EL SAQUEO DE CITGO

 

EL SAQUEO DE CITGO

El fondo buitre Elliott Management gana la subasta de la petrolera estatal venezolana con sede en Texas

ANDY ROBINSON LONDRES

Una estación de servicio de Citgo en Chicago en

2012. / Wikimedia Commons

Tal y como se publica en La Vanguardia, el “robo del siglo” en Venezuela se ha consumado este mes tras la asignación del fondo buitre Elliott Management como ganador de la subasta de Citgo, la empresa estatal petrolera venezolana, con sede en Houston, cuyos activos equivalen a nada menos que el 10% del PIB venezolano. Citgo –filial de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)– es el trofeo más valioso hasta la fecha para los bancos y fondos de Wall Street que se han beneficiado de las sanciones contra Venezuela y los intentos de cambio de régimen urdidos en Washington, Miami y Madrid.

Mientras el gobierno y la oposición venezolana se enzarzaban en una guerra destructiva, un grupo de fondos financieros de Wall Street y multinacionales energéticas y mineras, supuestamente perjudicadas por los embargos y nacionalizaciones del chavismo, se hicieron con el activo más valioso del Estado venezolano en el exterior: una empresa con tres refinerías en Texas, Luisiana e Illinois, que producen más de 800.000 barriles de gasolina al día, así como una importante red de gasolineras. El precio que pagará Elliott es como mucho la mitad de lo que vale Citgo. En 2011, cuando Chávez tanteó vender la empresa, se valoró en 13.500 millones de dólares. “Se pierde Citgo por el 50% de su valor”, afirmó el analista petrolero venezolano Einstein Millán. Es “la entrega de la joya de la corona a intereses extranjeros reunidos en torno al capital riesgo, particularmente BlackRock, Vanguard y Koch Industries y sus ramificaciones”, añadió. Elliott debe lidiar ahora con la avalancha de demandas de indemnización procedentes de una veintena de fondos, tenedores de bonos basura y multinacionales mineras y petroleras que habían exigido el embargo de Citgo para compensar por sus inversiones y activos perdidos en Venezuela.

La pérdida de Citgo supone una extraordinaria transferencia de riqueza de un país asolado por la crisis y el bloqueo de EEUU

La pérdida de Citgo para el Estado venezolano supone una extraordinaria transferencia de riqueza de un país asolado por una crisis social y económica y un bloqueo estadounidense que han aniquilado el 30% del PIB venezolano provocando la salida de seis millones de sus ciudadanos. Los beneficiarios: las grandes fortunas del sector financiero, energético y minero en EEUU y Canadá, entre ellos el fundador de Elliott Management, el multimillonario estadounidense y donante republicano, Paul Singer.

La historia del saqueo de Citgo suele citarse en los medios de comunicación como otro ejemplo del caos en el que está sumido Venezuela y la incompetencia –según el punto de vista– del gobierno o de la oposición. Pero, según un nuevo libro editado en Nueva York, la debacle de Citgo no es casual. Fue el objetivo de la operación de cambio de régimen diseñada por un grupo de líderes de la oposición venezolana en 2019 con la colaboración de los halcones republicanos de Miami en la administración de Donald Trump.

Hubo “una motivación oculta detrás del fracasado plan de cambio de régimen”, según sostiene la periodista estadounidense Anya Parampil en su libro Corporate coup –Golpe corporativo– (OR Books, 2024) .“Fue una conspiración para robar el activo internacional más codiciado de Venezuela”.

Ya con la entrada de Elliott –especializado en sacar beneficios jugosos mediante demandas contra los impagos de países como Argentina, la República Democrática del Congo, Perú o Liberia– la conspiración puede haberse perfeccionado. “¿Fue un efecto colateral del plan de cambio de régimen o fue una consecuencia intencionada del mismo?”, se pregunta Parampìl en su libro. Elliott Management es conocido por su agresividad en pleitos contra países pobres y en quiebra. En 2011, llegó a forzar la incautación de un barco militar argentino con el fin de cobrar 2.600 millones de dólares al gobierno de Cristina Kirchner. La revista New Yorker calificó el modelo empresarial de Singer y Elliott Management como “una forma de hacer negocios singularmente competitiva e inmensamente lucrativa”.

Hace siete años, el entonces presidente Trump prohibió la repatriación de los beneficios de Citgo, lo que privó a Venezuela del 95% de las divisas

Todo empezó hace siete años cuando el entonces presidente Donald Trump, asesorado por halcones neoconservadores del exilio cubano en Florida como Marco Rubio y Mauricio Claver Carone, prohibió la repatriación de los beneficios de Citgo. Acto seguido, anunció un embargo total sobre la venta de petróleo venezolano, lo que privó al país del 95% de las divisas necesarias para comprar bienes esenciales. Luego, siguiendo los consejos de algunos artífices de la contrainsurgencia en Centroamérica de los años ochenta como Elliott Abrams, así como el exjefe de la CIA, elsecretario de Estado Mike Pompeo, Trump procedió al golpe. Tras reconocer como jefe de Estado al joven líder parlamentario Juan Guaidó, autoproclamado presidente en enero de 2019, Washington entregó todos los activos venezolanos en EEUU –Citgo era el más valioso– al nuevo gobierno “en la sombra” de Guaidó.

Al hacerse con el control de la valiosa red de distribución y las refinerías de Citgo en Estados Unidos, Guaidó y sus colaboradores –liderados por Luisa Palacios, la vástaga de una familia oligarca venezolana afincada en Nueva Jersey y cónyuge de un alto directivo de JP Morgan en Wall Street– abrieron las puertas a las demandas judiciales corporativas, haciendo un regalo a los abogados de las corporaciones multinacionales petroleras y a los fondos globales que habían sufrido reveses durante los años del socialismo caribeño de Hugo Chávez.

Además de Elliott, estas corporaciones incluyen a las multinacionales petroleras ConocoPhillips –un importante donante a la campaña de Trump–, Vitol y Koch Industries, cuyos socios, los hermanos Koch de Kansas, son patrocinadores de la Red Atlas integrada por grupos ultraconservadores latinoamericanos, entre ellos, la actual oposición venezolana (Pedro Urruchurtu, el asesor de María Corina Machado, la candidata de facto en las elecciones presidenciales de julio, es un activista de redes liberales relacionadas con Atlas). Los grandes fondos de inversión globales se incluyen también.

Corina Machado formó parte del grupo que conspiró con Trump para entregar los activos venezolanos al equipo de Guaidó

Aunque Corina Machado ha intentado desvincularse del espinoso asunto Citgo, ella formó parte del grupo que conspiró con Trump para entregar los activos venezolanos al equipo de Guaidó. “María Corina Machado avaló y hasta ahora no se ha deslindado de la gestión de los activos en el exterior de Venezuela confiscados por el gobierno de Biden, incluyendo Citgo,” dijo Gustavo Marquez Marin, el exministro de Chavez, ahora opositor, durante una conversación mantenida en julio en una cafetería en Altamira, en Caracas.

El mecanismo para el saqueo fue una rebuscada figura legal llamada alter ego. Durante 20 años, los gobiernos chavistas, con asesoramiento de los mejores abogados corporativos, habían creado estructuras administrativas para “mantener una distancia de seguridad entre Citgo, PDVSA y el Estado venezolano, ”, afirma Parampil. Esto “hizo difícil demostrar, con argumentos legales, que Citgo era un instrumento de Maduro”. Ningún acreedor logró convencer a los jueces en Estados Unidos de que tenía derecho a cobrar su compensación a través del embargo de Citgo.

Pero, tras la entrega de la empresa al equipo gubernamental de Guaidó, que nombró a nuevos miembros de la junta de administración de PDVSA y Citgo, el juez Leonard Stark de Delaware aceptó, por primera vez en 2023, el argumento de que Citgo era un llamado alter ego del Estado venezolano.

Según la figura del alter ego, cualquier empresa que se consideraba perjudicada por las acciones del Estado venezolano tenía derecho a pedir indemnización mediante el embargo de los activos de Citgo. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Stark falló en favor del argumento de que el equipo de Guaidó “usó los recursos de PDVSA para sus propios fines, lo que permitió que los acreedores de la república venezolana (y no solo de PDVSA) embargaran a Citgo”, dice el economista venezolano, afincado en EEUU, Francisco Rodriguez.

Otro participante en el frenesí de buitres por hacerse con un trozo de Citgo es la empresa minera de oro canadiense Crystallex, cuya concesión para extraer oro en el sur de Venezuela fue retirada por Chavez en 2008. También está otra minera canadiense, Gold Reserve, así como la fabricante de vidrio estadounidense Owens-Illinois, que fue nacionalizada por el gobierno de Chávez y trata de embolsarse casi 450 millones de dólares. Siemens Energy es otra demandante. En total, hay unas 19 demandas, cuyas reclamaciones suman unos 20.000 millones de dólares, el 40% del PIB venezolano, lo que casi triplica lo que Elliott pagaría por Citgo.

La historia de Crystallex es clave para entender el esperpéntico desenlace de la tragedia de Citgo. Tras la decisión del gobierno de Chávez de retirar la concesión de su mina Las Cristinas, esta empresa canadiense demandó al Estado venezolano en 2016 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal de arbitraje afiliado al Banco Mundial y con sede en Washington, utilizado en el pasado por fondos buitre como Elliott. Como suele ocurrir, este tribunal multilateral dio la razón a la multinacional y ordenó al Estado venezolano que pagara 1.200 millones de dólares en indemnización a Crystallex. Con el reconocimiento por el tribunal de Delaware de que Citgo era el “alter ego” del Estado venezolano, Crystallex consiguió luz verde para buscar toda o parte de esta compensación mediante el embargo y venta de los activos de Citgo, aunque deberá medirse ya con Elliott.

Un asesor legal de Guaidó había sido abogado de Crystallex y de Owens-Illinois cuando intentaron recuperar sus inversiones en Venezuela

Un dato que ha despertado sospechas de que el plan Guaidó era, efectivamente, un “golpe corporativo” es que el ya citado asesor legal del equipo de Guaidó, José Ignacio Hernández, había sido anteriormente abogado tanto de Crystallex como de Owens-Illinois, cuando estas intentaron recuperar sus inversiones perdidas en Venezuela mediante el embargo de bienes petroleros del Estado venezolano. Aunque Hernández no utilizó la figura del alter ego en los juicios contra Venezuela, sí hizo hincapié en que los gobiernos chavistas habían quebrado la independencia legal de PDVSA y por tanto, que un embargo sería legal. “Ya había dicho en repetidas ocasiones que Maduro y Chávez habían violado la autonomía de PDVSA, lo que es obvio, pero es totalmente falso que argumentara la tesis del alter ego”, insistió Hernández en una entrevista.

Sin embargo, parte de la oposición venezolana pide una investigación sobre el papel de Hernández, así como del de Carlos Vecchio, otro abogado que fue nombrado encargado de negocios del gobierno de Guaidó en EEUU. Vecchio había representado a la petrolera estadounidense Exxon. “Hay que respetar la presunción de inocencia, pero puede haber conflictos de intereses y es suficiente para merecer una investigación”, dijo Francisco Rodriguez.

Citgo no es el único activo del quebrado Estado venezolano que fue expropiado durante los años de Trump. La fábrica en Barranquilla (Colombia) de la empresa pública venezolana de fertilizantes Monómeros –otra filial de PDVSA– también fue entregada al gobierno de Guaidó. Tras el colapso de la empresa en medio de acusaciones de corrupción, Gustavo Petro, el presidente colombiano, devolvió Monómeros al Estado venezolano. Asimismo, los lingotes de oro venezolanos que están bajo la bóveda del Banco de Inglaterra fueron retirados del control del Estado venezolano tras la operación Guaidó. Carente de legitimidad, y sin el apoyo de las fuerzas de seguridad, el virtual gobierno creado por Trump, perdió credibilidad rápidamente. Ahora se le acusa de malversación de fondos y otros delitos de corrupción. Mientras tanto, Guaidó se ha mudado a Miami.