La Diputación del Común contradice al Cabildo de Tenerife:
La Diputación del Común recomienda,
en una resolución de fecha 27 de diciembre de 2023, al Cabildo de Tenerife la
modificación de los requisitos exigidos para el acceso al Bono Residente
Canario y sus diversas modalidades, al considerar que, según la legislación
vigente y aplicable a dicho procedimiento, resultan discriminatorios contra las
personas migrantes que, con residencia en la isla, se encuentran en situación
administrativa irregular.
Desde que se aprobara la gratuidad del Bono Residente Canario a finales del año 2022, todas las personas empadronadas en Tenerife que contarán con un documento de identificación personal pudieron acceder al bono gratuito hasta finales de febrero del 2023. A partir de ese momento, la Dirección Insular de Movilidad modificó dicho criterio introduciendo el requisito de que las personas migrantes presentaran un permiso de residencia en vigor mediante una TIE. Además, según recoge la denuncia presentada por las entidades sociales con el acompañamiento de la abogada Loueila Mint El Mamy, el nuevo criterio de acceso no aclaraba “si es válido con la mera solicitud de una autorización de residencia, o con la documentación como solicitantes de protección internacional o con una estancia por estudios sin TIE, o con un resguardo de 6 meses porque no se pueda emitir una TIE, o con una cédula de inscripción, etc”.
La Asociación Social Solidaridad Venezuela y la
Fundación FÜNDEC, presentaron una queja en marzo pasado, ante el Diputado del
Común alegando arbitrariedad legal y dicriminación por razón de raza y
nacionalidad. En respuesta a dicha denuncia, la Diputación del Común ha reconocido
que el criterio del Cabildo de Tenerife que exigía, entre otros requisitos,
presentar permiso de residencia en vigor, constituye una violación del
“principio de igualdad de trato y discrimina a un colectivo especialmente
vulnerable.” Además, considera que el hecho de que en el resto de islas del
archipiélago no se aplique “el mismo criterio que el Cabildo de Tenerife”
podría suponer un agravio comparativo entre las personas residentes.
Una vez aceptada la resolución por parte del
Cabildo, en un plazo máximo de un mes y en cumplimiento del artículo 37.3 de la
Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común, cita la resolución, la
administración insular debe “comunicar al Diputado del Común las medidas
adoptadas en cumplimiento de la misma. En caso contrario, deberá motivarse el
rechazo de la recomendación”.
Por su parte, las entidades que han liderado
esta denuncia exigen:
1. Aplicación inmediata de
la resolución devolviendo a las personas migrantes afectadas el acceso
igualitario a la gratuidad del bono, a partir de este año.
2. Que se prevean las
medidas necesarias para la reparación del daño ocasionado por la discriminación
ejercida hacia las personas migrantes desde febrero de 2023.
3. Que el Cabildo de
Tenerife, las instituciones canarias y las del estado español pongan en marcha
las medidas más urgentes para luchar contra el racismo institucional.
Por último, las entidades alertan de la
urgencia de que esta recomendación de la Diputación del Común se aplique ya a
los acuerdos entre el gobierno estatal y el Gobierno de Canarias para este año,
señalando que las personas migrantes tienen derecho al bono de transporte
gratuito, acreditando, como cualquier vecina/o de la isla, su residencia a
través del certificado de empadronamiento.
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