LAWFARE CONTRA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

 

LAWFARE CONTRA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

DIARIO RED

 

Manuel Marchena — Pool

Este miércoles saltaba la noticia: por primera vez en la historia de la democracia española, el Tribunal Supremo —en concreto, la Sala Segunda presidida por Manuel Marchena— le abría una investigación al Fiscal General de Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. Como esto ocurre en la misma semana en la que el PP presentó una querella contra el PSOE y en la que la Fiscalía Anticorrupción ha apoyado la imputación del exministro de Sánchez y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, conviene analizar cada cosa en su justa medida para ser capaces de observar los hechos a la luz de la verdad y limpios de la tinta de calamar. En una época en la que la mayoría de los medios de comunicación elige uno de los dos bandos del bipartidismo, esta tarea de separar el polvo de la paja se vuelve periodística y democráticamente indispensable.

Empecemos por el 'caso Koldo'. ¿Estamos ante un caso típico de corrupción? Absolutamente. Cuando una banda de empresarios mafiosos se dedica a conseguir concesiones y ayudas públicas, cobrando suculentas mordidas por ello y pagando en metálico o en especie a sus colaboradores dentro de la administración, lo que tenemos es lo de siempre: la típica corrupción clientelar que ha anidado, periódicamente y desde hace décadas, en los dos partidos dinásticos del sistema del turno. ¿Está implicado en esta trama José Luis Ábalos? Por los indicios recogidos en el informe de la UCO —la entrega de un chalet pagado por la trama para el usufructo de exministro o el abono por parte de la trama del alquiler de un piso en el que vivió su pareja, entre otros—, es difícil negarlo (aunque los informes de la UCO siempre hay que leerlos cum grano salis, que ya se sabe). ¿Sabía algo el presidente Sánchez? Teniendo en cuenta la forma repentina e inesperada en la que cesó a Ábalos de sus dos poderosos cargos, en el gobierno y en el partido, el mismo día y sin dar ninguna explicación —ni siquiera al afectado—, es legítimo tener todas las dudas. Si no sabía nada, ¿entonces por qué destituye de esa manera al que hasta ese momento había sido su mano derecha y persona de máxima confianza? Si sabía algo, ¿por qué no acudió a las autoridades y volvió a incluir a Ábalos en las listas electorales para que pudiera volver a ser diputado? El 'caso Koldo' es un caso gravísimo de corrupción que ha funcionado desde la cocina misma del PSOE y sobre el cual Pedro Sánchez todavía tiene mucho que explicar. Esto es así.

Es cierto que el PP está hiperventilando y está utilizando este tema para intentar noquear a su adversario político mediante el uso espurio de la justicia

Al mismo tiempo, es también cierto que el PP está hiperventilando y está utilizando este tema —y otros— para intentar noquear a su adversario político mediante el uso espurio de la justicia y con la colaboración de la derecha y la extrema derecha mediática. El ejemplo más evidente lo tenemos en la querella por presunta financiación ilegal del PSOE que el propio Borja Sémper se encargó de presentar ante la Audiencia Nacional. La denuncia se apoya exclusivamente en el testimonio de un empresario anónimo al medio ultraderechista The Objective —que ha sido cazado en numerosas ocasiones publicando bulos—, en el que la fuente afirma que se llevó una maleta con 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz. El propio PP ha reconocido que, casi con toda seguridad, la querella va a ser archivada por falta de base, pero que, sin embargo, "ha servido para cumplir el objetivo" de posicionar el tema mediáticamente. Resumiéndolo en una sola palabra: lawfare.

En el mismo ámbito opera la desquiciada estrategia de defensa de Ayuso —que Feijóo está comprando en su totalidad posiblemente para intentar no acabar como Pablo Casado— respecto del caso de su novio. La cronología de los hechos es larga y tortuosa y aquí solo podemos hacer un resumen. El núcleo del asunto es que Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la comunidad de Madrid, cobró comisiones por suministro de material sanitario por más de 2 millones de euros durante la pandemia y defraudó a hacienda alrededor de 350.000 euros en impuestos. Él mismo ha reconocido estos delitos ante la Fiscalía, así como la falsificación de facturas para consumar el fraude. Estamos por lo tanto ante un delincuente confeso, que paga las dos plantas de un piso de lujo en el centro de Madrid en el que habita con Isabel Díaz Ayuso así como el Maserati en el que se los ha visto juntos, y que presuntamente paga ambas cosas con las ingentes cantidades de dinero que ha conseguido como comisionista entre el gobierno que dirige su novia y la sanidad privada.

En un primer momento, Ayuso dio una rueda de prensa oficial mintiendo y diciendo que su pareja no había cometido ningún delito y que, de hecho, Hacienda le debía 600.000 euros a él. Esta falacia quedó rápidamente desmentida cuando el delincuente confesó serlo, pero eso no impidió que Ayuso y su entorno continuaran con su defensa en forma de ataque sin escrúpulos. Primero, Miguel Angel Rodríguez amenazó a la periodista de eldiario.es Esther Palomera con "triturar" a dicho medio y cerrarlo y después filtró varios medios de la derecha el bulo de que la Fiscalía de Madrid habría ofrecido un acuerdo a González Amador y éste habría sido frenado "desde arriba" por motivos políticos cuando, en realidad, era al revés; fue la pareja de Ayuso la que pidió el acuerdo para no entrar en la cárcel y nadie había frenado nada. Cuando el Fiscal General del Estado promovió la publicación de una nota de prensa para desmentir el bulo, la defensa de González Amador —y también el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que decidió unirse a la ofensiva— presentó una querella contra la fiscalía por revelación de secretos. La apertura de la investigación por parte del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz que conocimos ayer es exactamente lo que el delincuente que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid había pedido al alto tribunal y es el penúltimo acontecimiento de esta larga sucesión. Por supuesto, a la apertura de la investigación, le han sucedido las peticiones de dimisión por parte de la derecha y la extrema derecha política y mediática, así como por parte de los fiscales del sector conservador de la carrera.

No cabe duda de que estamos ante una operación clásica de lawfare lanzada por el entorno delincuencial de Isabel Díaz Ayuso

La línea editorial de este periódico es muy crítica con el PSOE, como ya saben nuestros lectores y lectoras. Pero, al mismo tiempo, Diario Red es un medio comprometido con la verdad y, en este caso, la verdad es evidente. No cabe duda de que estamos ante una operación clásica de lawfare, en este caso, contra nada menos que el Fiscal General del Estado y lanzada por el entorno delincuencial de Isabel Díaz Ayuso. Si alguien tiene alguna duda, le recomendamos leer el panegírico que ha escrito sobre el presidente de la Sala Segunda uno de los más ilustrados intelectuales orgánicos de la derecha: el periodista José Antonio Zarzalejos. Su artículo en El Confidencial se titula "Marchena se despide de ustedes con una decisión histórica", y su lectura no tiene desperdicio.

Como es evidente para cualquier demócrata, cuando un grupo de delincuentes —apoyados por el líder de la oposición, por la mayoría de los medios de la derecha y la extrema derecha y por el sector más reaccionario de la judicatura y de la carrera fiscal— intentan tumbar con bulos y lawfare nada menos que al máximo encargado de perseguir la delincuencia desde el Ministerio Público, lo que hay que hacer es cerrar filas con el segundo. Por desgracia, el PSOE nos ha puesto a todos mucho más difícil hacer esa defensa, toda vez que ha legitimado en numerosas ocasiones el lawfare —por parte de los mismos operadores golpistas— contra Podemos o el independentismo y encima ha entregado el Poder Judicial a la derecha en una de las decisiones estratégicas más suicidas de la última década. Es alarmante que Marchena se ponga del lado de un defraudador fiscal y de un intoxicador profesional y en contra del Fiscal General del Estado y está claro de qué lado hay que estar, pero no dirán ustedes que no les habíamos avisado.