LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA: EL LIBRE COMERCIO Y EL CLUB GERTECH
PABLO
VAAMONDE
El sistema sanitario público está en peligro. El riesgo no está
en la pretendida insostenibilidad que pregonan los profetas ultraliberales (en
la acción pública siempre es sostenible aquello que se quiere sustentar). La
auténtica amenaza son las políticas neocom que pretenden apoderarse de los
presupuestos dedicados a los servicios públicos.
Los buitres de la especulación financiera planean alrededor. Hay
una planificación estretégica, que viene de años atrás, y tiene por objetivo
desmontar los servicios públicos y apoderarse de su financiación. No se trata
de una nueva teoría de la conspiración sino de hechos y datos contrastados.
Podemos afirmar, con toda certeza, que existe un plan internacional, financiado
y liderado por la poderosa industria farmacéutica y las grandes empresas de la
tecnología sanitaria. Esta estrategia, diseñada a gran escala, es aplicada de
forma estricta, por los políticos cómplices y los grupos de presión, a nivel
local.
Un excelente informe publicado por la FADSP (Federacion de
Asociacións para la Defensa de la Sanidad Pública) revela el plan que se está
negociando entre la Comisión Europea -órgano no electo- y el Departamento de
Comercio de los EE.UU. para constituir una Asociación Transatlántica para el
Comercio y la Inversión (ATCI o TTIP, de acuerdo con las siglas en inglés).
Comenzaron esta negociación en julio de 2013 -dirigida por dos personajes de
dudosa reputación-, con gran secretismo. Suscita numerosas discrepancias, pues
los observadores entienden que es mucho más que un tratado de libre comercio ya
que suprime todas las barreras económicas y legislativas a los intercambios
comerciales. En el ámbito sanitario este acuerdo, de aplicarse, representaría
que los sistemas sanitarios públicos europeos serían un mercado abierto a la
participación de las empresas de EE.UU. Las empresas transnacionales pretenden
con esta iniciativa "acceder a los presupuestos sanitaros públicos de los
países europeos para tener la oportunidad de obtener grandes beneficios".
Ante la polémica generada, el Parlamento Europeo aprobó una
resolución que excluye de la negociación a los servicios públicos para evitar
la penetración del sector privado en los mismos. Pero hay que saber que las
resoluciones del Parlamento no son vinculantes para la Comisión Europea, que es
la que realmente negocia. No está claro, por tanto, que la sanidad pública
quede protegida. Por el contrario, este plan va dirigido a garantizar el acceso
de las grandes empresas transnacionales a los presupuestos dedicados a la
sanidad (que representan alrededor del 40% del presupuesto total de las CCAA),
con el objetivo de conseguir la privatización de los servicios sanitarios,
"que son vistos por los inversores privados y por la industria
farmacéutica y de tecnología sanitaria como una enorme lista de compras".
Si se firmase este Tratado, en los terminos que pretenden las
partes negociadoras, podrían tornar irreversibles las privatizaciones de los
servicios públicos, pues la legislación estatal quedaría condicionada por la
normativa de superior rango de la UE. Las multinacionales y los poderosos
lobbies presionan para desarrollar el llamado "Mecanismo de Solución de
Diferencias entre inversor y Estado" (ISDS), ideado para proteger a los
inversores y que incluye "disposiciones contra la expropiación de
servicios de interés público". Esto quiere decir que sería imposible dar
marcha atrás en las privatizaciones: las concesionarias podrían recurrir a
entidades arbitrales para conseguir elevadas indemnizaciones por lucro cesante.
Esta estrategia global se refleja, a nivel local, en el
"selecto" Club Gertech, una asociación formada por "gerentes y
altos directivos sanitarios y tecnólogos de empresas". Este foro, que
afirma estar orientado a la formacion y a crear cultura de innovacion, en
realidad es un poderoso grupo de presión que tiene un objetivo claro:
apoderarse de los recursos económicos destinados a la salud (57.000 millones de
euros según los presupuestos de 2014). Está integrado por gerentes sanitarios y
altos cargos, la Universidad de Navarra y el Instituto Carlos III. Recibe
apoyos de la Asociación de Directivos Sanitarios (SEDISA) y del llamado Foro de
la Profesión Médica (alianza corporativa integrada por organizaciones afines al
actual gobierno), y tiene el patrocinio de varias empresas del sector
(Medtronic, Philips, Roche, Nec Corporation, Citec-B), todas ellas con fuertes
intereses en la privatización sanitaria.
El actual gobierno gallego tiene una particular sintonía con
este grupo. El director general de Recursos Económicos del Sergas y los
gerentes de Vigo y A Coruña actuaron como ponentes principales en sus debates.
La propia consejera de Sanidad defendió en un foro en Barcelona la necesidad de
laboralizar el personal sanitario. El Sergas está desarrollando sus propuestas
en los proyectos Hospital 2050 e In-Nueva Salud. El ejecutivo aplica con
diligencia las recetas del club: conciertos público-privado, externalizaciones,
control de la tecnología y de la informacion por empresas privadas, y la
implantación de las Unidades de Gestión Clínica (UGC). Estas UGC vienen a ser
la fórmula para fragmentar los centros sanitarios en múltiples empresas con
autonomía de gestión, en la perspectiva de crear un mercado sanitario interno
propicio para los intereses de las grandes empresas del sector.
Este lobby redacta documentos y celebra foros de debate, que
sirven de palestra para difundir su ideario. La FADSP, en otro informe clarificador,
denuncia que esta asociación tiene como finalidad generar "una alianza
público-privada financiada con dinero público para negocio de las empresas
privadas". SEDISA (que tiene vínculos con empresas farmacéuticas: Roche
Sanofi, Grünental, Jonhnson&Johnson), argumenta en la misma dirección. En
su "proyecto Amphos" aconseja: cambiar la gestión de los centros por
medio de las UGC, transformar los hospitales en empresas autónomas, laboralizar
a los trabajadores sanitarios y promover los autocuidados del enfermo mediante
tecnologías instaladas en el domicilio. Podemos observar que no son nada
originales y que ambos foros repiten las mismas letanías.
La FADSP entiende que el sistema sanitario público está en
peligro real, por "una estrategia diseñada y articulada por grupos
poderosos que pretenden hacerse con fondos económicos que el Estado destina a
la sanidad". Esta actuación depredatoria está siendo realizada con la
total complicidad de los dirigentes del Partido Popular, asiduos visitantes de
la "puerta giratoria". Es preciso movilizarse con diligencia para
frenar este plan de aniquilación de los servicios públicos.De lo contrario, los
buitres financieros se harán con todo y ya no nos quedará nada.
Fuente:
Nueva Tribuna.
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