LA PROMESA DE VIVIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO: HUMO Y PROPAGANDA ELECTORAL

LA PROMESA DE VIVIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO: HUMO Y PROPAGANDA ELECTORAL

JAIME CASTÁN

Se acercan las elecciones autonómicas y el Gobierno ya está en campaña electoral, anunciando medidas en este caso sobre un problema tan importante como es la vivienda. Sin embargo, no vamos a encontrarnos de su parte políticas estructurales que cuestionen la especulación urbanística y de los alquileres, ni los intereses de las grandes inmobiliarias, grandes tenedores de viviendas y de los bancos.

Estos días ya veíamos como la anunciada nueva Ley de Vivienda está lejos de recoger las demandas más sentidas de la población, así como de los sindicatos de inquilinos y plataformas anti desahucios. Y lejos, por lo tanto, de suponer un cambio significativo ante el grave problema estructural de la vivienda, cuyas consecuencias son miles de desahucios cada año, alquileres imposibles de pagar y jóvenes incapaces de poder independizarse y acceder a una vivienda digna, en un contexto agravado por el aumento de los precios y de precariedad laboral.

Este lunes, el presidente del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez, anunciaba la promesa de aumentar el parque público de vivienda del 3% al 20% en los próximos 20 años. Y como medida “estrella” para cumplir ese objetivo, anunciaba que se hará uso de las viviendas del “banco malo” de la Sareb, es decir, los pisos que el Estado tuvo que asumir desde 2020 como deuda pública como continuación del salvataje público a los bancos.

La gran estafa de la Sareb que nunca termina

Tras la crisis económica del 2008 y del “ladrillo”, la Sareb se creó para asumir activos tóxicos en manos de los bancos y una deuda que ascendía a miles de millones de euros. Estos activos eran inmuebles que las entidades bancarias se habían quedado ejecutando créditos impagados (algunas, sin terminar de construir), y por otra parte, créditos “tóxicos” o incobrables. El estado puso la mayor parte del dinero para la creación de la Sareb y el rescate de los bancos, pero se quedó con menos del 50% de la propiedad de la entidad. Esto cambió a partir de 2021, cuando la Comisión Europea obligó al Estado a asumir como propia esta deuda en sus datos de deuda pública y déficit. En 2023 estamos hablando de unos 26.500 millones en activos e inmobiliarios y casi 30.500 millones de deuda.

¿Pero qué ocurrió, en estos años, con todas esas viviendas que eran activos de los bancos traspasados a la Sareb? ¿Se pusieron a disposición social ya que habían sido “rescatadas” con dinero público? Nada parecido. Muchas de ellas se fueron vendiendo, y los fondos de inversión aprovecharon para comprarlas a precio de saldo. En 2022, el gobierno del PSOE entregó la gestión de la SAREB a fondos buitres, para que continuaran con ese proceso de venta de la propiedad pública.

De esta manera, las consecuencias de la crisis económica del 2008 y de la especulación bancaria se siguen pagando en la actualidad. El rescate a la banca a costa del dinero público costó decenas de miles de millones de euros públicos para salvar el negocio capitalista mientras millones de personas han sufrido y sufren despidos, desahucios y precariedad laboral.

PP y PSOE han sido los principales responsables de esta política y ahora, Pedro Sánchez, junto con la ayuda de Unidas Podemos y los ministros “comunistas”, continúa con ese legado con una ley de vivienda y unas promesas de vivienda pública que son un auténtico “brindis al sol”.

¿Por qué no son creíbles las promesas de Sánchez?

En primer lugar, porque cumplir con el objetivo de incrementar al 20% el parque público de vivienda supondría construir o adquirir alrededor de cuatro millones de viviendas, a un ritmo de 200.000 al año. Teniendo en cuenta que Catalunya es el territorio donde más vivienda pública se ha realizado en los últimos cuatro años, unas 15.000, 3.700 por año, parecen cifras difícilmente alcanzables bajo estos gobiernos.

Por otro lado, respecto a las viviendas de la Sareb, las plataformas de lucha por la vivienda desconfían del anuncio de Sánchez. Tal como recogía El Salto, la plataforma Plan Sareb “desconfía de un anuncio que califican de “electoralista”: “Primero, el Gobierno dijo que iban a ser 10.000 viviendas de la Sareb las que iban a utilizarse para alquiler social, luego fueron 15.000 y ahora son 50.000. Estamos acostumbrados a estos titulares. Van subiendo los números y entre medias no hay ninguna fiscalización, ningún plan de nadie que sepa dónde están esas viviendas. Básicamente pensamos que esto es un anuncio electoralista”.

Además, el anuncio por parte de Sánchez del uso de los pisos en manos de la Sareb, en concreto de unas posibles 50.000 viviendas, supone como decíamos, seguir asumiendo la deuda del negocio inmobiliario. Realmente más que poner a disposición vivienda pública, es una maniobra para reducir la deuda de miles de millones de la Sareb mediante la compra de esos pisos por parte de las comunidades autónomas. Pisos repartidos de forma desigual según los territorios, que ya estarían a disposición de ser vendidos o alquilados, pero a los que no se está dando salida en el mercado.

En realidad, estamos hablando de un paso más del rescate a bancos e inmobiliarias adornado con “discurso social” para la campaña electoral. De hecho, el paso de esas viviendas al parque público dependerá de que cada comunidad autónoma en cuestión acceda a esa transferencia.

Lejos de cuestionar la deuda pública generada por el rescate a la banca y la especulación inmobiliaria, lejos de expropiar pisos en desuso en manos precisamente de los bancos y fondos buitre, o de intervenir el mercado de los alquileres bajo control de los inquilinos. Nos encontramos una serie de medidas para mantener la situación de la vivienda en la misma precariedad y garantizar los intereses de los capitalistas que se lucran con ello.

Por otra parte, diferentes plataformas denuncian que no está claro qué tipo de pisos y viviendas hay realmente en manos de la Sareb, y la falta de transparencia en este ámbito es notoria. Y muchos apuntan a que, en realidad, la Sareb solo tiene unas 15.600 viviendas en las regiones tensionadas por los precios del alquiler (las grandes ciudades), mientras la mayoría de las propiedades se encuentran en ciudades pequeñas, muchas están sin terminar o están inhabitables.

Terminar con la irracionalidad capitalista de gente sin casa y casas sin gente

Para terminar con la situación de crisis de vivienda que ya es crónico, y se ha transformado en el único panorama posible para la juventud, es necesario tomar medidas radicales. No solo poner en disposición del parque publico la totalidad de viviendas de la Sareb, sino expropiar sin indemnización todas las propiedades vacías en manos de los bancos, que han sido rescatados con dinero público.

Al mismo tiempo, evaluar con vecinos y plataformas de inquilinos un plan de obras públicas para la construcción de viviendas y la ampliación del parqué publico de alquiler a precios realmente asequibles. Terminar con los desahucios y poner topes reales a los precios de los alquileres, son algunas medidas fundamentales. Claro que todo esto solo se podrá garantizar nacionalizando la banca, sin indemnización, una medida fundamental para terminar con la especulación financiera e inmobiliaria, de parte de entidades que se siguen enriqueciendo con dinero público.

La vivienda debería estar garantizada para toda la población, pero esto no es posible en este sistema capitalista que beneficia las ganancias de unos pocos a costa de la mayoría.