LAS MUJERES SIGUEN ESPERANDO

LAS MUJERES SIGUEN ESPERANDO

JUAN CARLOS ESCUDIER

Habíamos quedado en que el silencio no es un sí, y que nuestros legisladores iban a encargarse de corregir a toda máquina esa errata enorme del Código Penal que exige demostrar violencia e intimidación para que una violación sea considera una agresión sexual y no meros abusos. En medio del escándalo por la sentencia a la manada de Pamplona, el PP, entonces en el Gobierno, se comprometió a impulsar la reforma. El testigo fue recogido por el PSOE que, en julio de 2018, anunció modificaciones legales para que todo acto sexual sin consentimiento expreso fuera castigado con la pena máxima de 15 años. El asunto era tan urgente que todo sigue igual.

El caso es que nuestros políticos se pusieron manos a la obra de inmediato. Se formó a toda prisa una comisión con juristas muy prestigiosos que trabajaron sin desmayo, aunque entre algunas de sus reuniones mediara un semestre. Después se reparó en que ninguno de esos penalistas tan eminentes era mujer y, por eso del qué dirán, se modificó su composición y se le dieron nuevas tareas, entre ellas la de estudiar si era preciso incluir la perspectiva de género en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De hecho y a tal fin, se llegó a nombrar un consejo asesor presidido por la ministra de Justicia. Finalmente, la comisión determinó que debía considerarse como violación cualquier agresión sexual en la que existiera penetración no consentida.

Estábamos en el punto de partida: el consentimiento debía ser el eje de la nueva regulación para que el uso de la fuerza no fuera determinante a la hora de distinguir entre el abuso y la agresión. No es que se tratara de una óptica revolucionaria para abordar penalmente los delitos sexuales. Regulaciones similares existen en media Europa, desde Suecia a Gran Bretaña pasando por Alemania, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda, además de figurar en el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido también como Convenio de Estambul.  En definitiva, ni se estaba inventando la pólvora ni era una ocurrencia como pensaba Ciudadanos, ni podía haber dudas jurídicas más allá de las que le entraron de repente al PP.

Se dirá que no hubo tiempo y que en esta fase de la política española de elecciones cada media hora es imposible sacar una ley adelante. Chirría el argumento en un país que ha sido capaz de modificar su Constitución en un fin de semana para calmar a los mercados financieros. Nada por tanto ha cambiado en un sistema que deja en manos de jueces bastante insensibles la interpretación de la ley, lacerante en muchas situaciones para las mujeres, que han de inmolarse o aportar pataleos, sangre y desgarros para demostrar que fueron violadas.

Este jueves se conocía la sentencia sobre la violación en grupo a una menor de 14 años en Manresa. Con mucho dolor de corazón, o eso sugieren, los magistrados de la Audiencia de Barcelona han venido a decir que si han condenado por abusos y no por agresión sexual a las bestias de esa nueva manada es porque la joven, que había tomado alcohol y drogas, estaba inconsciente y, por tanto, no fue necesaria violencia o intimidación alguna. Con un par.

Es indignante por repetitivo. Hace ahora un año la Audiencia de Lérida condenaba por abusos y no por agresión sexual a dos hombres que violaron a una joven en la parte trasera de una discoteca al entender que, pese a que la víctima se negó y les pidió llorando que parasen, no hubo violencia ni intimidación. Los jueces consideraron probado el relato de la víctima y su carácter vulnerable por la ingesta de alcohol y ansiolíticos, del que se prevalieron sus agresores. Sostenían en el fallo que ello debilitó su capacidad de defensa, lo que hizo innecesario el empleo de violencia para forzarla. Aun así entendieron que el contexto no era “especialmente intimidante” por el mero hecho de que la joven sólo se percató de la presencia de los dos hombres cuando el segundo de ellos, tras un “ahora te toca a ti”, la violó y le obligó a hacerle una felación. Con otro par.

Se echan en falta las manifestaciones populares que se vivieron contra la sentencia de Pamplona y ese rasgarse las vestiduras con el que reaccionan las fuerzas políticas cuando se las pilla con el paso cambiado. Urge cambiar un Código Penal machista en el que se apoya una Justicia cuyas decisiones resultan incomprensibles y repulsivas a la sociedad en su conjunto. No caben las sutilezas jurídicas ante hechos incontestables. A ver si nuestros gobernantes sacan un rato para cambiar la ley sin que se nos estresen.