LO DEL PSOE CON LA
VIVIENDA ES UN ESCÁNDALO
Opinión de Ada Colau
Ya sea a nivel local, autonómico o
estatal, siempre ha ocurrido lo mismo: el PSOE ha actuado como partido de la
patronal inmobiliaria, legislando prácticamente igual que la derecha, facilitando
la especulación, impulsando la burbuja inmobiliaria que arruinó a cientos de
miles de familias
El PSOE sólo se ha movido parcialmente cuando fuertes movilizaciones ciudadanas han forzado un debate público (el movimiento vecinal, VdVivienda, la PAH, el 15M y ahora los sindicatos de inquilinas), o cuando han perdido apoyo electoral y se han visto obligados a gobernar en coalición con nuevas fuerzas políticas, como Unidas Podemos o Sumar. Y aun así, hoy Pedro Sánchez mantiene a una ministra de Vivienda que avergüenza a cualquier alma progresista que se crea mínimamente el derecho a la vivienda. Una ministra que ya debería estar cesada, tras afirmar que la emergencia habitacional en el alquiler se puede resolver apelando a “la solidaridad” de los propietarios y con unas pocas ayudas a los jóvenes que terminarán en manos de esos propietarios. Una ministra que no es una excepción, sino lo habitual entre las filas socialistas.
Hay que recordar que el propio Pedro
Sánchez se comprometió conmigo como Alcaldesa, en 2018, a regular los
alquileres, algo que nuestro espacio político impuso a continuación en el pacto
de coalición del PSOE con Unidas Podemos, pero que el mismo Sánchez retrasó
hasta mayo del 2023. Cinco años perdidos con los alquileres subiendo a lo loco,
con el también socialista y exalcalde de Barcelona, Joan Clos, presionando en
contra de la ley en su cargo de representante de las grandes inmobiliarias
españolas (ASVAL). La ley se acabó aprobando por la presión social y por
nuestra presencia en el gobierno, pero… el partido socialista se negó a incluir
en la regulación los alquileres de temporada, a pesar de que les avisamos en
privado y en público de que se convertiría en la puerta trasera por la que los
grandes propietarios evitarían aplicar la ley. Y así estamos, oh sorpresa, en
octubre de 2024 con el PSOE –nuevamente bajo presión social– diciendo que
quizás haya que hacer algo con los alquileres de temporada. Pero nada de
regular, ¿eh? Dicen que con un registro oficial obligatorio ya sería suficiente.
Seguro que la idea sale del mismo sector inmobiliario, porque así llevamos
décadas, con un partido socialista que dice que hará políticas de vivienda para
la gente, pero, al final… ¿dónde cae la bolita? Siempre a favor de los sectores
rentistas y especuladores.
Sin embargo, quiero continuar este artículo en positivo porque,
por mucho que se quiera silenciar desde las élites económicas y mediáticas, sí
se puede resolver el problema de la vivienda en España. Quiero reivindicar con
mucho orgullo las políticas de vivienda que impulsamos en Barcelona entre 2015
y 2023, y señalar que, si esas mismas políticas se escalaran a nivel autonómico
y estatal, estaríamos cerca de garantizar el derecho a la vivienda, tan bien
explicado en la sacrosanta Constitución y tan pisoteado por el PP y el
PSOE.
A pesar de que la mayoría del presupuesto y de competencias
legislativas y de creación de vivienda social son de las Comunidades Autónomas
y del Estado, en Barcelona demostramos que se podía hacer mucho más de lo que
nos habían dicho. Fuimos la primera administración en alertar de la burbuja del
alquiler y reclamar una regulación de los precios en 2016, pero no nos
limitamos a presionar al gobierno central. Aprendiendo de los movimientos
sociales y de otras experiencias internacionales, en 8 años no sólo logramos
casi doblar el parque público de vivienda que nos encontramos al llegar, sino
que cambiamos el paradigma de las políticas de vivienda.
Hicimos más vivienda social que Generalitat y Estado y nos
aseguramos de que nunca más se volvería a privatizar suelo municipal ni se
harían con dinero público viviendas en propiedad que luego han terminado en el
mercado especulativo. Innovamos e hicimos muchas políticas que, cuando las
reclamábamos desde el activismo, el PSC respondía que eran imposibles por
problemas competenciales o por viabilidad económica. Excusas que quedaron
desmentidas cuando hicimos realidad un servicio municipal de mediación que,
junto a los movimientos en los barrios, logró detener el desahucio del 90% de
los casos de familias vulnerables que se ponían en contacto con el
Ayuntamiento, negociando soluciones alternativas como un alquiler social. O
cuando, en 2015, no había una sola cooperativa en cesión de uso y sin embargo
hoy Barcelona lidera un acuerdo con la Federación de cooperativas que ha hecho
posible en 8 años más de 1.000 apartamentos en régimen cooperativo en cesión de
uso (los usuarios gozan de estabilidad, pagan una mensualidad parecida a un
alquiler, pero el suelo se mantiene público y no se puede especular con esas
viviendas). O cuando creamos un nuevo departamento municipal de disciplina
inmobiliaria para terminar con los abusos de los grandes propietarios. O cuando
cerramos miles de pisos turísticos para que volvieran a ser residenciales y nos
enfrentamos a Airbnb, algo que varias ciudades europeas acabaron imitando. O
cuando pusimos multas a inmobiliarias que cometían acoso contra los inquilinos
o practicaban desalojos ilegales. O cuando usamos la normativa urbanística para
tener preferencia en la compra de edificios en zonas céntricas y ampliar así el
parque público no sólo con construcción directa, que es muy lenta. O cuando
introducimos el concepto de corresponsabilidad del sector inmobiliario al
obligarles a ofertar un 30% de los pisos de nuevos edificios o rehabilitaciones
a un precio protegido, una medida que ahora los socialistas quieren desmontar
por presión del sector.
Si todas estas medidas, y muchas otras que no puedo detallar
aquí por motivos de espacio, se escalaran a nivel autonómico y estatal, el
sector especulativo recibiría el mensaje claro de que en España no se puede
especular de forma salvaje con la vivienda como se ha hecho hasta ahora.
Hoy el Alcalde socialista de Barcelona vive de rentas,
haciéndose fotos e inaugurando los pisos que nosotros dejamos en construcción.
Pero se negaba a aprobar una normativa urbanística que dejamos preparada para
evitar que los alquileres de temporada burlen la ley que regula los alquileres.
Por eso lo hemos recuperado como condición indispensable si quiere que votemos
a favor de sus presupuestos. Y así es el partido socialista: si lidera las
instituciones, se pliega a las élites para evitar conflictos con quien manda de
verdad. En cambio, si la correlación de fuerzas los sitúa como socio minoritario
de una coalición progresista, tal y como pasó en Barcelona los últimos dos
mandatos, se ven obligados a plantearse medidas reales para regular el mercado
de la vivienda. Y de fondo, la verdad más rotunda de todas: sólo si la sociedad
se moviliza, se puede confrontar el enorme negocio especulativo de este país.
Mucho de lo que hicimos en Barcelona nos provocó una guerra sucia de fakenews y lawfare contra
varias de nosotras. Pero por mucho que se inventaran que yo me había comprado
casas lujosas (aprovecho para recordar que no tengo ninguna propiedad, vivo de
alquiler en el mismo piso de siempre y he donado parte de mi sueldo todos estos
años), o que nos llevaran a declarar al juzgado con querellas que luego acaban
en nada, no titubeamos ni un segundo porque sabíamos que había un movimiento
ciudadano fuerte y movilizado para defender el derecho a la vivienda. Así que
larga vida a las manifestaciones que hemos visto crecer en los últimos meses, y
que sean muchas más.
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