martes, 11 de julio de 2017

PODEMOS DA UN ULTIMÁTUM DE 20 DÍAS PARA QUE ACABE LA CENSURA SOBRE TITULARIDAD DE PLACAS FOTOVOLTAICAS

PODEMOS DA UN ULTIMÁTUM DE 20 DÍAS PARA QUE ACABE LA CENSURA SOBRE TITULARIDAD DE PLACAS FOTOVOLTAICAS


  • SABATÉ EXPLICA QUE SU GRUPO HA ADVERTIDO QUE SI EN ESTE PLAZO NO SE FACILITA LA INFORMACIÓN QUE VIENE SOLICITANDO DESDE 2016, “INTERPONDREMOS RECURSO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES”.
  • El grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife ha requerido al pacto de Gobierno de CC-PSOE y, en particular, al consejero Antonio García Marichal (CC), que le facilite en el plazo máximo de 20 días la información que viene solicitando desde octubre de 2016 sobre las personas o entidades titulares de las 130 placas que componen la central fotovoltaica promovida en 2005 por el Instituto de Energías Renovables de Tenerife (ITER), dependiente de la institución insular, en el polígono industrial de Granadilla. Como explica el portavoz de este grupo político, Fernando Sabaté, en este requerimiento ya presentado vía registro insular “hemos hecho constar de forma clara que esta petición es el paso previo a la interposición de recurso contencioso administrativo por vulneración de derechos fundamentales de este grupo político”.

    Sabaté señala que éste es uno de los casos de censura que se ha encontrado el grupo Podemos desde su llegada a esta institución en mayo de 2015. E incide en lo llamativo que resulta el celo por mantener oculta la lista de titulares de estas placas. Y también “en la irrisoria excusa de que este gobierno que presume de transparente intente anteponer la Ley de Protección de Datos no solo a la propia Constitución y a la normativa sobre Transparencia y Buen Gobierno, sino a toda la jurisprudencia que deja claro que en casos como éste prevalece el derecho de acceso a la información de los cargos electos por el plus de responsabilidad que conlleva su encomienda de fiscalización y control de los acuerdos y resoluciones que se adoptan en las instituciones, organismos y empresas públicas”.

    Concreta que el 5 de octubre de 2016 el grupo Podemos requirió copia del expediente administrativo relativo a la calificación territorial de 130 placas fotovoltaicas autorizadas en el polígono industrial de Granadilla y el documento donde obren los titulares de esa central solar auspiciada por el ITER.  El 28 de noviembre de ese año, mucho después del plazo de cinco días que establece el Reglamento Orgánico Insular para facilitar la información requerida por los grupos de la oposición, se facilitó al grupo copia del acuerdo del consejo de Gobierno insular de octubre de 2005 por el que se otorgó la calificación territorial de esas placas. Pero, al mismo tiempo, prosigue, se aportó un escrito del gerente del ITER en el que se aclaraba que en este procedimiento “no medió licitación pública” y en el que se restringía el acceso a la lista de titulares alegando que “las personas físicas y razón social de las personas jurídicas propietarias de esa instalaciones están protegidas en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

    Tras consultar a sus servicios jurídicos, en enero de 2017 el grupo Podemos presentó otro escrito haciendo constar que seguía sin satisfacerse su derecho a obtener información sobre la titularidad de esas placas, que entendía que su solicitud quedaba estimada por silencio administrativo y que “un retraso injustificado pudiera vulnerar el derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución Española, lo que pudiera acarrear responsabilidad disciplinaria por obstrucción de este derecho constitucional, conforme a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Cabildos”. La respuesta de los responsables del ITER y del Gobierno insular, critica el portavoz de Podemos, “ha sido la callada por respuesta”. Recuerda que la formación también intentó levantar la censura sobre este asunto presentando escrito al Comisionado de Transparencia el pasado mes de mayo, “pero tampoco hemos obtenido respuesta”.

    “Va quedando claro que los responsables insulares pretenden que desistamos de esta petición por aburrimiento y, sobre todo, que quieren mantener estos datos fuera de nuestro alcance y del de la ciudadanía tinerfeña”. Sin embargo, matiza Sabaté, “como hemos reiterado públicamente en varias ocasiones en relación a éste y otros casos de censura insular, estamos dispuestos a llegar a los tribunales si es preciso para hacer valer nuestro derecho de acceso a la información y el deber de transparencia”. Como paso previo, agrega, “le hemos dado una última oportunidad al Gobierno insular con el citado requerimiento, documento en el que, además, le relacionamos a CC-PSOE toda la normativa, jurisprudencia e, incluso, un informe de la secretaría general del Cabildo que ampara nuestro derecho a obtener esa información”.




    Saludos, Blanca Salazar (629.14.60.34)
    Comunicación Podemos Cabildo Tenerife




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