PARA EL PAÍS, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO EXISTEN
CANAL
RED -- EDITORIAL
Asumir la omertá
corporativa del «perro no come perro», que obliga a los medios a no hablar
sobre los medios, produce razonamientos que difícilmente pueden calificarse de
«intelectuales» y que son pólvora mojada si lo que se pretende es defender el
sistema democrático de una forma mínimamente eficaz
Para el periódico El País, Vicente Vallés no existe. Ana Rosa Quintana no existe. Ana Terradillos no existe. Pedro J y su digital El Español no existen. El diario La Razón de Francisco Marhuenda no existe. El Mundo y el ABC no existen. Eduardo Inda y su web de noticias falsas OKdiario no existen. Federico Jiménez Losantos no existe y Carlos Herrera tampoco existe. Para El País, Antena3, Telecinco, Cuatro y La Sexta, Pablo Motos y Ferreras no existen. Para El País, las horas y horas de tertulias con mayoría de opinadores de derechas y de extrema derecha vertiendo ataques y odio contra el gobierno no existen. Para El País, incluso los durísimos artículos de Javier Cercas —en El País— contra la amnistía y contra Pedro Sánchez no existen.
Puede parecer una
afirmación exagerada que el principal rotativo del Grupo Prisa y periódico más
leído de España piense que todos esos conocidos actores mediáticos no existen,
pero sería todavía más difícil imaginar que —reconociendo su existencia— El
País piense que no tienen absolutamente nada que ver con la creación del
ambiente de opinión que hace posible la operación golpista por parte del bloque
reaccionario que estamos viendo en la judicatura, en boca de sus brazos
parlamentarios del PP y VOX y en las agresivas movilizaciones en la calle
(«Pedro Sánchez, hijo de puta» gritaban ayer los manifestantes del PP ante el
silencio cómplice de Feijóo en la Puerta del Sol). Y, sin embargo, su editorial
de ayer domingo nos enfrenta a esa imposible dicotomía: o El País piensa que
los actores mediáticos no existen o piensa que—existiendo— no tienen nada que
ver con lo que pasa.
Con palabras muy
duras, el periódico dirigido por Pepa Bueno reconoce, sí, que los manifestantes
más violentos, y también Vox, son actores con una responsabilidad relevante en
todo lo que está ocurriendo. «El acoso a las sedes del PSOE ha contado con la
presencia de ciudadanos anónimos alentados por miembros de Vox y con la
presencia de grupos neofascistas que han provocado altercados entre los
manifestantes y la policía antidisturbios», escribe en su editorial. El PP —por
supuesto— también sería un operador significativo para poder explicar lo que
pasa y así nos lo hace saber el editorial de El País cuando califica como
«preocupante» que se escuchen proclamas en las manifestaciones llamando a
Sánchez «dictador» porque «reproducen una música muy parecida a las
declaraciones de Isabel Díaz Ayuso», las cuales no han recibido, recuerdan,
«ninguna desautorización por parte de la dirección de Alberto Núñez Feijóo». El
editorial prosigue, advirtiendo de que, en democracia, «los discursos
políticos» tienen consecuencias, ya que «pueden alentar y legitimar la
polarización política y estados emocionales de fanatismo». En los siguientes
párrafos, el principal periódico de la progresía mediática no ahorra espacio a
la hora de profundizar en el señalamiento del discurso del PP como peligroso
para el sistema democrático e incluso da el paso de añadir al Poder Judicial
entre los actores políticos que tendrían alguna responsabilidad en la retórica
proto-golpista que estos días agita el debate público. «Su narrativa [la del
PP] rima con las declaraciones de un poder judicial con mandato caducado y con
una mayoría de jueces conservadores», llega a escribir El País hacia final de
la pieza.
A pesar de que es
absolutamente evidente que los operadores mediáticos son los actores políticos
e ideológicos más poderosos en cualquier democracia moderna —y a pesar de que
El País dice estar muy preocupado por la situación—, no hay rastro de ellos en
el artículo más importante con el que un periódico marca su análisis y su línea
política: el editorial
Lo que es imposible
encontrar en todo el editorial, sin embargo, es referencia alguna a la
responsabilidad de los actores mediáticos. A pesar de que todas las
televisiones privadas de máxima audiencia en nuestro país son propiedad de
grupos mediáticos derechistas, a pesar de que la progresía mediática solamente
cuenta con una radio —La SER— entre las más escuchadas de España, a pesar de
que solamente El País —de entre todos los periódicos más leídos en papel— se
sitúa por debajo del 6 de la escala ideológica del CIS, a pesar de que los
tertulianos de derechas y de extrema derecha son mayoría en prácticamente todos
los programas y a pesar de que los medios de comunicación están emitiendo
mensajes políticos permanentemente —a cada minuto de cada hora de cada día del
año— mientras que los portavoces políticos apenas consiguen meter de vez en
cuando una frase entrecomillada en la portada o un «total» de 15 segundos en la
televisión, a pesar de que es absolutamente evidente que los operadores
mediáticos son los actores políticos e ideológicos más poderosos en cualquier
democracia moderna —y a pesar de que El País dice estar muy preocupado por la
situación—, no hay rastro de ellos en el artículo más importante con el que un
periódico marca su análisis y su línea política: el editorial.
Como no puede ser
que El País piense que los actores mediáticos no existen o que piense que no tienen
nada que ver en todo lo que pasa, como ambas hipótesis son completamente
inverosímiles, no queda más remedio que resolver la imposible dicotomía como se
resuelven todas: mediante una tercera opción. Lo único que puede explicar esta
atronadora ausencia en el editorial de El País es que el periódico de Prisa,
sabiendo —por supuesto— que el poder mediático existe y que su influencia es
determinante, haya decidido voluntariamente no mencionarlo.
El problema de esa
decisión editorial, que es legítima, es que, cuando uno se deja fuera del
análisis a uno de los factores explicativos principales, el conjunto del
análisis se vuelve endeble y sus conclusiones automáticamente fallidas. Si El
País verdaderamente piensa que hay que acabar con la praxis política golpista
de los brazos parlamentario, judicial y callejero del bloque reaccionario,
entonces no puede —no debe— ocultar en sus análisis la responsabilidad —nuclear
e indispensable— del brazo mediático. Decía Gregorio Morán que El País fue el
principal «intelectual orgánico de la Transición». El problema es que asumir la
omertá corporativa del «perro no come perro», que obliga a los medios a no
hablar sobre los medios, produce razonamientos que difícilmente pueden
calificarse de «intelectuales» y que son pólvora mojada si lo que se pretende
es defender el sistema democrático de una forma mínimamente eficaz.
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