven en sus bibliotecas los textos ortodoxos estarán echando mano de Un paso adelante y dos atrás, el ensayo en el que Lenin advierte que “retroceder es algo que sucede en la vida (...) pero siempre para recuperar posiciones: si pierdes una, recupera otra”.
Los medios
mainstream se han encargado de proclamar los logros con repique de campanas. A
nosotras nos toca señalar lo que ha quedado en el cedazo, lo que no ha pasado
la criba de los estamentos más conservadores del PSOE y de lo que antes se
llamaban poderes fácticos: son cuestiones importantes que, en buena parte,
invalidan las reformas. Y que convierten lo que debería haber sido una
necesaria reparación de partes de un edificio institucional que se caen a
pedazos en meros revoques de fachada.
Algunas reformas
parecen, sobre todo, un ejercicio de neolengua. El Gobierno de Aznar generó en
1997 una ola de privatizaciones y externalizaciones en la Sanidad –apoyada por
el PSOE–, y ahora el actual Ejecutivo derogará la norma que les dio vía libre,
aunque permitirá “la externalización de los servicios siempre que haya una
justificación desde el punto de vista sanitario y económico”. Las experiencias
de externalización habidas hasta el momento, sobre todo en Madrid y Valencia,
han sido injustificables desde el punto de vista económico, pero eso no impidió
que se hicieran en cascada. En buena medida, la privatización de la sanidad
pública es ya un hecho irreversible, porque un tercio del gasto total proviene ya
de la privada, y en Madrid y Cataluña la proporción es de 2 a 1. El teórico
blindaje de la sanidad pública da tanta seguridad como la línea Maginot.
Pero seguramente la
promesa más falaz, por reiterada, y por la facilidad que había para cumplirla,
es la de derogar la Ley Mordaza. Un tajo a los derechos ciudadanos que, en su
momento criticaron desde el New York Times (“la nueva ley mordaza de España nos
devuelve inquietantemente a los oscuros días del régimen de Franco”, rezaba el
editorial del periódico) hasta la relatora especial de las Naciones Unidas
sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, y el Consejo de Europa.
La reforma
arrancada a regañadientes al gobierno de Sánchez recoge rebajas en los periodos
de detención o en la dureza de los medios de represión, pero no va al fondo de
la cuestión: se mantiene la presunción de veracidad para los atestados
policiales, con la única salvaguarda de que “resulte coherente, lógica y
razonable, salvo prueba en contrario”. Resulta obvio que hasta ahora se ha
venido dando por buena la versión policial, aunque fuese incoherente, ilógica y
poco razonable, como muestra el relato de la agresión (y la condena) del
exdiputado de UP Alberto Rodríguez. Con la única garantía del atestado
policial, tan solo el año pasado fueron sancionadas 375.930 personas. Más de
240.000, por desobediencia; 15.000, por falta de respeto, y 95.000, por consumo
de drogas. O hay una inquina generalizada contra las fuerzas del orden, o estas
tienen barra libre. Pero la nueva ley no va a cambiar las cosas, porque ignora
la petición de los defensores de los derechos humanos de suprimir las sanciones
por desobediencia y falta de respeto, que son las que refuerzan la
arbitrariedad policial.
Tampoco hay mucha
mudanza en la prohibición de tomar imágenes de “autoridades o miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal
o familiar de los agentes” (o la veracidad de los atestados que redacten).
Ahora no habrá infracción, salvo que “el uso de imágenes o datos personales o
profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar”. Además de
otras consideraciones sobre qué quiere decir “peligros ciertos”, ¿cómo puede
asegurar el autor de una fotografía que su difusión no vaya a tener
consecuencias? Lo mejor, con todo, de la ley que relevará a la infame Ley
Mordaza de Rajoy es cuando dice que “las medidas de intervención para el
mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y
manifestaciones se guiarán en todo momento por un enfoque de derechos humanos”.
Es un alivio, y al mismo tiempo produce inquietud imaginar sobre qué enfoque se
guiaban hasta ahora esas medidas: ¿la ley del Talión?, ¿las reglas de ‘El juego
del calamar’?
Cualquier
sensibilidad democrática, y no solo la de los editorialistas del NYT, la de la
relatora de la ONU sobre el derecho de reunión o la del Consejo de Europa se
estremecerá ante la posibilidad de que esas leyes “reformadas” vuelvan en todo
su rigor, o incluso con el rigor reforzado por la inclusión de la extrema
derecha en el gobierno. Pero eso no nos quita la sensación de que Giuseppe
Tomasi di Lampedusa podría haber escrito El gatopardo inspirándose en La Monc
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