¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LAS QUERELLAS CONTRA GUILLERMO ZAPATA Y FACU
DÍAZ?
Dignidad y Justicia
está inscrita como asociación cívico política.
Su presidente, Daniel Portero, se ha visto
envuelto en varias polémicas relacionadas con ETA y el entorno abertzale.
ANTONIO MAESTRE
El
archivo de la causa contra Guillermo Zapata por un posible delito de
humillación a las víctimas ha vuelto a dejar en evidencia la utilización
política de la Fiscalía para perseguir al adversario político. El durísimo auto
del juez Santiago Pedraz acusa a los demandantes de utilizar el “derecho penal
del enemigo”, una formula ideada por el jurista George Jakobs que denuncia la
existencia de dos marcos penales, uno para los ciudadanos y otro para los
enemigos, que sería usado por el Estado para perseguir a aquellos individuos
peligrosos para el sistema, no por lo que hacen, sino por lo que son. Pedraz
censura en el auto que la Fiscalía decida perseguir a Zapata estableciendo un
criterio discrecional.
“Lo que no puede hacerse
es perseguir solo a determinadas personas y no a otras (derecho penal del
enemigo) como parece acontecer en este caso, por cuanto tanto en la querella
como en las denuncias se hace constar que el Sr Zapata es concejal del
Ayuntamiento de Madrid De perseguirse tal conducta (obsérvese la pendiente
resbaladiza) habría que hacerlo respecto de todos los que han publicado
“chistes” similares en las redes sociales e Internet. Así, supuesto el caso de
que la presente causa “prosperara”, tras ello la Fiscalía (no se olvide que
este es un delito perseguible de oficio) habría de proceder a la búsqueda
intensiva en esas redes; para a continuación abrirse (en esta Audiencia
Nacional) las respectivas causas (miles) para cada uno de los autores” Santiago
Pedraz.
El escrito del juez Pedraz permite incidir en
una realidad preocupante en el Estado español, y es el uso de la Fiscalía y de
instrumentos asociados a una determinada doctrina ideológica para la
persecución de sus adversarios políticos. A ello se une un agravante: el uso e
instrumentalización de las víctimas del terrorismo para apuntalar una
cosmovisión sobre el conflicto vasco que les permita patrimonializar las
tragedias causadas durante años por la banda terrorista ETA. Los usos y
costumbres de determinadas asociaciones políticas como la Asociación Dignidad y
Justicia son un ejemplo paradigmático de esa instrumentalización del dolor de
las víctimas de ETA con motivaciones políticas.
Daniel Portero y la Asociación Dignidad y
Justicia
La demanda contra Guillermo Zapata fue
impulsada por la Asociación Dignidad y Justicia y Daniel Portero. Esta
organización también estaba detrás de la querella impuesta contra Facu Díaz por
su sketch sobre el PP en el programa La Tuerka News.
Daniel Portero es hijo del que fuera fiscal
jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, asesinado
por ETA el 9 de octubre del año 2000. Preside la Asociación Dignidad y
Justicia, nombrada entidad de utilidad pública en el año 2009. La asociación
fue registrada en el Ministerio de Interior en marzo de 2005 como entidad
cívico-política. A los tres meses de su constitución, Portero fue expulsado de
la Asociación de Víctimas del Terrorismo por desavenencias con Francisco
Alcaraz.
Desde sus inicios, Dignidad y Justicia se ha
visto envuelta en polémicas y en casi
todos los asuntos judiciales relacionados con el entorno de ETA y el mundo
abertzale. En febrero de 2006, su
presidente saltó a la fama por intentar brindar con una botella de sidra en la
puerta de la Audiencia Nacional para celebrar el suicidio del etarra Igor
Angulo en la prisión de Cuenca mientras se celebraba un juicio contra la banda
armada.
El uso político de las demandas por causas
relacionadas con ETA ha sido la línea a seguir por Daniel Portero en los 10
años de vida de la asociación. En julio de 2007 pidió dos años de cárcel para
el lehendakari Juan José Ibarretxe y para Patxi López por haber mantenido
conversaciones con miembros de Batasuna. Durante el proceso del medio de
comunicación Egunkaria, la asociación pidió 94 años de cárcel para los
directivos de este periódico. Un proceso que acabó con la libre absolución de
todos los encausados al considerar que el cierre del medio y las acusaciones
fueron infundadas.
Las actuaciones judiciales de Dignidad y
Justicia han sido puestas en cuestión en multitud de ocasiones por la
judicatura. En mayo de 2007, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusó a la
organización de Portero de “fraude de ley procesal” al presentar una querella contra el partido Acción
Nacionalista Vasca (ANV) en un juzgado de guardia y no en el de Baltasar
Garzón, que estaba instruyendo la causa contra esa formación. Sus encontronazos
con los magistrados que no son de su gusto político, llevaron a Daniel Portero,
a través de Dignidad y Justicia, a amenazar con una querella por prevaricación
a Santiago Pedraz por haber autorizado una manifestación en Bilbao en 2006 a
favor de la autodeterminación.
Portero siempre ha rechazado motivaciones
políticas a la hora de seleccionar las causas que lleva ante la Justicia, como
le insistió a Facu Díaz en presencia de Telemadrid a la salida de la Audiencia
Nacional con motivo de la demanda que le puso al humorista. A pesar de ello, el
texto que la asociación mandó a los medios de comunicación se encontraba en un
pdf que se titulaba “Demanda Podemos”, una actuación que se produjo sólo seis
meses antes de las elecciones municipales, comicios a los que Portero acudió en las listas del PP de Elorrio.
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