CATEDRÁTICO DEL CALIMOCHO
Movimiento por la
Unidad
del Pueblo Canario
La evaluación continua es un derecho como el derecho a la libertad, a
la propiedad, a la seguridad social, a la educación, al disfrute, al tiempo
libre, a la salud, a la alimentación o a cualquier otro derecho humano. Nadie,
lógicamente, debe renunciar a ninguno de sus derechos, conseguidos hasta con
derramamiento de sangre, dándose la circunstancia de que el profesorado del “plan
Bolonia a la española” que, sin embargo, como profesores deberían dar ejemplo,
ofrece al alumnado la posibilidad de renunciar a su derecho a la evaluación
continua, siendo reprobable, tanto ética como profesionalmente, aquellos
profesores que incitan, pasiva o activamente, a sus alumnos a renunciar a un
derecho tan progresista como es la evaluación continua, probablemente el avance
más significativo, democrático y revolucionario de la moderna pedagogía, siendo
la propia administración la que sostiene en su legislación que: “La evaluación
continua permitirá contar, en cada momento, con una información general del
aprendizaje del alumnado, para facilitar la detección de dificultades, la
adecuación del proceso de enseñanza a sus necesidades, la orientación en sus
actitudes, pautas de trabajo y elecciones curriculares, el diseño de acciones
tutoriales y las mejoras necesarias en el proceso de enseñanza y de
aprendizaje”.
El profesorado del “plan Bolonia a la”, etc. no está para
disquisiciones teóricas sobre pedagogía, pues de las pocas cosas que ha
entendido del citado plan es que las clases presenciales comienzan a principios
de septiembre y finalizan antes del solsticio de verano, navidad para algunos,
que no constituye el pretendido semestre que pretenden vender, valga la
redundancia, sino apenas un trimestre igual que el otro que comienza en febrero
y finaliza en mayo, pues enero y junio son para exámenes, que siguen
constituyendo la única herramienta de evaluación de las universidades
franquistas españolas; compárese con las ocho (8) opciones de presentarse a los
exámenes que ofrecen las universidades italianas. Esa es una de las pocas cosas
que ha entendido dicho profesorado, junto con el ofrecimiento al alumnado de
renunciar al derecho a la evaluación continua, para escarnio de toda la
comunidad educativa y la sociedad que los financia, pues se evitan en sus
clases a un buen porcentaje del alumnado.
Las preocupaciones de este desmotivado profesorado discurren por otros
derroteros, menos vinculadas a “incomprensibles” disquisiciones pedagógicas
que a su promoción personal y prestigio social, en un claro insulto a
la inteligencia de ingenuos e ignorantados ciudadanos, que enfatizan con un
petulante: “Yo trabajo en la Universidaddd…” y que rematan algunos
privilegiados con el de “Yo soy catedrático de la Universidaddd…”, aunque sea
catedrático del calimocho, cargo para el que basta con ser especialista en eso,
en calimocho, pues no se accede al mismo mediante publicaciones internacionales
de alto factor de impacto, sino a través de maratonianas sesiones en la barra
de la cafetería, tabernas en general y sacristías en particular, kilómetros de
pasillo y vasallaje, mucho vasallaje, considerándose endémico el escandaloso
porcentaje de endogamia de las franquistas universidades, con su silencio
cómplice mantenido a base de prebendas, como la adjudicación de lujosas
viviendas gratuitas para los más grandes gerifaltes al servicio del régimen
ahora monárquico, otrora franquista e igual ambos de colonialistas, las
matrículas gratuitas para los retoños y retoñas, dicho sin segundas, los viajes
a ninguna parte sufragados con el dinero de los damnificados contribuyentes,
aunque ellos (y ellas) sostienen que los sufragó “La Facultaddd…”
Como ejemplo podemos comentar, siquiera sea someramente que, mientras
nuestros compatriotas se alimentan de los basureros, el insostenible capítulo
de gastos de las Universidades españolas en La Laguna y Las Palmas,
correspondiente al ejercicio del 2016, asciende en La Laguna a más de 137
millones de euros (€), de los cuales casi 115 millones son para gastos de
personal (diecinueve mil millones de pesetas), mientras que en Las Palmas los
gastos ascienden a 132 millones de €, más de 96 millones en gastos de personal
(probablemente por la menor experiencia en remunerar cargos), ambos procedentes
del erario público pues, hasta donde llega nuestro mejor conocimiento, nada
generan financieramente y que, sin embargo (de embargar), pretenden funcionar
como entidades privadas, cuyo paradigmático ejemplo es el rector de la
Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, que en públicas declaraciones
manifestó, casi antes de tomar posesión del cargo (buenas las hizo también como
delegado del gobierno metropolitano nombrado por el Partido Socialita Obrero
Español): “Me gustaría que el Parlamento dé a la ULL tanto cariñito como a las
privadas” y
cuya gestión del “cariñito” en la institución que gestiona debería ser
investigada por la Fiscalía anticorrupción, aunque como es sabido en esta
colonia no hay corrupción sino podredumbre.
Las universidades españolas en Canarias no representan los intereses
del pueblo canario, al que sistemáticamente le han dado la espalda, como lo
prueba el hecho de que en las mismas se dan clases de español, inglés, francés,
alemán, árabe, japonés, etc., y jamás han enseñado ni enseñarán nuestro idioma
ancestral, el wanche, lo que no va a ocurrir con las cada vez más próximas
Universidades de la República Democrática Federal Canaria que, obviamente, no
asumirá las consecuencias de la putrefacta administración colonial, incluido su
personal, dicho sin odio ni rencor y, mucho menos, envidia, las enfermedades de
la mente, sino desde nuestras profundas,
democráticas y dignificantes convicciones anticolonialistas.
Movimiento por la
Unidad
del Pueblo Canario
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