JUDICIALIZADOS

JUDICIALIZADOS

JM AIZPURUA

La normalidad ciudadana ha sido alterada por el Poder Judicial, que ha tomado el protagonismo de la vida civil, poniendo en manos de personas-jueces, personas al fin y al cabo con sus sesgos y visiones, cuestiones que por su gravedad y la alarma ciudadana que provocan debieran tener otro ámbito de resolución mas global, mas participativo, mas social y menos reglado. La incapacidad del partido de gobierno y su deriva tancredista queriendo posponer su inevitable final, es la culpable por dejadez de todo este desconcierto social que vivimos.

Gobierno Catalán, jovencita de San Fermín, Bar de Altsasua, son tres hitos judiciales donde la normalidad ciudadana ha descarrilado a consecuencia de interpretaciones judiciales que se apartan del sentir popular y provocan un rechazo a una pieza básica del Estado democrático.

Un conocido juez madrileño, derechista, de servicio en Navarra ha dictado sentencia que pretende absolutoria y que ha sido contrarrestada, mal, por sus dos compañeros de tribunal con una de tipo Pilatos camuflando una violación como un abuso. Nada tengo que decir en el terreno judicial, pero si en el social.

Este caso en el que la tranquilidad de las mujeres que quieren salir de fiesta estaba en juego y la práctica machista se cuestionaba, ha sido desafortunadamente reventado por una actuación alejada de la realidad social.

Esos cinco enfermos sociales, han debido ser repudiados para siempre de una sociedad que en la protección a la mujer debe tener uno de sus principios básicos. Sus actos pervertidos, su asociación en manada, su estupidez supina, los convierten en desechos sociales, vergüenza generacional, peligro de conducta que debe erradicarse.

Aunque una mujer les pida de rodillas su actuación perversa, esta es objetivamente una perversión sexual, una brutalidad, una acción en contra de la dignidad de la mujer, que no tiene otra calificación, moral, social y jurídica que; violación. Pero violación colectiva, de género, a todas las mujeres que observan aterradas unas conductas masculinas de las que les será muy difícil alejarse cuando conozcan un hombre, y cuando piensen la nula protección que los sentenciadores les procurarían.

Esa niña de 18 años no tenía edad ni criterios para enfrentarse a estos temas. Meses antes era un menor de edad. Su inconsistencia vital debió ser tenida en cuenta por los jueces ante sus cinco agresores infranqueables para ella.

Y esto no lo han captado los juzgantes, cuyos enfoques dan vergüenza. Y su intento de buenismo puede venir condicionado por la presencia de un guardia civil en la manada.

¿Cómo es posible que un elemento con esas prácticas sexuales, y concepción social, haya pasado el filtro de ingreso al cuerpo?

Este caso solo se salva con una rectificación en apelación que dé garantías de seguridad a las mujeres en que estas conductas son aberraciones, que su práctica conlleva ejemplares castigos y que el Poder Judicial está de parte de la mujer en todas las ocasiones.

La cárcel no es el lugar adecuado para esa manada, que debe estar en un psiquiátrico donde traten de reintegrarlos a la sociedad con una reeducación que les permita percibir a las mujeres como seres humanos y crearles nuevos sentimientos de empatía.

Los guardias civiles que tienen madres e hijas tienen mucho que decir en este caso, y aún no hemos oído su voz clara, lejos de ese cobarde “respetamos todas las decisiones judiciales, aunque no nos gusten”, cheque en blanco para que errores judiciales no tengan reparación y monstruos sexuales sigan acechando en las esquinas.