LA AR LOLO DORTA Y FAMILIAS AFECTADAS PIDEN A LA DIPUTADA DEL COMÚN QUE CUMPLA CON SU PROPIA LEY Y LLEVE A VISOCAN A FISCALÍA.

LA AR LOLO DORTA Y FAMILIAS AFECTADAS PIDEN A LA DIPUTADA DEL COMÚN QUE CUMPLA CON SU PROPIA LEY Y LLEVE A VISOCAN A FISCALÍA.

-Rueda de prensa: lunes 21 a las 10.30 horas-

El artículo 32 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común, que regula sus cometidos y obligaciones, dice textualmente: "Cuando el Diputado del Común, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta presumiblemente delictiva, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal." En línea con lo que obliga el mencionado artículo, la Diputada del Común sabe desde hace ya bastantes meses a través de las Quejas interpuestas por familias afectadas y por la propia AR Lolo Dorta de las actividades irregulares de la empresa pública Visocan. Entre las irregularidades denunciadas figuran el abandono de las obligaciones de mantenimiento de los edificios en cuestiones tan graves como los ascensores que necesitan muchas familias discapacitadas o con ancianos y enfermos, el cobro de cuotas que no corresponden a los ingresos mínimos de muchas familias y el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cuando la ley en España no lo autoriza en viviendas de protección oficial, y mucho menos tras la Sentencia del Tribunal Supremo 1391/2023, de 6 de noviembre de 2023. 

Frente a esta realidad tan lesiva para tantas familias (recordemos que solo en La Laguna hay unas mil viviendas sociales de Visocan, y en toda Canarias están aproximadamente en las 4.500), la Diputación del Común procedió a tramitar las Quejas y le ha enviado ya varios requerimientos a la empresa pública (documento adjunto), sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta, incumpliendo así Visocan el artículo 31de la mencionada Ley del Diputado del Común, en la parte que obliga a las administraciones públicas y a sus entidades dependientes a responder en un plazo máximo de diez días. La cuestión es que no solo incumple Visocan el artículo 31 de la Ley del Diputado del Común, es que el cobro indebido del IBI frente a una Sentencia del Tribunal Supremo que lo prohíbe, pudiera ser también un acto constitutivo de delito, en la figura de la prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal) o en la de las exacciones ilegales  (artículo 437 del Código Penal). 

 

Abundando en el asunto, en el mes de mayo de este año se aprobó una Moción en el Ayuntamiento de La Laguna, a instancias de las familias afectadas y de la AR Lolo Dorta, en la que uno de sus puntos (documento adjunto) decía que el Ayuntamiento de La Laguna instaría a la empresa pública a no cobrar el IBI y a devolver los cobros indebidos efectuados. Han pasado los meses, entendemos que el Ayuntamiento cumplió con la Moción, Visocan tampoco les ha contestado de ninguna manera, y a día de hoy las familias afectadas siguen recibiendo en sus cuentas el cargo del IBI. 

 

Cuando una entidad pública, como es el caso de Visocan, incumple la Ley de esta manera y además con tanta impunidad, no sólo pervierte el orden democrático, no sólo perjudica a muchas familias, es que además se ríe de las instituciones, cómo se está riendo en este caso del Ayuntamiento de La Laguna y de la Diputada del Común al no responder a su requerimientos. Frente a esta realidad tan lesiva, al Alto Comisionado en la figura de Lola Padrón no le queda otra más que acudir a la Fiscalía a denunciar a Visocan, como obliga su propio estatuto legal. De no hacerlo así estarán dando un claro mensaje a la ciudadanía: que la Diputación del Común es una pantomima más de las administraciones que no sirve más que para que los ciudadanos descarguen sus penas e indignaciones, pero no arregla ni soluciona nada. 

 

A mayor gravedad, esta conducta continuada de la empresa pública Visocan viene a sumarse a lo que hemos sabido hace apenas un par de días, las 51 medidas que presenta el Gobierno de Canarias para mejorar la vida en el Archipiélago, encontrándonos con que las medidas sobre vivienda que conciernen al parque público (documento adjunto) no recogen ni una sola mención al caos organizativo que se tienen o a las presiones, abandonos y malas praxis de Visocan, muy al contrario, se limitan a culpabilizar a las familias (aporofobia), tachándolas de maleducadas o incívicas y de morosos en sentido despectivo. Todo esto viene a corroborar algo que denunciamos en la AR Lolo Dorta desde hace tiempo: que el Gobierno de Canarias es el enemigo público número uno de las clases humildes y trabajadoras de esta tierra canaria.

 

Lo que se denuncia aquí, con más detalle y por escrito, con firmas de muchas familias afectadas y de representantes de la AR Lolo Dorta, será presentado y registrado en la Diputación del Común este lunes 21 de octubre a las 10:30 de la mañana, con rueda de prensa incluida a la misma hora para los medios que tengan a bien asistir e informar. En futuras fechas haremos algo parecido en el Ayuntamiento de La Laguna, con petición similar a su alcalde Luis Yeray Gutiérrez (PSOE).  

 

Dada la gravedad de lo que estamos denunciando rogamos informen debidamente,

 

En Santa Cruz de Tenerife,

 Acampada Reivindicativa Lolo Dorta