lunes, 15 de febrero de 2016

[CANARIAS] ANTE EL DESALOJO DE 80 FAMILIAS

[CANARIAS] ANTE EL DESALOJO 
DE 80 FAMILIAS

POR FAGC
Es altamente sospechoso que el ayuntamiento, que conocía perfectamente las características de la edificación, haya estado 7 años inhibiéndose del tema y que justamente ahora, cuando el sector inmobiliario vuelve a repuntar, use la supuesta denuncia por ruidos de una vecina descontenta (que ya no vive en el edificio) como justificación de su reciente interés por el inmueble.

Ante el intento de desalojo de 80 familias en Sardina del Sur

La Federación Anarquista de Gran Canaria quiere dar a conocer este caso a la opinión pública que, a pesar de su gravedad, está siendo sumido en un silencio informativo, sobre todo en los medios de izquierda, que sólo puede deberse a la tergiversación mediática de la vieja política parlamentaria. Vamos a intentar arrojar luz sobre el asunto.

Antecedentes:

Unos 200 vecinos llevan viviendo desde hace más de un lustro en el edificio Brisas de Sardina, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). El constructor de la edificación (Construcciones Déniz Sánchez) cambió torpemente el proyecto antes de terminar la obra y por esta cuestión, meramente burocrática y de la que sólo es responsable el constructor, el edificio no cuenta con cédula de habitabilidad. El recinto, al que hemos acudido personalmente, reúne todas las condiciones higiénicas y estructurales para ser habitado, como recoge el mismo informe pericial arquitectónico de la constructora. Desde que entraron los vecinos han estado pagando su alquiler y todos cuentan con contratos y recibos que lo atestiguan.

Esta cuestión, exclusivamente administrativa, el Ayuntamiento de Santa Lucía, que lleva siendo gobernado por lo que ahora conocemos como Nueva Canarias desde hace más de 30 años (actualmente en tripartito con el PSOE y Canarias Decide [una coalición de Izquierda Unida, Los Verdes, Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana]), ¿cómo ha querido solucionarla? Intentando echar, por todos los medios posibles, a esas 80 familias, con más de 100 menores, a la calle. Pasamos a explicarlo.

El conflicto:

Después de incoar al constructor a que cumpla los trámites para obtener la cédula correspondiente y así puedan regularizarse los suministros eléctricos y acuíferos, lo lógico y razonable es que si el constructor se niega a hacerlo, o no puede, por hallarse en bancarrota, se busquen todas las soluciones políticas posibles para solucionarlo sin perjudicar a los vecinos. En vez de eso, un ayuntamiento que viene a representar a la gran mayoría de la izquierda institucional local, se decide a ordenarle al constructor, de forma completamente irregular, que él mismo desaloje el edificio. Así se le notificó en una nota emitida por el propio ayuntamiento el 28 de octubre de 2015, y posteriormente de forma directa a los vecinos, el 14 de diciembre; nota que ahora mismo tenemos delante.

Si el edificio no cuenta con un abastecimiento eléctrico reglado y tiene que valerse de un equipo electrógeno que le proporcione luz, lo natural es que esta corporación de “izquierdas”, tan “preocupada” por el “bienestar social”, hubiera habilitado ella misma un punto de luz cuyo consumo podrían costear los propios vecinos hasta que se arreglara el problema administrativo. En vez de eso es mucho más fácil y “socialmente comprometido” intentar echar a 80 familias a la calle, sin ofrecerles siquiera una alternativa habitacional.

Se habla del riesgo que supone dicho grupo electrógeno; supuestamente en la calle, sin más refugio que la intemperie, se está muchísimo más seguro.

Lo humano e inteligente hubiera sido hacer lo mismo con el agua, y garantizarles un suministro regular temporal que no obligara a los vecinos a abastecerse con cubas. En vez de eso se le ordenó al promotor, a golpe de decreto, que la cortara él mismo y, ante su negativa, se han enviado técnicos que han intentado hacer lo propio de forma extrajudicial.

Esto es muy significativo si recordamos que son estos partidos, de Nueva Canarias a Izquierda Unida, los que se llenan la boca hablando contra los desahucios, les ponen ojitos a las plataformas pro-vivienda y firman acuerdos para que supuestamente ninguna familia tenga que volver a sufrir un desalojo. Y hacen todo ello mientras intentan echar a 200 personas a la calle. Sí, es verdaderamente muy significativo si recordamos también que tanto Nueva Canarias como PSOE firmaron el año pasado un acuerdo sobre “pobreza energética” para que “ninguna familia se quedara sin suministro”. Ahora, no obstante, son estas mismas formaciones las que quieren dejar a 80 familias sin agua ni luz para que abandonen sus casas por su propio pie.

Esto, que supone un verdadero escándalo, hubiera sido portada de algunos de nuestros medios contra informativos. En vez de eso se usa al brazo demagógico del tripartito, Canarias Decide (en el municipio de Santa Lucía en gran parte fagocitada por Unidad del Pueblo), para que vomite comunicados, como el publicado en Canarias Semanal (28/1/2016), y que no tiene otra intención que amortiguar el ruido que pudieran provocar las protestas de los vecinos. La izquierda dinosaúrica mueve sus anquilosadas fauces para monopolizar el discurso e intentar crear una hegemonía informativa que silencie sus políticas anti populares.

A todas las irreguladades narradas se suman muchas otras. Podríamos hablar por ejemplo de las enormes dificultades que está presentando el ayuntamiento para que los vecinos del edificio Brisas de Sardina se empadronen. Cada vez que van a empadronarse les ponen infinidad de trabas, alegando que el edificio es “ilegal”. Estos funcionarios, torpemente teledirigidos, parecen olvidarse de que según su legislación empadronarse no es un privilegio o un derecho, sino un deber, una obligación que impone la administración para saber dónde reside cada ciudadano. Lo que la mayoría de nosotros nos vemos obligados a hacer aún sin querer, a estos vecinos se les impide. ¿Es este un recurso para negar que en el edificio viven más de 200 personas, para no tener que facilitarles suministros ningunos?

Detrás de tanta suciedad política, que raya la pura y dura prevaricación, se encuentra la alargada sombra de los intereses creados. Es altamente sospechoso que el ayuntamiento, que conocía perfectamente las características de la edificación, haya estado 7 años inhibiéndose del tema y que justamente ahora, cuando el sector inmobiliario vuelve a repuntar, use la supuesta denuncia por ruidos de una vecina descontenta (que ya no vive en el edificio) como justificación de su reciente interés por el inmueble. Sería muy triste ratificar que todo pudiera responder a una burda operación de especulación inmobiliaria, que todo fuera un intento de desalojar a los vecinos por vía administrativa, para ahorrarse un largo proceso judicial, y así poder dejarle el recinto, libre de cargas, a alguna entidad bancaria o financiera para que pueda proceder a su explotación. Por si acaso, y atendiendo a lo que empieza a comentarse por el municipio, lanzamos el aviso.

La respuesta:

Los vecinos de Brisas de Sardina no van a permitir que este abuso ocurra impunemente. Ya han constituido una plataforma de afectados y en breve una asociación de vecinos, han organizado movilizaciones y también demuestran su solidaridad implicándose en otros desahucios cercanos.

A todo esto se suma que un tribunal les ha dado provisionalmente la razón y que ha detenido el intento de desalojo y de corte de agua ordenado por el ayuntamiento. Sin embargo, es solo una batalla ganada en una guerra que se antoja larga.

Desde nuestra trinchera vamos a luchar para que se rompa el cerco informativo que rodea este caso, para hacer que la información transcienda del municipio, de la isla y llegue al resto del Estado. En breve los vecinos convocarán una rueda de prensa multitudinaria a la que esperamos que acudan todos los medios posibles. Allí, libres de prejuicios, podrán ver cómo se disuelven una a una las mentiras lanzadas desde el gobierno municipal.

Nosotros proponemos también que se elabore un comunicado de apoyo que obligue a todas las organizaciones populares a significarse: o están con la política institucional y sus intereses o están con el pueblo y sus necesidades. Es muy cómodo ir a las convocatorias de los vecinos y salir en la foto, pero el apoyo meramente personal no causa la misma presión que la colectiva. Si apoyan a los vecinos que lo demuestren de verdad, que se mojen ellos y también sus siglas. Esas son las que deben comprometerse, las que deben demostrar si están jugando con una baraja o con dos. La FAGC anuncia que firmará desde ya un comunicado que vaya en esa dirección.

A parte de eso, nos comprometemos a ayudar en todo lo que sea necesario a los vecinos. Esta lucha, por muchas connotaciones políticas y económicas que tenga, es, no lo olvidemos, inminentemente social. Y si no que se lo pregunten al centenar de menores que junto con sus padres corren el verdadero peligro de perder sus casas.

FAGC

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