No queremos competencias, queremos soberanía
LUCY RODRÍGUEZ *
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TRAS UN LARGO periodo histórico caracterizado por una situación jurídica de
estatus colonial del Archipiélago canario (recordemos que en la Constitución de
1812, en su artículo 10, cuando se definen los territorios españoles de ambos
hemisferios, se dice: "Y las Canarias con las demás posesiones de
África"), posteriormente fuimos una región española, eso sí, cuidadosamente
enmarcada en un rectángulo bajo las islas Baleares y en mitad del Mediterráneo;
con la llegada de la "democracia burguesa" pasamos a constituir una
de las diecisiete comunidades autónomas del Estado español, para finalmente
acabar siendo una región ultraperiférica de la Unión Europea. Jamás ningún
Gobierno, ni español ni canario, ha preguntado a nuestro pueblo qué quiere ser.
Y, en la única ocasión que nos permitieron votar si entrar o no en una
organización internacional (la OTAN), hicieron justo lo contrario de lo que los
canarios y canarias votamos.
Todas las fórmulas político-jurídicas para definir Canarias no han pretendido otra cosa que hacernos olvidar un hecho fundamental: que somos una nación. Y a estos intentos no son ajenas las burguesías insulares y sus representantes políticos. En varios artículos he mencionado el espantoso ridículo protagonizado por el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, en su discurso del 30 de mayo de 2006, afirmando que Canarias es un archipiélago atlántico (obviedad), compuesto por tierra y por agua (si no no sería un archipiélago), y que, en consecuencia, teníamos derecho al control sobre las aguas interinsulares. Resulta como mínimo patético cuando es extremadamente fácil decir la verdad: que somos una nación y, en consecuencia, tenemos derecho a la soberanía sobre nuestro territorio, nuestras aguas y nuestro espacio aéreo.
Si realizáramos un balance, treinta años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, la cuenta de resultados para el pueblo canario sería espantosa:
Más del 31% de nuestra población activa se encuentra en situación de desempleo, unas 130.000 no cobran ya ningún tipo de prestaciones; en las estadísticas internacionales, avaladas por la Organización Internacional del Trabajo, por encima de esta cifra de desempleo solo se encuentran países en situaciones bélicas o recién salidos de las mismas y países africanos extremadamente pobres; Canarias ocupa el puesto número 18 a nivel mundial en el ranquin de desempleo (con cifras mayores se encuentran los siguientes países: Zimbabue, Nauru, Liberia, Burkina Faso, Turkmenistán, Yibuti, Namibia, Senegal, Nepal, Lesoto, Bosnia y Herzegovina, Haití, Kenia, Suazilandia, Yemen, Afganistán y Macedonia). Evidentemente, si hablamos del índice de desempleo juvenil las cifras aumentan hasta el 51%; salarios más bajos que la media del Estado español y jornadas laborales más largas, y el trabajo más precario.
Una de cada tres personas del Archipiélago vive bajo el umbral de la pobreza; los niveles de exclusión social aumentan día a día; el fracaso escolar es parte de la cotidianidad de nuestra juventud; los contenidos curriculares canarios en los distintos niveles educativos son papel mojado (jamás se les ha dotado de recursos); nuestra sanidad solo puede ser calificada de tercermundista, con largas listas de espera, trato discriminatorio para los contribuyentes en los servicios de salud privatizados. La aplicación de la ley de dependencia en nuestro país, Canarias, ha sido de chiste: antes de que se empezara a aplicar ya nos han quitado el presupuesto para la misma.
En cuanto al modelo de desarrollo (también es de risa llamarlo así), es un modelo absolutamente dependiente, centrado en intereses foráneos, ajenos a la nación, destructor de nuestros recursos naturales y medioambientales, que ha acabado con toda posibilidad de ejercer una mínima soberanía alimentaria. Y por si todo ello fuera poco, la inversión de los Presupuestos Generales del Estado español disminuye, año tras año, la inversión por habitante en Canarias respecto a la media del Estado. Este año los canarios y las canarias valemos la mitad que el resto de las personas que habitan en los territorios bajo dominio del reino de España.
Necesitaban que dependiéramos de todo y para todo de Europa, y lo han conseguido. No puedo recordar la de veces que he oído hablar de los africanos que emigraban clandestinamente, aún a costa de arriesgar la vida, deslumbrados por las imágenes de abundancia y riqueza que veían en nuestras cadenas televisivas; y mientras, ¿qué creen que estaba mirando la población de Canarias?: miraba hacia Europa, deslumbrada no solo por las cadenas televisivas, también por las subvenciones para grandes e innecesarias infraestructuras, que, sin embargo, no han acabado ni con el desempleo ni con la miseria de nuestro pueblo y, en cambio, han servido para aumentar la destrucción de nuestro entorno.
Treinta años después del Estatuto de Autonomía, Canarias no es una colonia a la antigua usanza. Es cierto que no existe un aparato colonial (ejército y aparato de ocupación especializado, diferencias entre nativos y colonos), pero eso responde solo y exclusivamente a que ya no lo necesitan. Los grandes aparatos de dominación hoy se llaman multinacionales, medios de comunicación y, cómo no, enseñanza, socialización. Todas las políticas desarrolladas en estos treinta años tienen un solo objetivo: hacernos sentir europeos de clase media, algo que ni somos ni seremos jamás.
Por ello, después de treinta años podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que, al menos en Canarias, el sistema de autonomía ha fracasado, como no podía ser de otra manera, ni que decir que mucho más nuestra incorporación a la Unión Europea, y que ahora lo que les queda a las instituciones canarias es gestionar las migajas que nos manden de Madrid, y para ello se recortan derechos a nuestros ciudadanos y ciudadanas, salarios a nuestros profesionales de las administraciones públicas (eso si nos quitan médicos y maestros y nos ponen policías; además de todos los que nos daban palos antes y ahora también los de la autonómica), y todo ello se hace en función de los intereses de los capitales financieros, que nada tienen que ver con los de la mayoría social de Canarias.
Si tuviéramos un Gobierno canario con dignidad diría que no gestiona la miseria ni recorta salarios ni aplica la reforma laboral ni sube impuestos que afecten a la cesta de la compra ni... Pero, como no lo tenemos, hay que evidenciar su ineficacia y su traición a Canarias. Ese mismo Paulino Rivero que ha recorrido todo tipo de pasillos españoles y europeos para mantener los privilegios y exenciones fiscales de la Reserva de Inversiones de Canarias (esa fórmula de evasión de capitales "made in Canarias"). No lo hemos visto hacer lo mismo para que se respeten los derechos sociales de la mayoría de la población del Archipiélago. Por el contrario, llama al "sacrificio público y privado". ¿Más sacrificio? Que se sacrifiquen los grandes capitales y la banca y todos los tiranos políticos que les rodean.
Las batallas que hoy debemos librar son más duras y complejas que nunca, porque, en primer lugar, debemos vencer nuestras propias resistencias ideológicas, lo que en el año 56 del pasado siglo ya definió Albert Memmi como complejo de colonizado.
Es el momento de ponernos de pie y decir de frente al Gobierno de Canarias y al Gobierno del reino de España que no nos valen sus miserias, sus limosnas. Que, treinta años después, nuestro pueblo sigue empobreciéndose y nuestros recursos siguen en sus manos. Que no queremos sus competencias, lo que queremos es soberanía; tenemos derecho a construir nuestra nación como cualquier pueblo del mundo. Nosotros, nosotras, sabemos dónde nuestro pueblo será más feliz: en una Canarias libre, en una Canarias socialista. A ese objetivo dedicaré hasta el último segundo de mi existencia.
* Coordinadora general de Intersindical Canaria
Todas las fórmulas político-jurídicas para definir Canarias no han pretendido otra cosa que hacernos olvidar un hecho fundamental: que somos una nación. Y a estos intentos no son ajenas las burguesías insulares y sus representantes políticos. En varios artículos he mencionado el espantoso ridículo protagonizado por el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, en su discurso del 30 de mayo de 2006, afirmando que Canarias es un archipiélago atlántico (obviedad), compuesto por tierra y por agua (si no no sería un archipiélago), y que, en consecuencia, teníamos derecho al control sobre las aguas interinsulares. Resulta como mínimo patético cuando es extremadamente fácil decir la verdad: que somos una nación y, en consecuencia, tenemos derecho a la soberanía sobre nuestro territorio, nuestras aguas y nuestro espacio aéreo.
Si realizáramos un balance, treinta años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, la cuenta de resultados para el pueblo canario sería espantosa:
Más del 31% de nuestra población activa se encuentra en situación de desempleo, unas 130.000 no cobran ya ningún tipo de prestaciones; en las estadísticas internacionales, avaladas por la Organización Internacional del Trabajo, por encima de esta cifra de desempleo solo se encuentran países en situaciones bélicas o recién salidos de las mismas y países africanos extremadamente pobres; Canarias ocupa el puesto número 18 a nivel mundial en el ranquin de desempleo (con cifras mayores se encuentran los siguientes países: Zimbabue, Nauru, Liberia, Burkina Faso, Turkmenistán, Yibuti, Namibia, Senegal, Nepal, Lesoto, Bosnia y Herzegovina, Haití, Kenia, Suazilandia, Yemen, Afganistán y Macedonia). Evidentemente, si hablamos del índice de desempleo juvenil las cifras aumentan hasta el 51%; salarios más bajos que la media del Estado español y jornadas laborales más largas, y el trabajo más precario.
Una de cada tres personas del Archipiélago vive bajo el umbral de la pobreza; los niveles de exclusión social aumentan día a día; el fracaso escolar es parte de la cotidianidad de nuestra juventud; los contenidos curriculares canarios en los distintos niveles educativos son papel mojado (jamás se les ha dotado de recursos); nuestra sanidad solo puede ser calificada de tercermundista, con largas listas de espera, trato discriminatorio para los contribuyentes en los servicios de salud privatizados. La aplicación de la ley de dependencia en nuestro país, Canarias, ha sido de chiste: antes de que se empezara a aplicar ya nos han quitado el presupuesto para la misma.
En cuanto al modelo de desarrollo (también es de risa llamarlo así), es un modelo absolutamente dependiente, centrado en intereses foráneos, ajenos a la nación, destructor de nuestros recursos naturales y medioambientales, que ha acabado con toda posibilidad de ejercer una mínima soberanía alimentaria. Y por si todo ello fuera poco, la inversión de los Presupuestos Generales del Estado español disminuye, año tras año, la inversión por habitante en Canarias respecto a la media del Estado. Este año los canarios y las canarias valemos la mitad que el resto de las personas que habitan en los territorios bajo dominio del reino de España.
Necesitaban que dependiéramos de todo y para todo de Europa, y lo han conseguido. No puedo recordar la de veces que he oído hablar de los africanos que emigraban clandestinamente, aún a costa de arriesgar la vida, deslumbrados por las imágenes de abundancia y riqueza que veían en nuestras cadenas televisivas; y mientras, ¿qué creen que estaba mirando la población de Canarias?: miraba hacia Europa, deslumbrada no solo por las cadenas televisivas, también por las subvenciones para grandes e innecesarias infraestructuras, que, sin embargo, no han acabado ni con el desempleo ni con la miseria de nuestro pueblo y, en cambio, han servido para aumentar la destrucción de nuestro entorno.
Treinta años después del Estatuto de Autonomía, Canarias no es una colonia a la antigua usanza. Es cierto que no existe un aparato colonial (ejército y aparato de ocupación especializado, diferencias entre nativos y colonos), pero eso responde solo y exclusivamente a que ya no lo necesitan. Los grandes aparatos de dominación hoy se llaman multinacionales, medios de comunicación y, cómo no, enseñanza, socialización. Todas las políticas desarrolladas en estos treinta años tienen un solo objetivo: hacernos sentir europeos de clase media, algo que ni somos ni seremos jamás.
Por ello, después de treinta años podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que, al menos en Canarias, el sistema de autonomía ha fracasado, como no podía ser de otra manera, ni que decir que mucho más nuestra incorporación a la Unión Europea, y que ahora lo que les queda a las instituciones canarias es gestionar las migajas que nos manden de Madrid, y para ello se recortan derechos a nuestros ciudadanos y ciudadanas, salarios a nuestros profesionales de las administraciones públicas (eso si nos quitan médicos y maestros y nos ponen policías; además de todos los que nos daban palos antes y ahora también los de la autonómica), y todo ello se hace en función de los intereses de los capitales financieros, que nada tienen que ver con los de la mayoría social de Canarias.
Si tuviéramos un Gobierno canario con dignidad diría que no gestiona la miseria ni recorta salarios ni aplica la reforma laboral ni sube impuestos que afecten a la cesta de la compra ni... Pero, como no lo tenemos, hay que evidenciar su ineficacia y su traición a Canarias. Ese mismo Paulino Rivero que ha recorrido todo tipo de pasillos españoles y europeos para mantener los privilegios y exenciones fiscales de la Reserva de Inversiones de Canarias (esa fórmula de evasión de capitales "made in Canarias"). No lo hemos visto hacer lo mismo para que se respeten los derechos sociales de la mayoría de la población del Archipiélago. Por el contrario, llama al "sacrificio público y privado". ¿Más sacrificio? Que se sacrifiquen los grandes capitales y la banca y todos los tiranos políticos que les rodean.
Las batallas que hoy debemos librar son más duras y complejas que nunca, porque, en primer lugar, debemos vencer nuestras propias resistencias ideológicas, lo que en el año 56 del pasado siglo ya definió Albert Memmi como complejo de colonizado.
Es el momento de ponernos de pie y decir de frente al Gobierno de Canarias y al Gobierno del reino de España que no nos valen sus miserias, sus limosnas. Que, treinta años después, nuestro pueblo sigue empobreciéndose y nuestros recursos siguen en sus manos. Que no queremos sus competencias, lo que queremos es soberanía; tenemos derecho a construir nuestra nación como cualquier pueblo del mundo. Nosotros, nosotras, sabemos dónde nuestro pueblo será más feliz: en una Canarias libre, en una Canarias socialista. A ese objetivo dedicaré hasta el último segundo de mi existencia.
* Coordinadora general de Intersindical Canaria
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