JUECES DE CACERÍA
JOAQUÍN URÍAS
Profesor de Derecho Constitucional y exletrado del
Tribunal Constitucional
El fiscal general del Estado, Álvaro
García Ortiz, en una imagen de
archivo.- Eduardo Parra / Europa Press
El
Tribunal Supremo ha salido de cacería. Esta vez van a por el fiscal general
del Estado. Ya conocemos la dinámica: el Partido Popular señala, los
jueces disparan y la prensa de derechas machaca. Ya andan diciendo los
opinadores conservadores que es inédito tener a un fiscal general investigado
por un delito. Y, sin embargo, cualquiera que conozca de cerca lo que está
sucediendo solo puede pensar que lo inédito es tener un poder judicial tan
politizado. Y con tan poco desapego a la ley y el derecho como para usarlos
constantemente con fines políticos.
La acusación en sí ya planteaba dudas: el Tribunal Supremo decidió investigar a Álvaro García Ortiz por si hubiera difundido mensajes privados de un ciudadano. Objetivamente no hay ningún indicio de que haya sucedido algo así; si hubiera pasado, es dudoso que fuera delito; y si lo fuera, nada sugiere que él sea el responsable.
No
es evidente que haya delito porque no está claro que los correos de un
abogado intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía sean, ni deban ser,
documentos reservados. En muchos países esas negociaciones son públicas e
incluso en el nuestro es difícil encontrar argumentos para defender su carácter
reservado, pues se negocia un acuerdo que van a ratificar los tribunales. En
este caso, además, parece que fue el propio abogado el que difundió en
primer lugar los correos que, en ese momento, habrían dejado de ser
privados.
Si
creyéramos, sin embargo, que aún lo eran y que se cometió un delito al
filtrarlos a la prensa, desde luego lo que no se conoce por ahora es ni el más
mínimo indicio de que el autor de tal filtración sea el propio fiscal general
del Estado.
No
hay, desde luego, indicios suficientes para iniciar una investigación contra
Álvaro García Ortiz. En el asunto no consta ni un solo dato
que sugiera su implicación en la filtración. Ni uno. Si en vez de ser fiscal
general del Estado nombrado por el Gobierno socialcomunista hubiera sido un
agente de Policía grabado en video agrediendo sin razón a un manifestante
indefenso, les aseguro que casi ningún juez de España vería indicios
suficientes para investigarlo por nada. Al fiscal comunista lo van a investigar
a ver si encuentran algo de qué acusarlo los mismos jueces que creen que nunca
hay bastantes pruebas para empezar a investigar a un policía... o a un
compañero.
El
propio presidente de la Sala segunda del Tribunal Supremo que ha abierto esta
investigación, don Manuel Marchena -al que algunos jueces llaman, no sé
con cuánto fundamento, el gran filtrador- ha reconocido en público a
veces que en su sala se filtran documentos reservados. Y nunca ha abierto
ninguna causa para investigar a nadie allí. Así que no es disparatado que la
ciudadanía piense que estamos ante una cacería política.
Por
si tuviéramos dudas, está semana el juez instructor designado por el Supremo se ha
descolgado con una medida inexplicable jurídicamente: ha
ordenado a la Guardia Civil incautar todos los dispositivos y todos los correos
de la Fiscalía general del Estado durante los últimos ocho meses.
Estamos
ante una de las medidas más disparatadas y desproporcionadas imaginables.
A pesar de que no hay indicios, el juez decide acceder no ya a los correos de
las horas o días en que se produjeron las filtraciones, sino a todo lo que se
ha hablado y discutido en la Fiscalía en los últimos meses. Durante doce horas
los agentes recopilaron todo tipo de material delicado que después se llevaron
para analizar. El instructor del Supremo va a tener así acceso a todas las
investigaciones del fiscal general de España, hasta a las más delicadas. A
todos sus documentos y mensajes fijando su estrategia en cualquier caso
judicial. A todas las pruebas, hasta las más sensibles, recabadas en todo tipo
de asuntos criminales. El perjuicio que se le puede hacer a la institución
es imprevisible... como si el objetivo del juez fuera no ya investigar una
filtración sino enterarse de todos los secretos de la Fiscalía en busca de
quién sabe qué. Un auténtico atentado a la separación de poderes que, como
todos los que cada vez con más frecuencia cometen nuestros jueces, va a quedar
impune.
A
la justicia se la suele representar como una señora con los ojos vendados. Se
supone que para no ver a quienes comparecen ante ella y tratarlos a todos por
igual. Esa idea le parecería ridícula a muchos jueces españoles: si no ven a
quien tiene delante, ¿cómo van a saber si es de los suyos? Para ellos no tiene
sentido disponer del terrible poder que el Estado de Derecho les otorga a los
magistrados si no pudieran utilizarlo para defender a los partidos políticos
con los que comulgan y atacar al resto.
La
falta de imparcialidad objetiva se está volviendo, por desgracia, una de las
señas de identidad de la Justicia española.
Nuestros jueces acceden a sus puestos demostrando exclusivamente que tienen muy
buena memoria. No sólo no se les exige ser capaces de aplicar sus conocimientos
en la práctica, sino que, sobre todo, no reciben ningún tipo de formación
acerca de cómo debe comportarse un juez democrático y de la importancia de
aparecer ante la sociedad como árbitros neutrales que aplican las normas con
imparcialidad.
A
su pésima formación en estos temas se suma ahora la poca vergüenza. La
rutina de centenares de jueces españoles incluye pasarse un rato por la mañana
en alguna red social, desde sus despachos, insultando al Gobierno, a los
progres y a cualquiera que no piense como ellos. Cuando se han desahogado
así, entran en sala y se disponen a impartir justicia, pretendiendo que creamos
que lo hacen con imparcialidad. Tuvieron el descaro de manifestarse,
vestidos con las togas que solo deben usar para su trabajo, contra una ley
demasiado conciliadora que discutía el Parlamento.
En
estas circunstancias a los profesores de Derecho cada vez nos cuesta más
trabajo explicar el sistema judicial español en el marco de la Constitución sin
caer en el terreno de la ficción. Es ridículo pensar que el juez que ve
terrorismo en empujar un carrito de aeropuerto si lo hace un independentista,
el que cada día inventa un delito nuevo contra la mujer del presidente del
Gobierno o el que incauta sin fundamento toda la documentación del fiscal
general del Estado actúan como jueces y no como soldados de una ideología
política.
El
acoso al fiscal general es solo la más reciente de sus cacerías políticas. Y
cuando los jueces salen de cacería lo mejor que hacen los inocentes y la ley es
esconderse. Porque van a por ellos.
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