A LA CAZA DEL CULPABLE
JUAN CARLOS ESCUDIER
Sin que la
inquietud por la súbita desaparición de los aviones que Isabel Díaz Ayuso había
fletado en China hace cuatro días cargados hasta los alerones de material
sanitario para combatir al coronavirus les haya hecho mella, políticos y medios
de comunicación han vuelto por donde solían, esto es a identificar sin ningún
género de dudas quienes son los responsables de que la pandemia se esté cebando
con España. La caza de culpables está en nuestro acervo común, justo a la lado
de la envidia, y se viene practicando en estos lares desde tiempo inmemorial.
Siempre es posible encontrar uno o varios culpables de que los planes no salgan
bien o, directamente, de que no existan ni planes. Cuando nos ponemos a dar
leña al mono, no hay maltrato animal ni Cristo que lo fundó.
Sobre la
propagación del virus ya se había apuntado a los objetivos con mira
telescópica, pero en estas últimas horas es cuando se ha desatado el fuego
graneado. En el paredón, lógicamente, está el Gobierno que, siempre, y esto no
es una ironía, lleva la culpa en el sueldo, pero los disparos se están cebando
con el director de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que
a principios de febrero era un "supermédico" que había vencido al
ébola y al zika, el hombre idóneo para llevar las riendas, y al que hoy, a
coro, se tilda de inepto y hasta de indecente, ya sea por no haber previsto la
ola de contagios en su bola de cristal epidemiológica o por ser un calzonazos
con bata y haberse cruzado de brazos ante la inacción del Ejecutivo. El pobre
no tiene escapatoria.
Desde hace días,
semanas incluso, se tenía claro por ciencia infusa que la rápida expansión del
bicho se había producido el día 8 de marzo gracias a las manifestaciones del
movimiento feminista que, para algunos, es otro virus igual de peligroso al que
hay que combatir. Se sugiere que, sin esas concentraciones, que debieron reunir
a unas 200.000 personas tirando por lo alto, ahora mismo no estaríamos
encabezando el ranking de víctimas mortales por lo que cabe presumir una responsabilidad
criminal de quienes no las impidieron. La teoría, que para los francotiradores
es una certeza, tendría el aval de una jueza que ha abierto diligencias contra
el delegado del Gobierno en Madrid por un presunto delito de lesiones por
imprudencia profesional. La magistrada se ha propuesto averiguar si era notorio
el riesgo sanitario, si se hizo algún advertencia de ello y si los superiores
del delegado, esto es, el Ejecutivo, conociendo el peligro gracias a un informe
del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, no hizo nada
para evitarlo. Las manifestaciones, al parecer, solo tuvieron lugar en Madrid
porque el resto de delegados del Gobierno ha escapado por el momento a la lupa
de gran aumento de la Justicia.
Medios y partidos, algunos
de ellos presentes en las marchas, saben la respuesta a todas estas cuestiones
desde el 9 de marzo. Así, han establecido que por motivos ideológicos y,
sabiendo de antemano que el virus que habitaba entre nosotros tenía
predilección por el color morado, el Gobierno alentó a las masas hacia el
matadero feminista de manera consciente y alevosa. El veredicto está más claro
que el agua: culpable, culpable y culpable.
A toro pasado se
hace difícil no reconocer la conveniencia de haber evitado este tipo de
concentraciones multitudinarias. Pero, puestos a cazar, cacemos todos ya que
sobran culpables en la sabana. A las mismas fuerzas políticas que eran
conscientes de lo escurridizo del virus no se les ocurrió dar la voz de alarma
ante las aglomeraciones masivas de personas en servicios que ellos mismos
controlaban, tal que los transportes urbanos, o si lo hicieron se abstuvieron
de reforzarlos para, al menos, evitar que la cercanía entre usuarios se midiera
como mucho en centímetros. Algunos de los que siguen pidiendo hoy el
confinamiento total se fueron en masa a Perpignan a rendir pleitesía al héroe
de Waterloo sin sentirse responsables haber podido contribuir a la expansión
del virus por Europa. Las preguntas se amontonan. ¿Solo hubo contagios en las
marchas feministas y no en los partidos de fútbol y acontecimientos deportivos
que se celebraron el mismo día 8 de marzo? ¿Es este un virus tan católico que
no aprovechó las misas, bodas y bautizos para infectar a los creyentes? ¿Se
abstuvo de acudir a lugares de ocio porque no marida bien con los gin tonics?
Los cazadores
profesionales, epidemiólogos vocacionales, tienen meridianamente claro que la
culpa de todo lo anterior es también del Gobierno y que los contagios masivos
se habrían podido evitar si el estado de alarma se hubiera decretado mucho
antes. Ahora bien, ¿qué se estaría diciendo si, tal que la última semana de
febrero, que es la que se maneja como clave en la expansión, se hubieran tomado
ya medidas de aislamiento social como las que vivimos actualmente pese a que en
ese momento el número de afectados y víctimas no era relevante? Pues que el
Gobierno sería culpable de hundir la economía a sabiendas y de llevar al país a
la ruina.
Son evidentes, por
otro lado, la responsabilidades del Ejecutivo en la carencia de medios de
protección y detección con la que los profesionales sanitarios se enfrentan a
la epidemia. Nadie entiende que no haya mascarillas, guantes, respiradores,
trajes, gorros o test suficientes, que el reparto se haga a cuentagotas y que
hayan tenido que pasar más de diez días hasta que se haya confirmado una compra
masiva a China de estos materiales. ¿Hubo imprevisión del Gobierno? Sin duda,
aunque pocos apuntan a que eran las comunidades autónomas quienes tenían las
competencias sanitarias, ordenaban las compras y decidían, en muchos casos, que
era mejor levantar una noria gigante en la ciudad que aumentar las plantillas
de médicos y enfermeras tras los recortes de la última crisis. Díaz Ayuso, con
esos aviones de China que no aparecen en el rádar, reconoce ahora que adquirir
estos productos no es sencillo ni para ella, que en lo de ir de tiendas nunca
tuvo rival.
Esas mismas
autonomías, gobernadas por partidos de distinto signo, también eran competentes
sobre las residencias de mayores, cuya gestión en muchos casos y para quitarse
a los viejos de encima, había sido puesta en manos privadas, pero no para que
obtuvieran beneficios sino para que se ejercitaran en el altruismo y la
filantropía. A esas mismas comunidades que tanto se escandalizan por las
muertes de ancianos era a quienes correspondía la inspección de estos centros
haber establecido a tiempo cordones sanitarios sobre sus usuarios, sabiendo de
antemano que eran la población más vulnerable.
El Gobierno es
culpable, inequívocamente. Y las autonomías. Y los políticos con anticuerpos
españoles contra los que un virus chino no tiene nada que hacer. Y los clubes
deportivos, que podían haberse negado mucho antes a poner en peligro a sus
jugadores y a sus aficiones. Y los curas por encomendarse a la Virgen y no
salir corriendo ellos y sus feligreses. Y los dueños de los bares y discotecas
que invitaban a la última. Y los empresarios que obligan a sus trabajadores a
seguir en el tajo a cuerpo gentil. Y los que se tomaron el virus a broma en un
primer momento porque era cosa de los asiáticos y de sus desayunos a base
murciélago. Y esos cabrones que se saltan el aislamiento y pasean al perro
hasta la provincia de al lado. Nos va a faltar banquillo cuando queramos
juzgarnos a todos.
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