LA JUSTICIA EN ESPAÑA: UN JUGUETE DE LA DERECHA ANTISISTEMA

 

LA JUSTICIA EN ESPAÑA: UN JUGUETE DE

 LA DERECHA ANTISISTEMA

ENRIQUE SANTIAGO ROMERO

Un juez mira la hora de su reloj, vestido con la toga negra que visten en las vistas orales. - EUROPA PRESS

El bloqueo por el Partido Popular, desde hace cuatro años, de la elección de un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene como finalidad mantener un control sobre el órgano de gobierno de un poder del Estado, que favorezca sus intereses políticos. No hay otra explicación a este flagrante incumplimiento de la ley y la Constitución, aunque intenten camuflar esta operación sediciosa con el falso argumento de defender la "independencia judicial", supuestamente amenazada cuando gobierna la izquierda -y en particular por este gobierno PSOE/Unidas Podemos- pero que sin embargo nunca estaría amenazada cuando gobierna la derecha. ¡Como si no hubieran puesto al frente de este CGPJ nombrado durante el gobierno de Rajoy, - que lleva nueve años en activo, cuatro sin mandato para ello-, a Lesmes, quien ocupó cargos políticos durante ocho años en los gobiernos de Aznar!

 

La independencia judicial en España es el resultado de un mandato legal contenido en la Constitución -art 117- y en la ley, y por ello no depende de la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, que si bien es el órgano que gobierna este poder del Estado, no tiene competencia alguna para impartir justicia.

 

La independencia judicial depende por tanto del ejercicio de la potestad jurisdiccional de forma independiente por jueces y magistrados. Depende de las condiciones en las que los jueces ponen las sentencias en cada Tribunal, de forma motivada -art 120.3 CE- y sin recibir presiones o interferencias.

 

En un Estado de Derecho todas tienen que cumplir la ley, personas, instituciones y partidos políticos. El principio de legalidad prevalece sobre la arbitrariedad, lo que implica que la ley solo pude cambiarse mediante los procedimientos legislativos previstos en la Constitución, y atendiendo a las mayorías parlamentarias, nunca mediante coacciones o presiones organizadas por minorías.

 

EL PP multiplica excusas espurias para continuar su incumplimiento de la ley y la Constitución iniciado hace casi 4 años. Tres veces en nuestra democracia ha habido bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y siempre ha sido el Partido Popular quien lo ha organizado. Es la única fuerza política que lo ha hecho. Por el contrario, mientras han existido gobiernos del PP todos los Consejos se han renovado en plazo y sin bloqueos de otros partidos, sin haber tardado en ningún caso más de tres meses en cumplirse el trámite.

 

El primero de los bloqueos a la renovación organizado por el PP duró nueve meses, entre noviembre de 1995 y junio de 1996, y solo cesaron en ese bloqueo tras su victoria electoral en las elecciones generales de 1996. El segundo bloqueo se organizó tras la victoria electoral del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, cuando el Partido Popular decidió que había que bloquear la renovación del Consejo del Poder Judicial de entonces, elegido por el Parlamento cuando ellos tenían mayoría absoluta. Su argumento: para el PP el resultado de las elecciones generales de marzo de 2004 no había sido legítimo. Aquel bloqueo duró veintidós meses, casi dos años. Pero nunca se había llegado a la actual situación de cuatro años de bloqueo, utilizando otra vez el Partido Popular el argumento de que el actual gobierno de coalición de España, sustentado por una mayoría parlamentaria estable y sin objeción alguna de los órganos del sistema electoral, no tiene legitimidad. Para el PP los únicos gobiernos legítimos son los que ellos conforman.

 

El mayor problema al que nos enfrentamos por esta actitud sediciosa del PP ya no es la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial, sino el sistemático incumplimiento de la ley y la Constitución por la derecha política y su falta de respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Por ello no puede aceptarse la inmensa coacción que supone exigir cambios en la forma de elección CGPJ como condición para que cese el incumplimiento del PP a la ley y a la Constitución. Mas aun cuando la actitud de incumplimiento de obligaciones legales se extiende a sectores conservadores del poder judicial, en aparente coordinación con el actual comportamiento antisistema de la derecha política.

 

El pasado día 13 de septiembre venció el plazo para la elección por el CGPJ de dos jueces del Tribunal Constitucional que deben sustituir a otros tantos que ya tienen su mandato vencido.

 

Un numero de vocales del Consejo, en su mayoría jueces, actúan coordinadamente como minoría de bloqueo con el resultado de incumplir la ley -aprobada, como todas, por el Legislativo- que obligaba a elegir antes del 13 de septiembre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional. Preguntado el vocal José María Macías, -juez en excedencia perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura- por este flagrante incumplimiento de la ley, lo calificó como "rebelión frente a la irresponsabilidad" del legislador (La Razón, 9 septiembre 2022). También el diario La Razón (26 de septiembre) informaba que los vocales "conservadores" -Olea, Llombart, Gerardo Martínez Tristán, entre otros- se oponían a nombrar los jueces del Tribunal Constitucional por discrepar de la reforma de la ley que les obligaba a hacerlo y considerarla inconstitucional. Es inaceptable que haya jueces que decidan respetar el principio de legalidad, cumplir la ley, solo cuando a ellos les parece bien la norma a aplicar. Es el mismo incumplimiento de la ley y la Constitución que hace el PP, en los mismos periodos y respecto a las mismas obligaciones de renovación de órganos, en un caso un órgano encargado de velar por la justicia, y en otro, encargado de velar por la legalidad constitucional.

 

Estamos ante un "golpe de Estado blando", perpetrado por la derecha política y judicial con el objetivo de mantener su control sobre la justicia, un poder del Estado que debería estar al margen  de estos comportamientos que tanto están degradando a nuestras instituciones. Es urgente que cese esta actitud sediciosa y coordinada para impedir la aplicación de la ley, para proceder de inmediato a renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional.

 

El procedimiento de renovación del Consejo que el PP se niega a respetar, es un sistema mixto - judicial y parlamentario- cuyas últimas modificaciones fueron propuestas por un ministro de Justicia de ese partido, el Sr Ruiz Gallardón, y aprobadas por la mayoría parlamentaria del Gobierno de Rajoy en el año 2013. Pudiendo entonces haber aprobado un cambio en el sistema de elección del CGPJ, el PP lo mantuvo y reforzó.

 

Aclaremos que no es cierto que el actual sistema de elección de los miembros del CGPJ prescinda de la participación de los jueces y juezas. Son las asociaciones judiciales las que recogen los avales imprescindibles para que cualquier juez o jueza pueda presentarse a ser elegido vocal del Consejo por las Cortes.

 

En el actual sistema son los jueces en ejercicio los únicos que pueden avalar a los jueces candidatos a ocupar la mayoría de las vocalías del CGPJ, doce de veinte, mientas que otros países, por ejemplo en la patria del Comisario Reynders, Bélgica, el Consejo Judicial está conformado por veintidós miembros, solo ocho de ellos magistrados, mientras que los catorce restantes se asigna entre representantes de la sociedad civil y catedráticos.

 

En el supuesto de que correspondiera la elección de la totalidad de vocales del CGPJ solo a los jueces, sistema defendido actualmente por el PP a pesar de no haber introducido ese sistema en la citada reforma del procedimiento que aprobó en 2013, muy probablemente estos vocales serían siempre mayoritariamente elegidos por el sector conservador -claramente decantado hacia una posición política- que representa la Asociación Profesional de la Magistratura y que actúa en el seno del CGPJ de forma organizada. Toda la prensa recoge abiertamente las reuniones de los vocales "propuestos por el PP" con carácter previo a cada reunión de órganos del CGPJ. (Por ejemplo, véase EL PAIS de 24 de septiembre). Las tendencias ideológicas mayoritarias de los jueces se desprenden de la afiliación a las asociaciones profesionales. Más de un 60% de los afiliados lo son a la Asociación Profesional de la Magistratura y le sigue la también conservadora Asociación Francisco de Victoria. La vinculación a una asociación profesional no tiene por qué suponer pérdida de independencia de los jueces, pero los expertos coinciden en que los miembros más politizados del Consejo siempre han sido los procedentes de la carrera judicial -doce-, y no los ocho juristas restantes, denominados "de reconocido prestigio".

 

El CGPJ no es más que el gobierno de un poder del Estado, con competencias constitucionales -art 122 CE- en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Sin capacidad alguna de indicar a los jueces como han de poner sus sentencias o influir en ellas. Pretender que no intervenga la soberanía popular para elegir el órgano de gobierno del Poder Judicial es equivalente a defender un modelo de Estado corporativo -ese era el modelo del fascismo italiano o del franquismo- donde en este caso sea únicamente un cuerpo de funcionarios del Estado el que elija a un poder del Estado. Eso no es democrático. El CGPJ es el gobierno de un poder de un Estado democrático, no es el órgano de representación profesional de los jueces y jueces. En una democracia es imposible concebir un mecanismo de elección del gobierno de un poder del Estado en el que no intervengan las instituciones de representación de la soberanía popular, el Congreso de los Diputados y el Senado en nuestro sistema constitucional.

 

El pasado jueves 29 de septiembre visitó España el Comisario de Justicia de la Unión Europea Sr Reynders, visita que se anunció con el objetivo de "mediar" entre el gobierno y el PP para conseguir la renovación del CGPJ. El Comisario Reynders, cuyo partido pertenece al Grupo Liberal del Parlamento Europeo, solo se reunió con un partido, el PP – al menos Unidas Podemos le solicito reunión, que no fue concedida-, y con dos de las cuatro asociaciones profesionales de jueces, las dos de tendencia conservadora.

 

Ante estos antecedentes no extraña que el Comisario mostrara permanente insistencia en proceder a la modificación del sistema de elección del CGPJ en los mismos términos que la exigencia coactiva que mantiene el Partido Popular: primero, acuerdo de modificación de la ley a su antojo, como condición para proceder después a cumplir con la Constitución y la norma en vigor y desbloquear la elección de un nuevo Consejo. El argumento del Comisario Reynders ya no era que la Unión Europea exigiera que los jueces fueran los que eligieran a los jueces, sino que era otra diferente institución, el Consejo de Europa, la que insiste en tal exigencia. Ni siquiera referenció un acuerdo de un órgano electivo del Consejo de Europa, sino que únicamente se refirió a resoluciones de un grupo de trabajo de expertos sobre medidas de combate a la corrupción, ni siquiera expertos en garantías de independencia judicial.

 

La realidad es que Europa asiste estupefacta al espectáculo de secuestro del CGPJ por parte del Partido Popular y a la nueva operación de bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional, solo comparable al afán de control de la justicia que muestran los gobiernos ultraderechistas de Polonia o Hungría. De persistir el PP en esta actitud antisistema, habrá que adoptar medidas de reforma legislativa, para que sea la mayoría parlamentaria elegida democráticamente la que impida, a través de la ley, que el PP pueda bloquear eternamente la aplicación de la norma constitucional.

 

Una posible opción para disminuir efectos perniciosos ante futuros bloqueos, es proceder a la reducción de las competencias del CGPJ a las exclusivamente previstas en el artículo 122.2 de la Constitución: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, trasladando el ejercicio de todas las demás que ahora tiene al Ministerio de Justicia,  así como las tres primeras cuando el mandato este vencido y su renovación demore un plazo razonable, por ejemplo tres meses, para su ejercicio por el Ministerio únicamente en caso de urgente necesidad solicitada por el CGPJ en funciones.

 

La Justicia en España es un servicio público poco eficaz, y no se conoce medida alguna para corregirlo por parte de un CGPJ que parece preocuparse únicamente, desde hace años, de los nombramientos en las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo, pero que se ocupa más bien poco de atender a la oficina judicial de los juzgados y tribunales de España o a los ciudadanos que demandan este imprescindible servicio.