COLOCÓN ARMAMENTISTA
POR RAFAEL CID
Atribuyen sus
exégetas a Sócrates la idea de que la virtud se puede enseñar. Lo que podría
interpretarse como que las instituciones tendrían, entre otras misiones, la de
favorecer con su ejemplo esa disposición a lo que los antiguos denominaban el
summum bonum. Sin embargo, la realidad lo desmiente a diario. Son precisamente
esos organismos estatales, con su capacidad de altavoz, los que conspiran
contra cualquier principio mínimamente ético. Y lo hacen, además, confabulando
en sus fechorías a la población que depende de sus políticas. El último ejemplo
de esta deriva incívica lo acaba de ofrecer el gobierno socialista al aprobar
programas de compra de armamento hasta el año 2032 por una cuantía de 13.000
millones de euros.
Atrapados entre el
déficit y la bola de nieve de la deuda pública, durante la crisis muchos
Estados aplicaron severas medidas de restricción en el gasto e inversiones que
apenas distinguió entre el rango de los sectores afectados. Prácticamente no
hubo partida de los presupuestos que no se viera sometida a la purga necesaria
para establecer una cierta estabilidad económica y financiera. Desde la sanidad
a las pensiones pasando por las obras públicas y la contratación de
funcionarios, quien más quien menos tuvo su desplome. Hachazo en unos casos y
recortes menos drásticos en otros.
Pero como aún hay
clases, cuando lo peor del temporal hubo pasado, no todos los que habían hecho
sacrificios por la causa se vieron recompensados en idéntica medida. Hubo
contrarreformas que vinieron para quedarse, basta con ver lo que ha sucedido en
el plano laboral, las pensiones, etc., a pesar de la oleada de movilizaciones
ciudadanas desplegadas para su reversión. Mientras, por el contario, otros ni
siquiera han necesitado armar bronca para recobrar músculo. Las Fuerzas Armadas
pertenecen a este segundo estadio, como prueba la colosal inversión decidida
por la ministra de Defensa Margarita Robles a que hemos hecho referencia, la
mayor desd3 1997.
La conclusión obvia
de esta flagrante desigualdad es que algunos tienen mucha mayor influencia en
el ejecutivo que otros. El lobby del “pentagonismo español”, los grupos de
presión que tejen altos mandos del Ejército y las empresas armamentista,
nacionales y extranjeras, ganan con diferencia a las reclamaciones de la sociedad
civil, a pesar de que sus necesidades son infinitamente más acuciantes e
indispensables. Hasta el punto de instituir una disparidad humillante. Al mismo
tiempo en que Moncloa discute, porfía e incluso racanea a la hora de revertir
lo antes actuado regresivamente, se permite el dispendio de blindar un gasto en
armamento a lo largo de los próximos 18 años, comprometiendo en su ejecución a
los gobiernos que vengan.
No hay que
preguntar, como el Humpty Dumpty de Alicia a través del espejo, quién manda aquí.
No somos ilusos, estamos en el mundo realmente existente, y el ideal pacifista
a ultranza es un desiderátum, pero mientras la virtud no nos alcance no pasará
de ser solo eso, un hermoso deseo. Lo que pasa es que en nuestro caso la
discriminación (sociedad civil v.s. sociedad militar) se compadece mal con la
realidad de los hechos. Sin desconocer nuestra implicación en la OTAN (por obra
y gracia de aquel referéndum fake del felipismo), lo cierto y verdad es que no
existen riesgos evidentes sobre nuestra defensa por enemigos exteriores en el
marco de la geopolítica circundante. Es más, echando mano de la historia
reciente, podría decirse que lo reconocible es una tradición de neutralidad que
nos beneficia. España no intervino en ninguna de las dos guerras mundiales
habidas en el continente, si exceptuamos el denigrante capítulo de la División
Azul.
Por el contrario,
el país ha sido pródigo en conflictos y guerras civiles (desde las carlistas
hasta el Alzamiento de 1936). Es decir que la estirpe de ese magna
político-bélico-industrial tiene mucho que ver con los pronunciamientos
militares, vistos como el “enemigo interior”. En su ADN estás los cuartelazos,
asonadas, cruentas involuciones, y golpes de Estado, el último el 23-F de 1981.
Acciones todas ellas cometidas bajo el mismo espíritu de cuerpo que llevó
durante la transición de la dictadura a la democracia a perseguir, detener,
procesar y encarcelar a cuantos militares, con un talante menos pretoriano de
su función, osaron ponerse al servicio de la democracia, los derechos humanos y
las libertades. Como fue el caso de la Unión Militar Democrática (UMD), hoy tan
cínicamente laureada. Visto todo lo cual no parece que el enorme gasto
económico ahora devengado tenga que ver con su contribución al sumum bonum,
sino por la fuerza que dicho estamento ostenta en el conjunto del aparato del
Estado.
Con esos atributos,
la ministra portavoz Isabel Celaá y su colega Margarita Robles han ufanado que
los 13.000 millones destinados a la industria de la guerra son “gasto social”,
en desigual competencia con los gastos sociales avant la lettre que el gobierno
escatima concienzudamente. Lo que supone, en la práctica una fraudulenta e
inmoral transferencia de recursos. Los ciudadanos se verán obligados a
contribuir con sus impuestos a los beneficios de los consorcios armamentistas,
a la vez que la prioritaria reflotación del Estado de Bienestar en sus niveles
expoliados queda a la intemperie. Porque, según la prédica oficial, se crearán
unos 8.000 puestos de trabajo. Cosa seguramente cierta, pero de aquella manera,
como el negocio de la droga, la trata de personas o la venta de bombas y
fragatas a reconocidos regímenes criminales.
Llueve sobre
mojado. El dinero público destinado a Defensa ha sido y es un saco sin fondo.
Se nutre no solo de los fondos presupuestarios sino de otras partidas anexas
como los proyectos I+D del ministerio de Industria, con el evidente descalabro
de recursos civiles. La comparativa es apabullantes y dice mucho sobre el
favoritismo imperante. Con datos del Centre Delàs d´ Estudies per la Pau, las
asignaciones a I+D civil crecieron en el periodo 2017-2018 un 5,6%, frente al
47% de los de carácter militar. Es decir, 29 veces más que la investigación
energética, medioambiental y tecnológica, 13 más que la agraria, 11 más que la
oceanográfica y pesquera; y 2,5 más que la sanitaria. A lo que habría que sumar
los 1.080 millones de euros que representaron el pasado año las intervenciones
militares en el extranjero, computados por otro sistema pero igualmente pagados
por todos los contribuyentes.
Y mientras todo eso
se consuma como gasto social sin retorno social verdadero, la prensa informa
sobre la fuga de cerebros por falta de recursos e incentivos. La última baja
hasta ahora se ha producido en el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO). Uno de los referentes mundiales en la experimentación del
cáncer con ratones transgénicos y procesos inflamatorios, el austriaco Erwin
Wagner, acaba de dimitir por “falta de apoyos” para realizar su trabajo y habérsele
reducido el sueldo en un setenta por ciento. Ni era gasto social ni creaba
miles de empleos de armas tomar. Solo trabajaba por mejorar la vida de millones
de personas en todo el mundo.
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