BRASIL: EL TRIUNFO
DE LA DEMOFOBIA
POR: CAMILA VOLLENWEIDER
Una cuestión
que merece ser abordada es la de por qué las expectativas de reversión del
proceso eran tan bajas, tanto entre quienes esperaban la continuidad de Temer
en la Presidencia como entre los que bregaban por la continuidad y fortaleza de
la institucionalidad democrática, sostenida desde 1988.
El golpe en
Brasil fue finalmente consumado, como era previsible. Ni los contundentes
argumentos jurídicos de la defensa contra la acusación de crimen de
responsabilidad de Dilma Rousseff, ni su valiente comparecencia frente a
quienes buscaron incesantemente destituirla, como tampoco las manifestaciones
callejeras contra el golpe, fueron suficientes para revertir este juego
antidemocrático de cartas marcadas. Si alguna esperanza quedaba, era la que
recaía en la honestidad moral de los Senadores que, tiempo atrás, votaron por
la admisibilidad del juicio político y porque la Presidencia sea ocupada por el
otrora Vicepresidente que actualmente cuenta con un 68% de reprobación entre la
ciudadanía. Sin embargo, una mayoría de 61 legisladores se pronunció a favor de
la destitución de la Presidenta de la República, configurando un hecho
histórico de graves consecuencias institucionales, sociales y políticas para el
país y la región.
I
Una cuestión
que merece ser abordada es la de por qué las expectativas de reversión del
proceso eran tan bajas, tanto entre quienes -dentro y fuera del Legislativo-
esperaban la continuidad de Temer en la Presidencia como entre los que bregaban
por la continuidad y fortaleza de la institucionalidad democrática, sostenida
desde 1988. Un primer aspecto que podría señalarse es la constitución misma del
Poder Legislativo que, según la Constitución, es quien tiene la potestad principal
de juzgar a la máxima autoridad del Estado. El Parlamento brasileño se ha ido
caracterizando, en la última década al menos, por una gran fragmentación
partidaria -particularmente en Diputados- y por la enorme influencia que tienen
los intereses corporativos sobre buena parte de los 594 legisladores de ambas
Cámaras. Tales rasgos influyen de manera directa en la dinámica de negociación
permanente de los representantes de las principales bancadas para conseguir
votos favorables a cambio de cargos y privilegios, y en la fidelidad del voto
legislativo a los grandes intereses privados que han financiado sus campañas
electorales. La bancada empresarial es la más abultada del Legislativo, con 251
representantes -221 Diputados y 30 Senadores- según el Departamento
Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP)[1]. Además de ésta, las bancadas
de los defensores del agronegocio, de los evangélicos -más potente en Diputados
que en el Senado- y la compuesta por legisladores vinculados con la dictadura
militar y el negocio de la seguridad, tienen una categórica incidencia en los
proyectos de ley y de enmienda constitucional que ingresan a las comisiones
pertinentes -estratégicamente sobrerepresentadas por ellos- y que poseen altas
chances de ser aprobados.
Otro importante
factor que ha incidido de manera directa en el propósito de estas mayorías
parlamentarias para destituir definitivamente a la Presidenta -ligado
indudablemente al primero- es la vinculación de una parte nada desdeñable de
los legisladores con causas judiciales vinculadas a la corrupción. La megacausa
conocida como Lava Jato -que investiga nexos de ilícitos entre políticos,
empresas contratistas y la estatal Petrobrás-, entre otras investigaciones
similares, fue posible gracias al apoyo financiero e institucional que los
gobiernos de Lula y Dilma otorgaron a la Justicia y a la Policía Federal para
combatir una corrupción que se ha revelado endémica al sistema político.
Dejando de lado el determinante papel que ha cumplido el Poder Judicial para
politizar la causa y sesgar las investigaciones perjudicando al Partido de los
Trabajadores (PT), lo cierto es que el 60% de los 594 legisladores brasileños
en funciones “enfrentan cargos como recepción de sobornos, fraude electoral,
deforestación ilegal, o secuestro y homicidio”[2]. La permanencia de Michel
Temer en la Presidencia representa, así, un Ejecutivo sin voluntad de combatir
la corrupción y con capacidad de entorpecer toda acción judicial que involucre
a sus aliados dentro del Parlamento y dentro del propio Gobierno.
Dada esta
estructura de intereses privados dominando la “Casa del pueblo”, no sorprende
que el resultado del juicio político haya respondido más a una correlación de
fuerzas políticas dentro del Parlamento favorables al fin de un gobierno relativamente
hostil a las élites -con la innegable y necesaria complicidad del Poder
Judicial y del “periodismo de guerra” practicado por los medios hegemónicos-
que a una cuestión técnica referida a la existencia o no de crimen de
responsabilidad de Rousseff.
II
“Fin de la democracia” y “triunfo de la
democracia” fueron dos lecturas antagónicas del reciente hecho que resonaron
entre los contrarios y los defensores del juicio político. Claramente,
“democracia” es otro de los conceptos que están actualmente en disputa dentro
de una batalla cultural, simbólica y política que se está profundizando a pasos
agigantados en América Latina tras los quiebres institucionales inaugurados por
Honduras en 2009. El juicio político es constitucional en Brasil, y los procedimientos
se han seguido de acuerdo a la normativa: el Poder Legislativo votó
mayoritariamente por la destitución de Dilma Rousseff bajo la supervisión del
Presidente del Supremo Tribunal Federal. La formalidad fue cumplida y este es
el “manto” de legalidad en el que se escudan los que hoy celebran la
investidura efectiva de Temer, dentro y fuera de Brasil. Sin embargo, y
formalidades aparte, este “triunfo de la democracia” desconoce la dimensión de
representatividad que le da sustento. Si bien durante el segundo mandato de
Rousseff su popularidad cayó significativamente, un año y medio atrás fue
escogida como Presidenta por 53 millones de brasileños, mientras que Michel
Temer ha obtenido ese cargo gracias al voto favorable de 61 Senadores y 367
Diputados en la histórica sesión del pasado abril-. Podría contestarse a este
hecho que estos legisladores también fueron elegidos por el voto popular. Si
bien esto es innegable, cómo explicar que si la población brasileña está
compuesta en más de un 51% de mujeres, en el Congreso no sumen más del 12% de
bancas -y la mujer negra el 0,6%-? A qué obedece que en el Congreso no esté
representada proporcionalmente la enorme mayoría de población negra y mestiza
que posee Brasil? Por qué, si la mayor parte de los votantes son asalariados,
desocupados, amas de casa y trabajadores informales la bancada más numerosa es
la de los empresarios?
Esta estructura
de representantes no representativa que predomina en casi todas las
legislaturas de la región es consecuencia, entre otros, de dos aspectos que
merecen ser destacados: uno, como producto de que las Constituciones vigentes
-excepto las de Bolivia, Venezuela y Ecuador, sancionadas durante la última
década y la de Chile, que data de finales de la dictadura pinochetista[3]– fueron
aprobadas durante las transiciones democráticas, cuando hubieron de pactarse un
sinnúmero de condiciones para garantizar la estabilidad institucional con
sectores esencialmente autoritarios de la vida política y económica. La
formalidad electoral como base del sistema democrático, la inexistencia de
garantías de representatividad real de la población en el gobierno, el blindaje
a la propiedad privada y la casi total autonomía del poder judicial fueron
algunos de los rasgos adoptados por las cartas magnas que perduran hasta hoy. A
ello hay que sumar -salvo notables excepciones, como la Argentina- la impunidad
con la que aun hoy cuentan los responsables de las dictaduras militares[4], los
insuficientes mecanismos de control y sanción de la corrupción, y la
prácticamente inexistente regulación sobre un poder que se ha revelado casi más
incisivo que el que ejerce el “soberano” con su voto: el de los medios de
comunicación. Y dos, que a pesar de la proclama que nos hace libres e iguales
la realidad, en nuestras sociedades extremadamente desiguales, manifiesta
exactamente lo contrario. La capacidad de las élites económicas para influir
sobre la sanción de leyes favorables mediante el lobby y el financiamiento de
campañas, para investir a los propios como Presidentes, Ministros, Jueces y
legisladores, y para determinar el “bien común” a través de las políticas de
gobierno sigue siendo mucho más efectiva que la de las mayorías con su voto
periódico.
III
Lo que ha sucedido en Brasil -al igual que en
Honduras y en Paraguay-, y la inestabilidad institucional que ha caracterizado
históricamente a éstos y a los demás países de la región no se debe a que son
“democracias jóvenes”, como sostienen muchos mirando con admiración lo que
sucede en Europa[5]. Lo que ha sucedido en Brasil es, más bien, el triunfo de
la demofobia, o la reacción temerosa a la reversión -incluso tímida- que los
gobiernos del PT impulsaron sobre un tradicional orden social cuyo dominio era
ejercido hombres, blancos y ricos. Temer lo dejó claro apenas asumió su
interinato al conformar un gabinete compuesto en su totalidad por hombres
blancos y cerrar Ministerios como Cultura, Mujeres, Derechos Humanos e Igualdad
Racial. Ahora llegará con contundencia el turno del desmantelamiento de los
avances en materia laboral, previsional, sanitaria, educativa y de la soberanía
de los recursos naturales. A nivel geopolítico, el golpe también impactará en
la configuración de los equilibrios de poder mundial y regional, al alejar a
Brasil de los BRICS y permitir a los Estados Unidos avanzar sin escollos sobre
aquél espacio de poder contrahegemónico y reeditar su “Doctrina Monroe” sobre
la región, en tanto el nuevo gobierno
pretende revertir los esfuerzos de sus antecesores en materia de integración
regional. El banquete para las élites está servido.
[1]
http://apublica.org/2016/08/como-as-federacoes-empresariais-se-articularam-pelo-impeachment/
[2] http://www.nytimes.com/es/2016/04/15/los-legisladores-brasilenos-quieren-destituir-a-dilma-rousseff-tambien-estan-envueltos-en-escandalos-de-corrupcion/
[3] Y otras, como la Argentina, que fueron
reformadas bajo gobiernos neoliberales en la década de 1990.
[4] Para el caso de Brasil:
http://www.brasilwire.com/brasils-senate-and-the-legacy-of-dictatorship/
[5] Una Europa que, lejos de ser homogénea,
en los últimos dos siglos negó el derecho al voto a los pobres y a las mujeres
hasta hace casi la misma cantidad de años que en Suramérica, que padeció dos
cruentas guerras mundiales, revoluciones socialistas y violentas reacciones
conservadoras a las mismas, regímenes fascistas y otras dictaduras
relativamente recientes -como en España, Portugal y Grecia-.
No hay comentarios:
Publicar un comentario