RUIDO DE TOGAS
JAVIER VALENZUELA
El término inglés lawfare fue inventado
para aludir a lo que estamos viviendo en España, el intento de cambiar mediante
la acción de jueces y tribunales lo que ha decidido la mayoría de la ciudadanía
en las urnas
Descubren ahora no pocos de mis amigos
socialistas que una parte significativa del poder judicial del Reino de España
es políticamente muy militante y actúa sincronizada con la derecha política y
mediática. Ya no descartan que algún juez arbitrario pida la imputación del
presidente del Gobierno por un delito más fantasmal que una moneda de tres
euros, y que alguna sala insidiosa del Supremo tramite esa imputación, lo que
nos situaría en una crisis política sin precedentes. Bienvenidos a la realidad,
amigos.
El mito de la Transición ejemplar y la perfección de nuestra democracia se fue construyendo en la segunda mitad de los 1980, cuando sobre España llovió el dinero de Europa y se preparaban los fastos de 1992. Felipe González, que nunca había sido realmente de izquierdas, lo convirtió en dogma del PSOE.
La Transición fue fruto de una
correlación de fuerzas en la que los reformadores del franquismo seguían
conservando la amistad del dinero y el poder del Estado, y los demócratas
expresaban los sentimientos mayoritarios de la gente. No se pudo hacer otra
cosa, ciertamente, pero de ahí a considerarla excelsa, media un abismo
intelectual y moral. En cuanto a nuestra entrada en Europa, nos trajo
indudables ventajas económicas y ciudadanas. Entre las últimas, la casi imposibilidad
de un golpe de Estado militar.
Así que lo que vivimos ahora es el ruido
de togas. Muchos jueces han decidido salir del armario, confesar y practicar su
militancia política derechista y hasta ultraderechista y hacer todo lo que
puedan para que caiga lo antes posible el Gobierno de coalición progresista.
Les jalean con entusiasmo el PP y Vox y la inmensa mayoría de los grandes
medios de comunicación, de dueños tan conservadores ideológicamente como
neoliberales en lo relativo a la pasta.
El término inglés lawfare fue inventado,
precisamente, para aludir a lo que estamos viviendo en España y otros países
occidentales, el intento de cambiar mediante la acción de jueces y tribunales
lo que ha decidido la mayoría de la ciudadanía en las urnas. Es lo que padeció
el brasileño Lula a finales de la pasada década, por ejemplo. Pero hasta hace
bien poco los socialistas españoles negaban con indignación que algo semejante
pudiera ocurrir en España. No, dudar de la probidad de todos y cada uno de
nuestros togados era un grave pecado.
Este otoño, sin embargo, los socialistas están recibiendo un
cruel baño de realidad. La amnistía al procés aprobada por el
Parlamento no se aplica íntegramente porque muchos jueces la odian. El fiscal
general del Estado va p'alante por desmentir un
bulo del Rasputín de Ayuso. La mujer del presidente Sánchez padece lo que Josef
K, el protagonista de El proceso de Kafka. Y al
mismísimo Sánchez igual lo empuran por desacato o algo así por haberse negado a
responder -con todas las de la ley, cabe precisar- al interrogatorio de
Peinado.
No estoy diciendo que, siendo un partido de Gobierno, los
socialistas tendrían que haber puesto públicamente en cuestión la Transición,
la independencia de nuestros jueces y la calidad de nuestra democracia. No, lo
que estoy diciendo es que no tendrían que haber abandonado el juicio crítico de
la realidad -hay lo que hay, pero vamos a intentar mejorarlo- y jamás debieran
haber satanizado a los que advertíamos de que rey está
desnudo.
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