Nuevo plan antifraude: las deudas fiscales no
prescribirán
El Consejo de Ministros [ver referencias] ha aprobado hoy un
anteproyecto de ley en el que incluirá una serie de medidas antifraude, como la limitación
del uso de efectivo y obligará a personas
y empresas a informar de las cuentas y valores que tengan en
entidades financieras del extranjero, un delito que no prescribirá.
El Ejecutivo ha dado el visto bueno a un anteproyecto de ley de lucha
contra el fraude que incluye medidas adicionales para luchar contra los
defraudadores y la economía sumergida. "Establece medidas novedosas para
lograr cobrar al final las deudas tributarias defraudadas", ha señalado la
vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros.
El plan refuerza la lucha contra el
fraude en autónomos y cuentas exteriores. Como novedad, el anteproyecto fija
que "las deudas [de las cuentas y valores situados en el
extranjero] fiscales no prescribirán", ha resaltado la
vicepresidenta. Por tanto, el Ejectivo ha señalado que "las rentas
descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo
impositivo de entre los no prescritos".
Así, el Gobierno ha reforzado las medidas cautelares y pretende que los
defraudadores que no paguen a Hacienda se declaren no solventes o traten de
llevar a cabo un alzamiento de bienes para eludir su responsabilidad con
Hacienda. "Se fija la posibilidad de que la Agencia Tributaria tome medidas
cautelares para evitar que el deudor diga que no es solvente, explica Sáenz de
Santamaría.
Se limita el pago en efectivo
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, encargado de presentar el citado plan, ha explicado que una de las medidas pioneras es la limitación del uso de efectivo en pagos entre empresas y profesionales. Tanto el pagador como el receptor de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros podrán ser sancionados con multas del 25% del importe del pago hecho en efectivo, tal y como anunció el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, encargado de presentar el citado plan, ha explicado que una de las medidas pioneras es la limitación del uso de efectivo en pagos entre empresas y profesionales. Tanto el pagador como el receptor de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros podrán ser sancionados con multas del 25% del importe del pago hecho en efectivo, tal y como anunció el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Hacienda perdonará
la multa si se comunique el fraude a la Agencia Tributaria dentro de los tres
meses siguientes a la fecha del pago. "Se eximirá de sanción al
sujeto que voluntariamente comunique el pago en efectivo a la administración en
los tres meses de haberse producido el pago", ha detallado Montoro.
Asimismo, tanto pagador como receptor responderán de manera solidaria por la
multa del 25% y ésta no eximirá de otros delitos que puedan ser
detectados, como facturas falsas o rentas no declaradas.Esta obligación de información se extenderá a otros títulos,
valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio
de entidades, así como de seguros de vida o invalidez y bienes muebles e
inmuebles contratados con entidades establecidas en el extranjero. La limitación de los pagos en efectivo cuando el pagador sea un
particular no residente en España se fija en 15.000 euros, según ha
detallado Montoro.
Informar de las cuentas en el extranjero
El plan también prevé obligar a los ciudadanos a informar a los organismos tributarios de todas las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero. "Su incumplimiento conllevará una sanción específica. No prescribirán las cuentas descubiertas no declaradas y se imputarán al último periodo impositivo no prescrito. Asimismo, se adelanta el momento en que la Agencia Tributaria podrá adoptar medidas cautelares en casos de procedimientos tributarios y de delito fiscal", ha explicado Montoro.
El plan también prevé obligar a los ciudadanos a informar a los organismos tributarios de todas las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero. "Su incumplimiento conllevará una sanción específica. No prescribirán las cuentas descubiertas no declaradas y se imputarán al último periodo impositivo no prescrito. Asimismo, se adelanta el momento en que la Agencia Tributaria podrá adoptar medidas cautelares en casos de procedimientos tributarios y de delito fiscal", ha explicado Montoro.
Se acota el sistema de módulos
Otra de las medidas aprobadas por el Gobierno a la que se le da "un gran valor" es el establecimiento de la exclusión: se acota el sistema de módulos, que sólo operará para empresarios cuyo volumen de ingresos íntegros sea superior a 50.000 euros. Se establece la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares.
Otra de las medidas aprobadas por el Gobierno a la que se le da "un gran valor" es el establecimiento de la exclusión: se acota el sistema de módulos, que sólo operará para empresarios cuyo volumen de ingresos íntegros sea superior a 50.000 euros. Se establece la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares.
Además, se establecerá un régimen sancionador duro y estricto con el que se multará aquellas
actuaciones que eviten las acciones inspectoras, que en el caso de
particulares oscilará entre 1.000 y 100.000 euros, y en las empresas entre
3.000 y 600.000 euros.
Los artistas y las importaciones de Asia
serán vigilados más de cerca
El anteproycto de ley incluye otras disposiciones para completar el plan de lucha contra el fraude para 2012, con el que el Gobierno pretende recaudar 8.171 millones, según avanzaba el Gobierno esta mañana a primera hora (cantidad un 11,3% por debajo de los 9.209,77 millones de euros alcanzados en 2011, cuando se produjeron ingresos extraordinarios superiores a los mil millones).
El anteproycto de ley incluye otras disposiciones para completar el plan de lucha contra el fraude para 2012, con el que el Gobierno pretende recaudar 8.171 millones, según avanzaba el Gobierno esta mañana a primera hora (cantidad un 11,3% por debajo de los 9.209,77 millones de euros alcanzados en 2011, cuando se produjeron ingresos extraordinarios superiores a los mil millones).
Entre otras disposiciones, Hacienda pondrá en el punto de mira a artistas y
deportistas, a las importaciones procedentes de Asia y a las operaciones con
pago en metálico de elevado importe como objetivos prioritarios, según las
directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012 publicadas
en su día por el Gobierno.
Se hará "especial hincapié" en
las conductas fraudulentas que generan "alarma social". En este
contexto, perseguirá el empleo de facturas falsas para reducir el
pago de impuestos y los "entramados" societarios de
los que se sirven profesionales, artistas y deportistas "para deducirse,
indebidamente, sus gastos particulares".
"Serán objeto de atención
preferente aquellos profesionales que obtienen
ingresos no sometidos a retención a cuenta y aquellos que
incorporen como gastos de la actividad partidas que, en realidad, son gastos de
naturaleza personal", precisaba el Gobierno en sus directrices.
Será prioritaria la desarticulación de
circuitos de economía sumergida, que tendrán como objeto central elcontrol integral de las importaciones y venta de mercancías
procedentes de terceros países, especialmente de Asia, así como
el descubrimiento de arrendamientos no declarados de viviendas y
locales de negocio, fundamentalmente en polígonos industriales.
Para detectar estos arrendamientos,
Hacienda rastreará el consumo de energía para de localizar
inmuebles donde se pueden estar desarrollando actividades no declaradas, así
como los terminales de tarjetas de crédito para obtener la
relación de entidades que desvían parte de su facturación a otros terminales,
que incluso pueden encontrarse a nombre de terceros.
Dentro de la economía sumergida, los
planes de Hacienda priorizan también las emisiones de facturas falsas
irregulares, en especial, de los contribuyentes que tributen en
régimen de estimación objetiva, así como los tramos de fraude de IVA en
operaciones intracomunitarias (fraude carrusel).
El plan contempla también prestar
especial atención al comercio electrónico, con la finalidad de realizar un
análisis de los flujos financieros y reales de las empresas que operen en este
sector y detectar ventas ocultas no declaradas. Los
inspectores "pondrán el máximo empeño" en hacer aflorar rentas
ocultas en paraísos fiscales.
Dentro de la lucha contra el contrabando
y el blanqueo de capitales, será prioritaria la persecución
del contrabando de cigarrillos que experimenta actualmente un
"importante incremento" debido, entre otros factores, a la crisis
económica.
De acuerdo con este plan y para que la labor de la lucha contra el fraude
no sea inútil, Hacienda volcará sus esfuerzos en lograr que las deudas
tributarias sean ingresadas en las arcas públicas. "La Agencia Tributaria
está llamada a cumplir un importante papel en el proceso de consolidación
fiscal, necesario para sentar las bases de un crecimiento económico sólido y
estable, procurando mayores ingresos tributarios", se dice en el plan.
"Queremos evitar la economía sumergida, luchar contra el fraude y hacer
más eficaces las medidas que hemos adoptado hasta ahora", ha remachado
Montoro.
Potenciar el embargo preventivo
Para ello, la Agencia se propone aprovechar "al máximo" las posibilidades legales del embargo preventivo de bienes y derechos y las de aplicación de medidas de aseguramiento del pago de las responsabilidades derivadas del delito fiscal, "llegando incluso a solicitar el ingreso en prisión de quienes incumplan sus obligaciones de pago sin ser insolventes", y las dirigidas al especial seguimiento de la situación patrimonial de los deudores que, de forma recurrente, no pagan sus deudas.
Para ello, la Agencia se propone aprovechar "al máximo" las posibilidades legales del embargo preventivo de bienes y derechos y las de aplicación de medidas de aseguramiento del pago de las responsabilidades derivadas del delito fiscal, "llegando incluso a solicitar el ingreso en prisión de quienes incumplan sus obligaciones de pago sin ser insolventes", y las dirigidas al especial seguimiento de la situación patrimonial de los deudores que, de forma recurrente, no pagan sus deudas.
El nuevo plan de control tributario
facilitará también a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, y se pedirá información fiscal a los países que
antes eran considerados paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y las
Antillas holandesas, al tiempo que se impulsará la firma de nuevos
convenios para la erradicación de otros paraísos fiscales.
En materia de fiscalidad internacional,
Hacienda prestará especial atención a las personas que residen en España pero
localizan de manera ficticia su residencia fiscal en otros
países, sobre todo en territorios de baja tributación o paraísos fiscales,
con el propósito de eludir el pago de impuestos en España.
Asimismo, las operaciones de ingeniería
fiscal también estarán especialmente vigiladas. En concreto, se estrechará el
cerco sobre la acreditación indebida de gastos financieros,
sobre todo intragrupo, así como la compensación anticipada o
irregular de bases imponibles negativas generadas fuera de España.
La utilización de estructuras opacas y entramados societarios y el uso de
fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para desviar rentas
procedentes de actividades económicas serán otros aspectos que se controlarán.
Finalmente, y como consecuencia del
aumento de los concursos de acreedores derivados de la crisis económica, se
elaborará un plan específico para los deudores en proceso
concursal, que permita clasificarlos y priorizar aquellos que por el
importe de su deuda o especiales características requieran un mayor seguimiento.
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