ESPAÑA TIENE
SU “LEY MORDAZA”
DIARIO LA
REPUBLICA
Este miércoles
entró en vigor en España la “Ley mordaza”, una polémica Ley de Seguridad
Ciudadana con la que el gobierno quiere regular las manifestaciones públicas.
La norma,
aprobada en diciembre pasado por el gobernante Partido Popular en solitario,
endurece y regula las condiciones para manifestarse, estableciendo multas que
varían desde los 100 a los 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de las
infracciones contempladas en la nueva ley.
Mientras que el
gobierno la defendió como necesaria, la oposición y diversos grupos sociales,
como Greenpeace o la organización No Somos Delito, la critican por considerarla
represiva.
Pero ni las
movilizaciones en contra ni los recursos ante el Tribunal Constitucional
lograron detenerla. De esta manera España gira cada vez más a la derecha y
busca caminos de control ciudadano que impiden la libertad de protesta de la
población.
LAS ACCIONES QUE PODRÁN SER
PENALIZADAS A PARTIR DE AYER SON:
Colgar en internet determinadas
fotografías de la policía en acción.
La nueva ley considera una falta
grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales de los miembros de
las fuerzas de seguridad que puedan poner en peligro su seguridad personal o la
de sus familias.
Los opositores de la ley defienden
la documentación en imágenes del comportamiento de la policía durante las
manifestaciones, algo que en el pasado ha permitido registrar casos de
brutalidad policial y ayudar a su proceso legal.
Las faltas graves tienen sanciones
de entre US$ 667 y US$ 33.300 (601 y 30.000 euros).
Dificultar operaciones
concentrándose frente a las casas de los afectados.
La norma castiga que se le impida a
cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento
de resoluciones administrativas o judiciales.
Impedir la ejecución de desahucios,
una práctica que se volvió popular entre los activistas en España durante la
crisis, también acarreará penas potenciales de entre US$ 667 y 33.300 (601 y
30.000 Euros).
Manifestarse frente al Congreso, el
Senado y los parlamentos autonómicos.
Según la nueva ley de seguridad, la
perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al
Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos también es una falta grave,
incluso si las asambleas no están reunidas en ese momento.
Los opositores de la ley cuestionan
qué es perturbar o no la seguridad ciudadana y quién lo decide.
En cualquier caso, si se considera
falta grave, se castigaría también con multas de entre US$ 667 y 33.300 (601 y
30.000 euros).
Desobedecer o resistirse a la
autoridad y no identificarse.
También entre las faltas graves que
contempla la nueva ley está la desobediencia o resistencia a la autoridad, así
como la negativa a identificarse cuando así lo requieran los agentes.
Además, podrán recibir multas
quienes no colaboren con las fuerzas de seguridad en la averiguación de delitos
o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad
ciudadana.
Protestar en edificios o monumentos
La nueva Ley de
Seguridad considera una falta leve escalar edificios o monumentos sin
autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a
los bienes.
Los opositores
de la ley, como la organización Greenpeace, conocida precisamente por este tipo
de protestas, critican que se considere una infracción sin necesidad de que se
produzca una alteración del orden público o daños a la seguridad ciudadana, ya
que teóricamente el mero riesgo es suficiente para aplicar el castigo.
Las sanciones
estipuladas para las faltas leves van de 100 a 600 euros, es decir de US$ 111 a
666 dólares.
Con la
aprobación de esta ley queda muy atrás una concepción retrógrada, con un sabor
a un neofranquismo que puede generalizarse en toda la región. Es así que queda
muy atrás una Europa que fue ejemplo en la difusión del pensamiento surgido de
la Revolución Francesa y que ahora acaricia fuertes señales del pensamiento de
derecha.
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